La crisis carcelaria en Colombia, una cadena perpetua

Jorge Enrique Ibáñez, magistrado ponente y presidente de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Institucionales en centros penitenciarios y carcelarios, tomó nuevas decisiones frente a la problemática que enfrenta la población privada de la libertad en el país.

El alto tribunal ordenó estructurar una política pública para garantizar los derechos de mujeres gestantes, madres lactantes, niños y niñas que conviven con ellas en los establecimientos penitenciarios, carcelarios y en centros de detención transitoria.

#Judicial | La Corte Constitucional reiteró que la crisis carcelaria en Colombia continúa sin soluciones.

Mediante una sentencia, el alto tribunal pidió garantizar la protección y el trato digno de mujeres gestantes, madres, además de niñas y niños que están en los centros… pic.twitter.com/sHFRauOIxO

— Minuto60 (@minuto60com) November 21, 2025

Sin embargo, estos no son los únicos problemas que enfrentan quienes se encuentran en centros penitenciarios y carcelarios del país. Minuto60 habló con la ONG Temblores, organización que actualmente hace parte de una comisión de la sociedad civil que le hace seguimiento a esta crisis.

Lina Zuleima Porras, investigadora del Observatorio de Violencia Institucional de la ONG Temblores, señaló que hay una grave crisis humanitaria en las cárceles del país que se viene enfrentando por los menos desde la década de los años 90, cuando este tema se declaró como Estado de Cosas Inconstitucionales por primera vez.

El tema de nuevo salió a relucir por cuenta de una invitación que hizo la Corte al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC para que desarrollen campañas permanentes de sensibilización dirigidas a toso el personal penitenciario y carcelario, “encaminadas a la protección de las prerrogativas de las mujeres gestantes, madres lactantes y niños y niñas en reclusión, siguiendo un enfoque de respeto y prevalencia de los derechos humanos”.

carcelarios y en centros de detención transitoria.

M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
Auto 1677 de 2025
Boletín: https://t.co/r86RTd0qD9

— Corte Constitucional (@CConstitucional) November 20, 2025

Este primer aspecto, según la investigadora de la ONG Temblores, es uno de los más complejos porque se trata de madres gestantes o con niñas y niños que permanecen junto a ellas en estos centros de reclusión.

“Las mujeres enfrentan muchas dificultades; por ejemplo, para acceder a elementos menstruales dignos. También dificultades para acceder a métodos anticonceptivos en sus visitas intimas exponiéndolas a quedar en embarazo y luego una dificultad para la maternidad en prisión”, señaló a Minuto60 la investigadora.

Añadió que hay dificultades para una alimentación adecuada tanto para las madres privadas de la libertad como para sus hijos, que se suman a una serie de problemáticas particulares que enfrentan las mujeres desde la celda.

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Hacinamiento carcelario y estructuras carcelarias

El más grave problema que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario en Colombia es el hacinamiento, que hasta la fecha es de 28.7 % con una sobrepoblación de por lo menos 23.323 personas privadas de la libertad, teniendo que hay cupo para 81.139 internos y actualmente hay una población de 104.462.

El tema de hacinamiento no es nuevo. Desde hace varias décadas se viene presentado un panorama desalentador en varias regiones del país, donde las personas privadas de la libertad tienen que dormir en celdas atiborradas o en los pasillos de las cárceles.

El hacinamiento carcelario es del 28.7 % con una sobrepoblación de por lo menos 23.323 personas privadas de la libertad

Fuente: Inpec, 20 de noviembre de 2025

“Falta una infraestructura adecuada, acceso a agua potable en muchas cárceles, acceso a lugares dignos de reclusión, lugares donde puedan estar con un mínimo de dignidad. El acceso a la salud, especialmente para las mujeres es muy limitado que a veces se enfrentan a contagio de enfermedades que no son detectadas a tiempo”, explicó, a Minuto60, Lina Porras de la ONG Temblores.

Agregó que el panorama en las cárceles de hombres es muy similar, con una infraestructura deficiente, con problemas de salud y una jerarquización que se ha dado dentro de las cárceles, asociados a casos de corrupción institucional.

“No hay una suficiente resocialización dentro de las cárceles, que es el objetivo principal”, explicó la investigadora, quien agregó que no hay oportunidades para desarrollo de actividades que ayuden en la resocialización.

La política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad.

Corte Constitucional

Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía

En los últimos años la Defensoría del Pueblo, Personerías e instituciones llamadas a ser garantes de la ciudadanía y defensoras de los derechos humanos, han advertido que tanto en las Unidades de Reacción Inmediata como en estaciones de policía se viene presentando un problema de hacinamiento.

A lo anterior, se suma que la Corte Constitucional ha hecho llamados con relación a la privación de personas en estos lugares que deben ser transitorios; es decir, una persona no debe permanecer más de 36 horas en estos lugares, pero la realidad muestra que hay quienes llevan incluso años privados de la libertad.

“Hay un tema que empeoró desde la pandemia (…) en las cárceles ya no estaban recibiendo a las personas, esto se descontroló y trasladó el problema a las estaciones de policía. Aquí no solo hemos encontrado personas sindicadas, sino que también hemos encontrado el caso de personas condenadas que no han sido trasladas a un centro carcelario”, sostuvo la investigadora de Temblores.

Añadió que en materia de acceso a la justicia también es difícil la situación de algunas personas privadas de la libertad porque estando sindicadas sus casos se han demorado hasta cuatro años para que avancen y en otros casos no pueden descontar condena por trabajo y no pueden tener visitas familiares dignas.  

Hemos encontrado el caso de personas condenadas que no han sido trasladas a un centro carcelario.

ONG Temblores

¿Hay soluciones a la vista?

Desde la ONG Temblores, la investigadora Lina Zuleima Porras advierte que además de mejoras en la infraestructura y mejoramiento de las condiciones alimentarias se debe centrar la problemática en “medidas alternativas a la privación de la libertad” y en la ley de utilidad pública donde “se permite que mujeres cabeza de hogar en condición de marginalidad que hayan cometido delitos menores cumplan su condena prestando un servicio social a la comunidad”.

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La Corte Constitucional reiteró la existencia del estado de cosas contrario a la Constitución indicando que la política criminal colombiana ha sido “reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad”.

Finalmente señaló que el Gobierno Nacional debía identificar técnicamente las condiciones mínimas de la vida digna en reclusión y fijó los presupuestos necesarios para entender superado el fenómeno y delineó una estrategia de seguimiento.