Periodista Digital

Las campañas a la presidencia de la República inician oficialmente el próximo 31 de enero de 2016; sin embargo, algunos precandidatos están recorriendo el país, otros tienen vallas publicitarias con su imagen y en redes sociales la información que circula es muy grande. Adicionalmente, en las diferentes correrías por municipios y departamentos, se les ve acompañados de sus equipos de campaña.
Lo anterior, ha despertado la sospecha de algunos sectores y de la organización Transparencia por Colombia, porque la campaña no ha iniciado oficialmente y los precandidatos están gastando millonarios recursos sin que se conozca cuál sea su origen. Es decir, no hay un control de los recursos que se están gastando y mucho menos de dónde provienen, porque hay un vacío en la norma.
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Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señaló que actualmente hay más de 100 precandidatos interesados en llegar a la presidencia de la República, algunos que han optado por la recolección de firmas y otros por el aval de algún partido o coalición política. No obstante, el reporte de ingresos y gastos de campaña es incierto.
“Tenemos un enorme vacío legal. La rendición de cuentas que debe haber sobre la financiación de esta actividad política arranca el 31 de enero de 2026, pero antes no existe una figura formal que los obligue (a los precandidatos) a entregar esa información, excepto si han sido candidatos que han recogido firmas o han participado en consultas”, señaló Hernández.
Añadió que “saber quién está aportando a esta actividad precampaña es casi que una incógnita imposible de resolver”, porque algunos de los precandidatos que se les ha preguntado, han dicho que reciben apoyos de familiares, de amigos, de sus ahorros, de empresas, fundaciones, pero que pocos han dicho con nombre y apellido o con razón social de una empresa de donde vienen los aportes.
Relaciones empresarios y políticos
Detrás de una campaña política siempre hay un empresario o un contratista. Su interés, por lo menos en Colombia, es el que gracias a su apoyo económico reciba a cambio contratos o algún beneficio por parte del funcionario de elección popular.
Andrés Hernández sostuvo que desde Transparencia por Colombia se han hecho varios análisis, donde se ha documentado esta práctica alrededor de las campañas, no solo con el “yo te financio, tú me contratas”, sino con el otorgamiento de algunos favores.
“Uno de cada cuatro aportantes a campañas han recibido contratos del Estado, ese es el patrón que hemos analizado (…) esto es una cifra alarmante, pero es más alarmante que ese contrato se entregue normalmente por una de las vías que es la forma más flexible que tiene la norma, es decir el contrato directo o una contratación que no necesita licitación”, señaló Hernández.
Aseguró que en algunos casos el financiador de la campaña termina siendo designado en un alto cargo. En otros casos, quien financia la campaña tiene algunos intereses; por ejemplo, que haya una regulación o un control relativamente débil por parte de una superintendencia o de un organismo del poder Ejecutivo que ejerce vigilancia y control sobre ese sector.
No hay controles de estos recursos
Para Andrés Hernández, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, no solo en el origen y gasto de las campañas, sino en la transparencia de los candidatos; mientras que aquellos que estén participando a través de la recolección de firmas, deben entregar cuentas a quienes se sumen a la lista de apoyo.
“Si les han pedido firma, ese proceso de recolección de firmas debe ir acompañado de un informe de rendición de cuentas de ingresos y gastos que tienen que entregar junto con las firmas”, explicó Hernández.
Sin embargo, el control del Consejo Nacional Electoral es posterior a las elecciones y en muchos casos eso dificulta la labor de los organismos de control.
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