Las megacárcles del nuevo gobierno: ¿cuánto valen y qué tan viables son?
Los requisitos y la financiación para construir megacárceles no son fáciles, sin embargo, es un desafío viable que requiere más que voluntad política.
“Construiré 10 megacárceles para que no haya más bandidos que queden libres”, dijo en campaña el presidente electo Abelardo De La Espriella. La solución a la creciente criminalidad se asemeja a lo que ocurrió en el Salvador con el presidente Nayib Bukele, quien construyó sendos complejos penitenciarios para erradicar la delincuencia de su país, no obstante, las críticas y cuestionamientos llegaron de la mano de defensores de derechos humanos.
En Colombia, ante el fracaso de la paz total y la paz urbana, no queda otro camino que el sometimiento a la justicia o la persecución del Estado, una guerra sin tregua que tendrá su fin con el encarcelamiento de quienes pertenecen a las diferentes organizaciones criminales a lo largo y ancho del país en 10 megacárceles que se construirían a o largo del próximo cuatrienio.
Al respecto quedan muchos interrogantes que van más allá de la voluntad política, pues se debe pensar en la financiación, en los requisitos y en la aprobación del Congreso de la República y varios sectores sociales. Será un camino tortuoso pero con toda la viabilidad, según expertos consultados por Minuto60, quienes explicaron lo que se necesita para lograr los objetivos y los costos que esto representaría.
¿Cuál es el panorama de los internos del país?
El sistema penitenciario y carcelario atraviesa una grave crisis humanitaria. Desde hace más de diez años la Corte Constitucional alertó de esta situación y la declaró estado de cosas inconstitucionales, con el fin de solucionar la problemática e impartió una serie de ordenes que hasta la fecha no se han cumplido por parte del Estado y los entes territoriales.
Las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) revelan, con corte a 10 de julio de 2026, que en las cárceles del país hay cupo para 81.061 internos, pero actualmente hay 101.618 personas privadas de la libertad. Es decir, hay una sobrepoblación de 20.557 personas, equivalente a un hacinamiento del 25.3 %.
El proyecto carcelario de Colombia está en crisis y justamente lo que se necesita ahora es seguir dotándolo de herramientas tanto técnicas como operativas para que puedan cumplir con la función.
Oliverio Caldas, arquitecto y asesor de infraestructura de Naciones Unidas para sistema penitenciario y carcelario
Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró, en su más reciente informe, que se continúan vulnerando los derechos humanos en casi todos los centros carcelarios del país. Hacinamiento, pésimas condiciones de salubridad, pésima alimentación, enfermedades y otro tipo de atropellos que afectan las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad.
Además, en los Centros de Atención Inmediata (CAI), estaciones de policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y Centros Transitorios de Detención la situación es igual o peor de crítica, entre otras razones, porque son espacios que deberían ser usados para personas que no deben superar las 36 horas de detención y allí se encuentran sindicados e incluso condenados, cuando la norma lo prohíbe.
El 70.2 % del trabajo en las cárceles del país no es remunerado, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Colprensa.
La Defensoría del Pueblo advierte en dicho infirme que el 19.4 % de la población carcelaria se ve afectado por el aplazamiento de las audiencias, consecuencia de las fallas en el Sistema Penal Oral Acusatorio. El 34.8 % de las personas privadas de la libertad participa en actividades laborales, el 25.4 % en actividades de estudio, pero lamentablemente el 70.2% del trabajo no es remunerado.
“El proyecto carcelario de Colombia está en crisis y justamente lo que se necesita ahora es seguir dotándolo de herramientas tanto técnicas como operativas para que puedan cumplir con la función. Es exactamente igual que cualquier equipamiento. Entonces, no intervenir el sistema de una manera adecuada genera otros problemas que la región ya lo ha visto”, señaló en diálogo con Minuto60 Oliverio Caldas, arquitecto y asesor de infraestructura de Naciones Unidas para sistema penitenciario y carcelario.
“El Inpec está sosteniendo, está alimentando a los sindicados, cuando es un deber legal de los municipios y los departamentos”, indicó el exministro de Justicia, Wilson Ruíz, quien conoce de primera mano lo que ocurre con este problema en Colombia y que, durante su administración, durante el gobierno del presidente Iván Duque, puso en marcha algunas soluciones.
¿Qué más se requiere para este proyecto?
Construir 10 megacárceles, como lo anunció el gobierno entrante, es viable. Sin embargo, se debe tener en cuenta otros factores, entre los que se encuentra la definición de lo que se quiere y que se ajuste a las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas y otros estándares internacionales que garanticen la protección de los derechos humanos.
“Que sea realmente una prioridad que derive del máximo orden político de la nación. Las cárceles son parte de la seguridad nacional y de la seguridad pública. A veces se nos olvida eso”, le dijo a Minuto60 José Patricio Patiño, presidente de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones Latinoamérica.
