Fiscalía imputó cargos a ex director de Función Pública por caso Ungrd

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, César Augusto Manrique Soacha, el ex director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) habría recibido $ 3.000 millones en coimas por la asignación del contrato de 40 carrotanques en La Guajira.

Por esta razón, le imputó varios delitos ante una juez de garantías de Bogotá. Pero Manrique no estuvo solo en la audiencia de imputación. La Fiscalía también involucró en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) a Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratista de la Ungrd.

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También fue imputado el representante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro, y su jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la dirección del DAFP Jorge Aristizábal Rodríguez, así como el contratista de la UNGRD, Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

Según el ente investigador, “entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, facilitó y gestionó la entrega de $ 100.000 millones de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7 %”.

Por esa razón, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia les imputó los delitos de delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Todo, según la función y el cargo que tenía cada uno de los ocho implicados en este caso.

Ninguno de ellos aceptó los cargos pese a su relación con los contratos para la compra de 40 carrotanques pequeños, la entrega de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de los mismos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El entramado de los carrotanques

La Fiscalía logró comprobar que, en este entramado, el entonces subdirector de riesgo de la Ungrd Luis Carlos Barreto Gantiva, quien ya fue judicializado, acudió al abogado Édgar Riveros Rey para que seleccionara a las empresas y personas a quienes invitarían al proceso de licitación de los contratos, así como para que asignara quién debía ganar cada proceso.

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Por su parte, Romero Hernández y Cárdenas Angulo ajustaron los términos de las convocatorias, es decir, los términos jurídicos, técnicos y financieros que debían cumplir las empresas interesadas para ganar las licitaciones del caso. Además, para favorecer a sus contratistas, les entregaron información reservada.

Así mismo, Édgar Echeverri, el representante legal de la Corporación Yapurutú y su jefe de ventas, Javier Estupiñán, se presentaron a la licitación de los 40 carrotanques con una propuesta que incluía sobrecostos y documentos privados falsificados. Además, solicitaron el desembolso del valor del contrato antes de entregar los vehículos y de pagar las coimas.

Finalmente, la Fiscalía señaló que el suministro de los carrotanques presentó un sobrecosto de $ 13.164 millones. De este dinero, se entregó una coima de $ 3.000 millones a Manrique Soacha, mediante consignación bancaria a Édgar Riveros, al tiempo que se consolidó un peculado en favor del mismo abogado por $ 2.060 millones y de $ 6.380 millones para los directivos de Yapurutú.