La Rolita habría violado normas constitucionales en la venta de acciones a ENEL: lo que dice la Contraloría

Un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria fue uno de los resultados que arrojó la auditoría de la Contraloría a la Operadora Distrital de Transporte La Rolita. La causa: la cuestionada venta de acciones a ENEL en 2022.

La historia comienza el 28 de noviembre de 2022 cuando la Asamblea General de Accionistas aprobó la venta de 2.500 acciones a favor de ENEL Colombia S.A E.S.P. Una operación de $2.500 millones y que fue ratificada el 28 de diciembre, un mes después, con la emisión el certificado que reconocía a ENEL como propietaria de las acciones.

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Creación de La Rolita

Como uno de sus primeros actos de gobierno, la entonces alcaldesa Claudia López logró que el Concejo aprobara el Acuerdo 761 en el 2020 que daba inicio a la Operadora de Transporte. En el acto de constitución se estableció que quedaban disponibles 10.000 acciones que no tenían propietario y que servirían para operaciones futuras de la empresa.

Minuto60 tuvo acceso al informe de auditoría al manejo de La Rolita, donde la empresa le manifiesta al ente de control que estas acciones no contaban con dueño, pero que tampoco estaban bajo el dominio del Estado.

Extracto informe de auditoría y respuesta de La Rolita. Minuto60

Dentro del Acuerdo que da vida a La Rolita, el Artículo 91 le entregaba la potestad a la alcaldesa o a TransMilenio S.A para crear la Operadora Distrital de Transporte resaltando que su participación será netamente pública. Aunque un juez tumbó este artículo por considerar que esas eran competencias del Concejo, su redacción servirá de argumento para las decisiones siguientes de la Contraloría.

Presunto desconocimiento de la Constitución

De acuerdo con el informe de la Contraloría, La Rolita habría incurrido en constantes desconocimientos de lo estipulado en la Constitución Política y en pronunciamientos de la Corte respecto a la naturaleza de la empresa, la compensación de pasivos laborales y la posible omisión del Estatuto Orgánico de Bogotá tomando decisiones por encima del Concejo.

Este último punto cobra relevancia en los argumentos del ente de control que asegura que la Operadora si enajenó acciones públicas y que esto lo hizo sin presentar el proyecto ante la instancia obligada, es decir, el Concejo de Bogotá.

La Contraloría asegura que si se habrían enajenado acciones. Minuto60

Contraloría asegura que La Rolita habría trasgredido las normas. Minuto60

Además de confirmar la privatización de la entidad, la Contraloría hace referencia a pronunciamientos de la Corte y la misma Constitución, estableciendo que la operación de venta de las 2.500 acciones convirtió a La Rolita en una sociedad de economía mixta.

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La venta de acciones provocó el cambio de naturaleza. Minuto60

La Contraloría califica como privatización la venta de acciones. Minuto60

La Contraloría señaló que, en caso de tener la necesidad de hacer una operación accionaria, La Rolita debió aceptar el poder preferente que tenían los trabajadores para reconocer, a través de la participación accionaria, algunos pasivos laborales o fomentar el crecimiento de las organizaciones de trabajadores de la empresa.

 Una situación que llevó al ente de control a confirmar el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la forma en la que se vendieron las acciones, se desconoció la constitución y se cambió la naturaleza de la empresa sin consultar al Concejo de Bogotá.

Hallazgo disciplinario de la Contraloría Minuto60

Otros hallazgos

El mismo informe de auditoría arrojó 3 hallazgos penales y 9 disciplinarios para funcionarios de la entidad. Algunos temas que llamaron la atención de la Contraloría hacen referencia a la firma de contratos sin contar con el presupuesto asignado. Uno de ellos, un contrato por más de $1.700 millones que se firmó entre 2023 y 2024 sin contar con la totalidad de la reserva presupuestal. 

Por otro lado, en 2023, se firmaron 5 contratos por más de $24.000 millones para la prestación de diferentes servicios a la entidad. Las normas contractuales que rigen las entidades públicas, dicen que antes de la firma de un contrato se debe contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por el monto total de la firma del contrato. 

Sin embargo, se habría comprobado que esto no se cumplió y por ejemplo se firmó el contrato 233-2023 con un CDP por $34 millones, para un contrato de $4.800 millones. Lo que para la Contraloría se configura en un hallazgo con posible incidencia disciplinaria y penal.

Hallazgo en contratos sin presupuesto. Minuto60

Minuto60 se comunicó con la Operadora Distrital de Transporte quien manifestó que no emitirá un pronunciamiento ante este informe de la Contraloría.