Oficial del Ejército se hizo la navidad otorgando permisos y fue condenado
La Justicia Penal Militar condenó a un oficial que se aprovechó de su rango para exigir dinero cambio de permisos navideños.
La Justicia Penal Militar confirmó que un oficial del Ejército Nacional fue judicializado y condenado por exigir dinero a un grupo de militares a cambio de permisos en las fiestas de finde año de 2025.
“Por el delito de concusión, el Juzgado 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenó a 60 meses de prisión a un subteniente del Ejército Nacional que exigió dinero a 39 soldados bajo la promesa de extender sus permisos navideños, pese a que estos ya contaban con autorización previa”, indicó la institución castrense.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2025, cuando el oficial, quien estaba adscrito al Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 23 ‘General Ramón Ospina’, en la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, hizo la petición.
En concreto, el oficial habría solicitado al grupo de soldados que prestaban su servicio militar obligatorio la suma de 50.000 pesos, a cada uno, argumentando que el dinero era necesario para autorizar y extender sus permisos navideños hasta el 2 de enero de 2026 y para la supuesta compra de anchetas.
¿Qué pasó en el proceso penal?
La Justicia Penal Militar y de Policía, que se encarga de investigar y juzgar las conductas irregulares de la Fuerza Pública como actos del servicio, estableció durante el proceso penal que los permisos ya habían sido previamente autorizados por el mando superior y que no estaban condicionados al pago de suma alguna.
Esta situación, que fue alertada por los investigadores, evidenció que el oficial recaudó de manera indebida un total de $ 1.950.000. “Como resultado del preacuerdo suscrito el 25 de agosto de 2026, entre la Fiscalía 2210 de Conocimiento Especializado y el procesado, el despacho judicial impuso una pena de 60 meses de prisión, multa equivalente a 33,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 41 meses".
En la sentencia también ordenó la separación definitiva de la Fuerza Pública y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena. Igualmente, estableció que la pena deberá cumplirse de forma efectiva, sin beneficios que permitan suspender su ejecución.
