La Fiscalía abre investigación por presuntas irregularidades que salpican a Juliana Guerrero
La Fiscalía investiga un presunto entramado de contratación que habría involucrado a empresarios de cuatro departamentos desde 2024.
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación para verificar las presuntas irregularidades en las que estarían involucradas Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana, Verónica Guerrero Jiménez. La decisión fue adoptada tras la información divulgada durante el pasado fin de semana sobre un supuesto entramado relacionado con contratación pública.
El ente investigador informó que las primeras diligencias ya fueron ordenadas y que el caso será asumido por la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.
Fiscalía ordenó las primeras diligencias
Como parte de la investigación, la Fiscalía dispuso el inicio de labores de policía judicial para recopilar elementos materiales probatorios y verificar la información conocida públicamente.
Las diligencias serán trasladadas a la Dirección Especializada contra la Corrupción, que continuará con el análisis del caso para determinar si existen fundamentos que permitan avanzar hacia una investigación penal formal. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre imputaciones, capturas o medidas judiciales relacionadas con este proceso.
¿Qué originó la investigación?
Las indagaciones surgieron a raíz de una publicación de la revista Semana, en la que se recopilan testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes de consignaciones bancarias.
De acuerdo con ese reporte, los hechos se habrían presentado durante el segundo semestre de 2024 y tendrían relación con empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes aseguraron haber tenido acercamientos con las hermanas Guerrero bajo la promesa de acceder a contratos con entidades del Estado.
Según los denunciantes, inicialmente debían cancelar un millón de pesos para una reunión. Posteriormente, presuntamente se les solicitaron 200 millones de pesos y el 10 % del valor de cada contrato que llegara a ser adjudicado.
La publicación también señala que parte de esos recursos habría sido entregada a través de David Trespalacios, persona cercana a las hermanas. Sin embargo, tras desacuerdos entre las partes, algunos pagos habrían sido consignados directamente a cuentas bancarias de Juliana y Verónica Guerrero.
Juliana Guerrero y Angie Rodríguez en medio de la polémica por presuntas irregularidades. Tomada de redes sociales
Empresarios denuncian pérdidas millonarias
Tres empresarios manifestaron haber entregado más de 600 millones de pesos sin que los contratos prometidos se concretaran ni les fueran reintegrados los recursos, según la publicación periodística.
Los documentos conocidos incluyen referencias a proyectos de acueducto en el departamento del Cesar, programas de mejoramiento de vivienda y procesos de contratación relacionados con los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, así como con la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
En las conversaciones citadas por el medio, las hermanas aseguraban, presuntamente, tener capacidad de interlocución con altos funcionarios del Gobierno nacional para facilitar la gestión de los proyectos.
Mencionan a Angie Rodríguez en las denuncias
La publicación también señala que en algunos chats aparecía la expresión "jefe de jefes", término que, según los denunciantes, era utilizado para hacer referencia al presidente Gustavo Petro con el propósito de transmitir confianza sobre el avance de los supuestos trámites.
El caso incluye además declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien en los últimos días reiteró públicamente sus denuncias sobre la presunta influencia de Juliana Guerrero en distintas dependencias del Gobierno nacional.
Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar, con base en las pruebas que se recauden, si existen méritos para avanzar con nuevas actuaciones judiciales.
