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¿Por qué la Fiscalía española archivó la denuncia contra Julio Iglesias?

Los tribunales habían comenzado a investigar presuntos delitos del cantante, de agresión sexual y malos tratos.

¿Por qué la Fiscalía española archivó la denuncia contra Julio Iglesias?
Fiscalía archiva denuncia contra Julio Iglesias tras pedido de su defensa. - Crédito: AFP
Heidy Johana Palacio Sánchez
Heidy Johana Palacio SánchezPeriodista
23 ENE 2026 - 16:16Actualizado: 22 FEB 2026 - 02:56

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual al concluir que los tribunales españoles no tienen jurisdicción ni competencia para investigar los hechos denunciados por dos ex empleadas del artista, ocurridos en República Dominicana y Bahamas en 2021.

La decisión, adoptada de manera rápida y fulminante, pone fin a una investigación ‘preprocesal’ que se abrió tras una investigación periodística de tres años publicada por elDiario.es en colaboración con Univisión, y que reveló los testimonios de dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias privadas.

La Fiscalía no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino que cierra la causa por un motivo estrictamente jurídico: España no puede investigar hechos sin conexión territorial ni personal suficiente con su sistema judicial.

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España archiva el caso Julio Iglesias por falta de jurisdicción. AFP

 

¿Por qué se archivó la denuncia?

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, se alineó con los argumentos de la defensa del artista, encabezada por el exmagistrado José Antonio Choclán, quien solicitó formalmente el archivo por la ausencia de jurisdicción española. En su escrito, la Fiscalía señala que:

  • Los hechos denunciados ocurrieron fuera de España

  • En República Dominicana y Bahamas

  • Iglesias no reside en España, ni mantiene allí su centro de vida, intereses o actividad

  • La existencia de propiedades inmobiliarias en territorio español no genera competencia penal

Por ello, concluye que “no corresponde” a los tribunales españoles investigar los hechos, ya que no existen elementos de conexión territorial o personal relevantes que habiliten la intervención de la Audiencia Nacional.

¿Qué relataron las dos ex empleadas?

Las denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, trabajaron para Julio Iglesias en 2021 en sus viviendas de República Dominicana y Bahamas. Según sus testimonios, durante su jornada laboral sufrieron:

  • Tocamientos no consentidos

  • Insultos

  • Humillaciones

  • Vejaciones

  • Malos tratos de obra

  • Incumplimiento de deberes laborales

Una de ellas tenía 22 años al momento de los hechos. Iglesias tenía 77 años entonces. Actualmente, el cantante tiene 82 años.

Ambas mujeres presentaron una denuncia por presuntos delitos de tráfico de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos e incumplimiento de deberes laborales.

Debían denunciar donde ocurrieron los hechos

La Fiscalía sostiene que las denunciantes debieron iniciar acciones penales en los países donde sucedieron los hechos, y que solo si allí se hubiese acreditado una imposibilidad real o falta de voluntad de investigar, podrían haber acudido a España.

En palabras del Ministerio Público, España no puede erigirse en “juzgador universal” sin que exista un vínculo claro que lo justifique.

Este punto es central: la puerta no está cerrada definitivamente, pero la vía correcta, según la Fiscalía, pasa por los sistemas judiciales de República Dominicana y Bahamas.

Polémica del “impacto mediático”

El abogado del cantante, José Antonio Choclán, argumentó además que la denuncia en España buscaba “un mayor impacto mediático”, una tesis que fue recogida en los escritos de la defensa y considerada en el análisis de la Fiscalía.

Choclán solicitó ser tenido en cuenta en las diligencias y pidió copia de la denuncia. Apenas cuatro días después, la Fiscalía archivó el caso, exactamente como pretendía la defensa.

 

El debate sobre la justicia internacional

El archivo de la denuncia no implica que los hechos no existan ni que las acusaciones sean falsas: implica que España no puede investigarlos.

El caso Julio Iglesias vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo y recurrente: ¿Qué ocurre cuando las denuncias de presuntos delitos graves atraviesan fronteras, jurisdicciones y sistemas judiciales?

Mientras tanto, la investigación periodística que destapó el caso ya forma parte del archivo público, y las denunciantes conservan la opción de acudir a los tribunales de los países donde ocurrieron los hechos. La justicia española, por ahora, ha decidido no intervenir.

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