Tribunal de Bogotá dejó en firme por un año más la orden de captura contra Carlos Ramón González
El exdirector del Dapre se conectó desde Nicaragua con un defensor público asignado ese mismo día y la Sala Penal descartó todos sus argumentos.
La orden de captura contra Carlos Ramón González no se cayó. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la dejó en firme este jueves y la mantuvo viva un año más contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), procesado por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
González se conectó por video a la audiencia desde Nicaragua, el país donde está asilado desde 2024. Allí el Tribunal resolvió el recurso de apelación que había presentado su defensa contra la prórroga que pidió la Fiscalía General de la Nación en junio. Del otro lado de la pantalla, el exfuncionario apareció con un abogado que le habían asignado horas antes.
"No procede recurso alguno", dice la parte resolutiva de la providencia.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, asilado en Nicaragua desde 2024. Foto: Colprensa.
¿Por qué el Tribunal dejó en firme la orden de captura contra Carlos Ramón González?
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la orden de captura contra Carlos Ramón González porque el exdirector del Dapre nunca ha sido detenido y hoy vive en libertad en el país que le concedió asilo. El magistrado ponente fue Efraín Adolfo Bermúdez.
Sobre la situación real del procesado, la providencia dice que González Merchán "goza, a plenitud, de su libertad en el país que lo acogió en asilo". Ese es el argumento que sostiene todo lo demás. Sin captura no hay nada que revisar.
La defensa había pedido tumbar la prórroga con el argumento de que González está dispuesto a acudir a cualquier audiencia cuando lo citen, tal como ha venido haciéndolo por video. La Sala Penal desestimó ese planteamiento y confirmó la extensión.
La Fiscalía, mientras tanto, adelanta gestiones para que se reactive la circular roja de Interpol en su contra, que es la alerta internacional con la que un país le pide a los demás que ubiquen y detengan a alguien. Esa circular había sido revocada en abril.
¿Qué pasó con la medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre?
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá durante la audiencia por el caso Ungrd. Foto: Colprensa.
La Sala Penal se abstuvo de decidir sobre la prórroga de la medida de aseguramiento, que es la orden de mandar a alguien a la cárcel mientras lo juzgan, porque esa orden todavía no se ha ejecutado ni un solo día.
"Esta sala modificará la acción imputada en el sentido de confirmar únicamente la prórroga de la orden de captura librada en contra de Carlos Ramón González", dijo en la providencia el Tribunal. Acto seguido anunció que no se pronunciaría sobre la medida de aseguramiento.
Los magistrados sí reconocieron que tener encima una orden de detención le genera al procesado "intranquilidad y restricciones" para moverse en su vida personal, familiar y laboral. Esas cargas hay que soportarlas, concluyeron. La providencia agrega que esa situación "no equivale a privación efectiva de la libertad, que es, al final, el propósito de su imposición".
De ahí se desprende una consecuencia práctica: los términos de la medida de aseguramiento solo empezarán a correr el día en que González sea capturado. Hasta entonces no hay plazo que se venza ni prórroga que discutir.
¿Quién defiende a Carlos Ramón González y por qué se aplazó la audiencia?
La audiencia tuvo que reprogramarse porque Carlos Ramón González se quedó sin abogado de confianza, luego de que Iván Cancino, quien lo venía representando, asumiera el 7 de agosto de 2026 como ministro de Justicia del gobierno de Abelardo De La Espriella.
Para destrabar el trámite, el Tribunal le ordenó a la Defensoría del Pueblo adelantar la asignación de un defensor público. El abogado que le correspondió alcanzó a acompañarlo en la diligencia y, al terminar, le pidió que se contactara con él para coordinar los siguientes pasos del proceso penal.
Carlos Ramón González cuando era director del Dapre en el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa.
González, que fue director del partido Alianza Verde y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha sostenido desde el principio que es inocente. Ha calificado el proceso como una "incriminación política" y ha hablado de un supuesto montaje judicial en su contra.
Frente a eso, la Fiscalía ha respondido que el exfuncionario no ha presentado pruebas de esas denuncias. Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia han sostenido que González es requerido "por la presunta comisión de delitos de carácter común" y no por persecución política, que es justamente el argumento con el que Nicaragua le concedió el asilo.
¿De qué acusa la Fiscalía a Carlos Ramón González en el caso Ungrd?
La Fiscalía acusa a Carlos Ramón González de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos, tres delitos comunes por los que enfrenta juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el escrito de acusación, en septiembre de 2023 González habría ordenado la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y de $1.000 millones al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La intermediaria habría sido la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. La contraprestación, según el ente acusador, era que las reformas del gobierno de Gustavo Petro no se hundieran en el Congreso.
Carrotanques de La Guajira, el contrato de la Ungrd del que salieron los $4.000 millones. Foto: Colprensa.
El expediente ubica el origen de esa plata en un contrato de la Ungrd para comprar 40 carrotanques que iban a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. La acusación se apoya principalmente en los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien firmó un principio de oportunidad, el acuerdo con el que un implicado obtiene beneficios a cambio de delatar a otros.
Name y Calle permanecen detenidos de forma preventiva mientras avanzan sus procesos. La Corte Suprema todavía debe fijar la fecha de la audiencia preparatoria en el caso de González, la diligencia en la que se define qué pruebas entran al juicio.
