¿Cuáles son las leyes colombianas por suplantación de identidad y fraudes digitales?
Arturo Calle alerta sobre suplantación con IA de su imagen y voz; en Colombia ya hay forma de castigar a quienes cometen este delito.
La reciente alerta de fraude mediante suplantación de identidad generada con Inteligencia Artificial (IA), en la que se utilizó la imagen y la voz del empresario colombiano Arturo Calle para promover falsas oportunidades de inversión, no solo encendió alarmas de seguridad digital, sino que también pone sobre la mesa una pregunta crítica: ¿qué tan preparado está el marco legal colombiano para enfrentar estos delitos tecnológicos?
Hasta hace poco, cuando alguien usaba tecnología avanzada para hacerse pasar por otra persona, no había una respuesta legal clara que contemplara estas nuevas herramientas.
El Código Penal Colombiano castigaba la falsedad personal, pero sin mencionar expresamente los casos en que se emplean herramientas como los llamados deepfakes o audios generados por IA.
Un cambio normativo clave: la Ley 2502 de 2025
Este panorama cambió con la Ley 2502 de 2025, que modificó el artículo 296 del Código Penal para incluir un agravante cuando la suplantación de identidad se realice con el apoyo de inteligencia artificial.
Lo más novedoso de esta reforma es que ahora manipular registros de voz, imagen o datos personales con IA con fines ilícitos puede aumentar la sanción hasta en una tercera parte respecto a la multa original por falsedad personal, siempre que no constituya otro delito.
Además, la ley incorpora definiciones precisas de términos como deepfake, entendidos como contenidos audiovisuales falsos creados con IA que simulan ser reales, y reafirma que la identidad y la imagen de una persona están protegidas incluso en entornos digitales.
Este ajuste no es menor: antes de la Ley 2502, los jueces colombianos enfrentaban dificultades para determinar si una conducta con IA encajaba en la descripción legal de delito. Ahora, con la ley, existe un mecanismo claro para judicializar estos hechos.
Arturo Calle. Colprensa
Más allá de la pena: obligaciones y políticas públicas
La modificación legal no solo penaliza, sino que también impulsa acciones concretas del Estado. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y otras entidades deben ahora garantizar la trazabilidad de casos con IA, es decir, organizar registros detallados de investigaciones, técnicas usadas y resultados judiciales.
Además, la Ley 2502 ordena la creación de una política pública para prevenir y controlar el uso indebido de la IA, incluida la formación técnica de fiscales, jueces y policía en herramientas de detección, y estrategias de cooperación internacional para casos que traspasan fronteras.
Este último punto es clave, porque muchos delitos de suplantación se cometen desde fuera del país, lo que complicaría su persecución sin acuerdos con otras naciones.
Colombia, un avance regional
Expertos legales resaltan que esta reforma sitúa a Colombia a la vanguardia en América Latina en la regulación penal de la suplantación de identidad con IA.
Mientras otros países aún debaten proyectos más generales sobre inteligencia artificial, Colombia ya tiene una herramienta jurídica específica para enfrentar un fenómeno que afecta tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes.
No obstante, los desafíos persisten: desde la formación tecnológica de la justicia, hasta la cooperación transnacional y la protección de derechos como la libertad de expresión sin obstaculizar el uso legítimo de tecnologías emergentes.
¿Qué significa para el ciudadano?
Para personas y empresas, este cambio normativo es más que una sanción: es una advertencia y una herramienta de protección. Saber que la ley colombiana ya reconoce la suplantación con IA como un delito penalmente agravado también invita a estar alerta, denunciar rápidamente y colaborar con las autoridades cuando se detecten fraudes.
Frente a alertas como la de Arturo Calle, que advierten sobre suplantaciones con IA, la norma ofrece respaldo legal para que las víctimas accedan a justicia y no queden desprotegidas ante nuevas formas de fraude digital.
