Golpe a la criminalidad: Estado ocupa 431 bienes de narcos y grupos armados
Las operaciones simultáneas impactaron directamente las finanzas de organizaciones dedicadas a diferentes delitos.
En el marco de la estrategia integral del Estado colombiano para golpear las economías ilícitas, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación materializaron la ocupación de 431 bienes pertenecientes a diversas organizaciones criminales y grupos armados organizados que operan en el país. Se trata de una de las ofensivas patrimoniales más contundentes de los últimos años, con un impacto económico estimado en $445.115 millones de pesos.
Las acciones se desarrollaron de manera simultánea a través de siete intervenciones operacionales de extinción del derecho de dominio, realizadas en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar.
Según las autoridades, los bienes estaban directamente vinculados a actividades criminales como narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y minería ilegal.
Los bienes incautados pasan a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Dijín
El mayor impacto se registró en Antioquia, donde en Medellín y los municipios de Amalfi, Campamento y Sabaneta se impusieron medidas cautelares sobre 264 bienes avaluados en cerca de $375.000 millones. Entre los activos incautados figuran fincas, casas, edificios, hoteles, vehículos, establecimientos comerciales, sociedades, títulos valores, además de 210 semovientes y seis equinos.
Estos bienes pertenecían a la red criminal liderada por alias “Horqueta”, cabecilla del Frente Mauricio del ELN, con fuerte injerencia en el nordeste antioqueño. De acuerdo con la investigación, esta estructura financiaba su accionar armado mediante la explotación ilícita de oro, utilizando maquinaria amarilla legalizada a través de sociedades mineras que servían como fachada.
Otra operación de alto impacto se realizó en Urabá y el Valle de Aburrá, donde fueron ocupados 81 bienes valorados en más de $23.000 millones, vinculados a alias “Cholo Banano”, señalado narcotraficante de cuarta generación al servicio del Clan del Golfo. Entre los activos figuran lotes, apartamentos, casas, sociedades, cuentas bancarias y vehículos utilizados para el lavado de capitales provenientes del narcotráfico.
Golpe a las disidencias
La ofensiva también golpeó a las disidencias de las Farc – Estado Mayor Central, con la ocupación de 13 bienes en Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, avaluados en más de $11.700 millones. Según las autoridades, estos predios funcionaban como laboratorios para el procesamiento de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armas e infraestructura logística.
Las ocupaciones golpean las finanzas de varias estructuras criminales del país. Dijín
En Pereira, Risaralda, se impusieron medidas cautelares sobre cinco bienes del núcleo familiar de alias “Viejo, May o Lalo”, cabecilla del Grupo Delictivo Organizado Cordillera, dedicado al microtráfico. La investigación reveló que la red distribuía estupefacientes cerca de colegios y zonas comerciales, afectando directamente a comunidades vulnerables.
En el Valle del Cauca y Quindío, se extinguió el dominio de 12 bienes asociados a la organización liderada por alias “Valentina”, presuntamente involucrada en un esquema transnacional de “pitufeo”, mediante el cual se recolectaban divisas en Estados Unidos para luego ingresarlas de forma fraccionada al sistema financiero colombiano.
Asimismo, en Antioquia y Cartagena, se ocuparon 19 bienes pertenecientes a cabecillas de La Oficina de Envigado, estructura criminal que, según la Policía, ejerce control sobre el 65% de los combos delincuenciales de Medellín.
Finalmente, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, se afectaron 37 bienes del Comando de Frontera, una disidencia armada que busca controlar el estratégico cañón de las Garrapatas, corredor clave para el narcotráfico hacia el Pacífico.
Todos los bienes incautados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Las autoridades destacaron que estas operaciones permiten asfixiar financieramente a las organizaciones criminales, interrumpiendo sus redes de lavado, logística y expansión territorial.
“La lucha contra el crimen no solo se da en el terreno armado, sino golpeando el corazón económico de las estructuras ilegales”, reiteró la Policía Nacional, al asegurar que esta ofensiva continuará como parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad ciudadana y territorial en el país.
