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Caso Ungrd: ¿exdirector del Dapre enfrentará proceso libre o en la cárcel?
El próximo 3 de julio el Tribunal Superior de Bogotá definirá si le impone o no medida de aseguramiento, en centro carcelario, a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción que rodearon la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
En el primer escenario, el exfuncionario, quien se encuentra fuera del país, tendría que regresar y presentarse voluntariamente para quedar a disposición de las autoridades o de no hacerlo podría ser objeto de una solicitud de orden de captura internacional mediante circular roja de Interpol.
En el segundo escenario, podría enfrentar el proceso penal en libertad, para lo cual se tendría que presentar a cada una de las diligencias de manera presencial o de manera virtual.
La Fiscalía General, teniendo en cuenta que le imputó los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, solicitó que le sea impuesta una medida privativa en centro carcelario; sin embargo, Iván Cancino, abogado defensor de Carlos Ramón González, se opuso a la petición, entre otras, alegando que no hay evidencias suficientes que lo comprometan con el caso de corrupción.
Iván Lombana, abogado penalista consultado por Minuto60, señaló que llama la atención que en este caso, donde se requiere con urgencia una medida privativa de la libertad, el Tribunal Superior de Bogotá se tome tanto tiempo para resolver la petición de la Fiscalía.
Durante la diligencia de audiencias preliminares el exdirector del Dapre dijo: “quiero ratificar mi inocencia frente a estos hechos y la terrible injusticia que se está cometiendo contra mí en este caso, de la cual soy víctima”.
Una vez se defina su situación jurídica el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia. Allí la Fiscalía debe presentar un escrito de acusación para llamarlo a juicio y hacer descubrimiento del material probatorio para debatirlo el juicio ante la Sala de Primera Instancia.
En su caso queda abierta la posibilidad de una eventual negociación con la Fiscalía, mediante un preacuerdo, en el que acepte su responsabilidad en los hechos, evitando el juicio y sometiéndose a una sentencia anticipada. Sin embargo, y hasta el momento, insistirá en su inocencia.
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