La inteligencia artificial pone en jaque a la Contraloría: la habrían usado para un fallo y esta se habría inventado la jurisprudencia

En 2016 inició una historia en estrados judiciales y entes de control entre el Banco Agrario y la firma Obras y Diseños S.A, contratada en 2015 para realizar unas adecuaciones locativas en la sede principal del Banco ubicada en la carrera 8 con calle 15 en el centro de la Bogotá.

El contrato CON15-74DG tenía un valor de $16.795 millones entre las obras civiles y una dotación de transformadores eléctricos y su interventoría estaba a cargo del Consorcio Interventoría Edificio Bogotá, integrado por dos firmas de ingeniería: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. e INGETEC INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S.

De acuerdo con la investigación de la Contraloría General, para la fecha del inicio de las disputas judiciales, se habría evidenciado un anticipo de obra superior a los $4.000 millones sin que se avanzara en el cumplimiento del objeto del contrato. Según el ente de control, la interventoría habría aprobado pagos a la firma constructora sin evidencia de avance o entrega de obras.

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Inicio del proceso de responsabilidad fiscal

Basados en las evidencias presentadas por el Banco Agrario, quien interpuso una denuncia por la demora y no realización de las obras según lo acordado, la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal al contratista y la firma interventora el 3 de julio de 2020 mediante el Auto 0126.

El proceso de investigación se tomó cerca de 5 años, entre hallazgos de posible responsabilidad y la decisión, a través del Auto 00011 de 2025, que encontraba responsables fiscalmente a las dos firmas de ingeniería y a una persona natural identificada como Jorge Alberto Orozco Buenaventura.

El fallo, del 25 de junio de 2025, calificó de ‘culpa grave’ las presuntas actuaciones de los integrantes del consorcio de interventoría, por daños patrimoniales causados al Banco Agrario, obligándolos a pagar una suma de $13.543 millones.

Fallo de Responsabilidad Fiscal - 25 junio 2025. Minuto60

A simple vista esta decisión parecería un trámite misional de la Contraloría General, sin embargo, una acción de tutela presentada por los afectados del fallo dejó sin palabras a funcionarios de la misma Contraloría y al juez que adelanta el proceso de estudio de las pretensiones.

¿Jurisprudencia inventada y falsos magistrados?

 En cabeza del abogado Jorge Chemás, apoderado de las firmas INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. e INGETEC INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S. se presentaron argumentos que demostrarían un posible hecho irregular tanto en la presentación del fallo inicial de junio, como en los dos autos subsiguientes que negaron el recurso de apelación y confirmaron la sanción.

La defensa de los abogados asegura en el escrito que se habría encontrado referencias de al menos 5 fallos del Consejo de Estado y de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, como soporte a la decisión del ente de control que no reposan en los archivos de estas altas cortes.

En primer lugar, la Contraloría habría aceptado la terminación unilateral del contrato de interventoría y obra, por parte del Banco Agrario ante el incumplimiento del objeto del contrato. Amparados, según ellos, en la Ley 80 de contratación pública y señalando una sentencia del Consejo de Estado

Primera referencia a posible jurisprudencia inventada Minuto60

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Por otro lado la Contraloría, según la acción de tutela, se habría negado a aceptar el testimonio de al menos 13 personas que hicieron parte de los procesos de investigación adelantados en mayo de 2025 por no contar, según el fallo de responsabilidad fiscal, con soportes documentales. Allí hizo referencia a dos documentos de la Corte y el Consejo de Estado. 

Sentencias Corte Suprema y Consejo de Estado. Minuto60

Las respuestas de la Corte y el Consejo de Estado

La defensa de las firmas de ingeniería, sospechando de posibles inconsistencias en los argumentos del ente de control, remitió derechos de petición a las altas cortes en julio de este año. La respuesta, aunque cueste creerlo, evidenciaba que gran parte de la jurisprudencia utilizada por la Contraloría no reposaba en sus archivos.

Aún más sorprendente es que, además de mencionar sentencias, se hizo referencia a un supuesto magistrado de nombre Daniel Fernando Rojas Valdés que, en el 2019, habría emitido una sentencia en el Consejo de Estado. Esta Corte aseguró, en respuesta al derecho de petición, que esta persona nunca ha trabajado allí como consejero de Estado.

Corte asegurá que magistrado citado en fallos no existe. Minuto60

De acuerdo con el texto de la acción de tutela, tanto en el fallo inicial del Auto 00011 de 2025, como en las dos decisiones posteriores 01491 del 08 de julio de 2025 y No. URF2-0941 del 14 de julio de 2025, la Contraloría habría hecho uso de los mismos argumentos y jurisprudencia para ratificarse en su fallo y sancionar a las empresas que hoy reclaman.

Contraloría habría fabricado sentencias Minuto60

¿Uso de Inteligencia Artificial?

Minuto60 consultó fuentes al interior del ente de control quienes aseguraron que, luego de ser notificados de la acción de tutela en contra de la entidad y de los argumentos y respuestas emitidos por las altas cortes, se hizo una verificación interna que habría evidenciado el uso de textos generados por una plataforma de inteligencia artificial para emitir el fallo firmado por Helena Patricia García Maya, directora de investigaciones de la Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Jurídica y Cobro Coactivo.

La funcionaria, quien lleva varios años en la entidad y es responsable de otros procesos de importancia para el control fiscal del país, es hermana del concejal de Bogotá, Germán García Maya. 

Este medio remitió una consulta a la Contraloría General de la República para conocer su posición respecto a esta tutela que tiene en aprietos la credibilidad del control fiscal de la entidad, pero al momento de publicación de este informe no se ha recibido respuesta.

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