El Inpec está sosteniendo, está alimentando a los sindicados, cuando es un deber legal de los municipios y los departamentos.
Wilson Ruíz, exministro de Justicia
En tal sentido, el arquitecto y experto Oliverio Caldas indicó que las cárceles se deben pensar para personas que están definiendo su situación jurídica o para personas que ya están redimiendo sentencia, pero que hasta el momento no está muy claro. “Segundo, lo que hay que definir es cuál es el objetivo. Si el objetivo es cumplir con la Constitución y con la ley, que es preparar a los internos para su vida en libertad, o coadyuvar para que la definición jurídica fluya, pues sin duda es un objetivo que está perfectamente reglamentado en el marco normativo”, explicó.
En cuanto a los estándares de las Naciones, se debe tener en cuenta que no todas las personas privadas de la libertad son de alto riesgo. Según José Patricio Patiño, hay de mínimo, bajo, medio, alto y máximo niveles de riesgos. “Hay que dividir por género, hay que dividir por situación jurídica, también por nivel de seguridad e incluso por tratamiento penitenciario. Eso es lo único que hay que hacer, cumplir con la ley”, manifestó el experto.
¿Cuál sería el inconveniente financiero?
En entrevista con Minuto60 el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, dijo que ejecutar un proyecto tan ambicioso es complejo. “Una cárcel para 10 mil personas puede estar costando cerca de 800 mil millones o un billón de pesos. Entonces 10 megacárceles son 8 billones. ¿Usted cree que el Congreso de la República le va a aprobar a alguien 8 billones de pesos para construir cárcel? No lo va a hacer”, sentenció el exministro Cuervo.
El hacinamiento es uno de los más graves problemas que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario del país. Colprensa.
¿Cuál sería el costo real?
El exministro Wilson Ruíz, sostuvo que, para 10 mil cupos carcelarios, el costo podría estar entre 950 mil millones a un billón de pesos. Por el contrario, el arquitecto Oliverio Caldas indicó que no deberíamos hablar de cuánto cuesta una megacárcel, “sino más bien, y es lo que ha pedido la Corte Constitucional repetidamente, que se definan cuál es el cupo penitenciario, el concepto de cupo penitenciario. Entonces, desde el punto de vista técnico, definir un cupo penitenciario de alta seguridad para privados de libertad requiere tantos metros cuadrados y debe costar tanto”.
José Patricio Patiño, quien participó en la construcción de ocho megacárceles en México, dijo que en promedio, considerando perfiles de bajo, mediano y alto riesgo, el costo oscila entre 90 y 110 millones de dólares cada instalación, para albergar a 2.500 a 3.000 personas, más o menos.
¿Cómo se financiaría?
Desde campaña, el presidente electo Abelardo De La Espriella reiteró que la construcción de las 10 megacárceles se realizará mediante una alianza publico – privada, donde los inversionistas o empresarios del sector privado podrían administrar dichos centros penitenciarios.
“¿Qué significa esto? Que el Estado se asocia con ese particular. El Estado coloca una parte de la construcción de la cárcel, puede colocar el lote, etcétera, y el empresario que se gana la licitación pone el resto. ¿A qué se comprometería el empresario? A entregar un centro de reclusión en buenas condiciones. Segundo, a encargarse de la vigilancia, que sería privada. Y tercero, darle de comer a los internos”, dijo el exministro Wilson Ruíz.
El costo oscila entre 90 y 110 millones de dólares cada instalación, para albergar a 2.500 a 3.000 personas, más o menos.
José Patricio Patiño, presidente de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones Latinoamérica
El exjefe de la cartera de Justicia dijo que en este caso lo que hace el Estado es “pagarle por cuota, una especie de concesión perfectamente viable” a los inversionistas, es decir, que para ellos sería un buen negocio. Esta opción, a todas luces, es válida teniendo en cuenta otras experiencias internacionales como lo explicó José Patricio Patiño.
“De ninguna manera el hecho de generar una alianza público - privada de inversión es estar generando privatización de las instalaciones carcelarias. Esta sería una idea que hay que explicar desde el origen para no estar frenando estos proyectos con reclamos sociales que a veces provienen de sectores que dicen es que se van a privatizar las cárceles y se va a explotar a los privados de la libertad. Nada más erróneo y nada más equivocado que eso”, dijo el experto.
La construcción de una megacárcel, según Patiño, tarda cerca de 11 meses, en Colombia los procesos de licitación tardan en ser ejecutados y durante su planeación y ejecución se encuentran muchos obstáculos. Adicionalmente, los organismos de control y las veedurías ciudadanas deben jugar un papel fundamental en relación con la vigilancia de los recursos públicos.
Por su parte, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos se deben encargar de que se cumpla con las exigencias y estándares internacionales para que las personas que lleguen a ser privadas de la libertad en estos centros de reclusión se les respete sus derechos constitucionales.
