El contrato que puso en aprietos al alcalde Krasnov en Colombia

La Fiscalía General le imputó cargos, por presuntos hechos de corrupción en la suscripción de un contrato al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza. Los hechos, además, tenían que ver con un interés personal del mandatario.

Cuando Krasnov se posesionó como alcalde fue notificado de una demanda de nulidad a su elección; sin embargo, días después fue retirada dicha demanda y quien la interpuso fue vinculado a la administración municipal mediante prestación de servicios.

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“Con esta actuación fue vinculada laboralmente la persona que presentó una demanda de nulidad a la elección del mandatario y persuadida para que desistiera de sus pretensiones”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

Dos funcionarias de la Alcaldía de Tunja fueron imputadas junto al mandatario municipal por presunta corrupción en contratación. Fiscalía

De acuerdo con el material probatorio, se firmó inicialmente un contrato en febrero de 2024, por valor de $ 19.800.000, el cual no se ejecutó. Posteriormente, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios, a través de la empresa pública Ecovivienda, por $ 54.285.000.

Fue vinculada laboralmente la persona que presentó una demanda de nulidad a la elección del mandatario.

Fiscalía General de la Nación

“Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal. En la investigación se conoció que el mandatario presuntamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad”, explicó la Fiscalía.

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El alcalde de Tunja, quien continuará en el cargo hasta tanto no culmine y quede en firme el proceso penal, fue imputado como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo; mientras que a Sara Catalina Pedraza y a Luz Mila Acevedo Galán, les fueron formulados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice y coatura, respectivamente.

Por solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías les impuso a los procesados medidas no privativas de la libertad; sin embargo, para el caso del alcalde tiene restricción para no salir del país.