La recolección de firmas por parte de diferentes aspirantes presidenciales fue un evento con bombos y platillos para todos. Cuántas firmas entregaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil se convirtió en un medidor de fuerza electoral, aunque se sabe que las firmas no se traducen en votos.

Fue tan determinante el número de firmas recogidas que Abelardo de La Espriella anunció, el mismo día que las entregó, que iría solo a primera vuelta porque se trataban de 5 millones de apoyos que -dijo-, tendría que defender. Sin embargo, de la entrega a la revisión hay un camino largo y hoy se sabe que solo cerca de 2 millones de las firmas fueron válidas.

En respuesta a un derecho de petición al veedor Juan Carlos Calderón España, la Registraduría señaló que fueron 1.978.108 firmas que cumplieron con las condiciones de 5.079.000 entregadas. De la revisión se concluye que 1.437.677 de firmas tenían datos que no correspondían y 1.025.663 no coincidían con el Archivo Nacional de Identificación, entre otras razones.

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A esto se sumó un cuadro con los datos sobre las firmas válidas de los demás aspirantes presidenciales, que uno de los miembros de la campaña de De la Espriella puso en X y luego borró.

En el cuadro, que no ha sido confirmado por la Registraduría, indica que el candidato mencionado tiene el mayor número de firmas válidas y que varios otros pasaron raspando el umbral de 635 mil firmas. Entre ellos, Leonardo Huerta con 637.830; Claudia López con 651.943 y Sondra Macollins 645.187 firmas. Y, entre los que más tuvieron firmas inválidas están los exgobernadores Carlos Caicedo y Aníbal Gaviria, así como Mauricio Lizcano.

La Registraduría no ha confirmado esta información.

¿La Registraduría publicó la información?

El cuadro que está rondando no es el oficial, pues afirman desde la entidad que el número de firmas válidas o inválidas se les entrega directamente a los candidatos.

La Registraduría emitió un comunicado en el que aclaró que, de todos, solo dos son los que estarían relacionados con irregularidades en firmas o delitos, por lo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía. Los precandidatos fueron Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

Para Juan Fernando Giraldo, socio fundador de Búho y quien es consultor en comunicación política e investigación, la Registraduría debería hacer una publicación estándar sin revelar los detalles de los firmantes.  

“Totales de válidas y no válidas porque la claridad de esa información es relevante en el proceso de la validación que le da el ciudadano para permitirles ser candidato presidencial”, señala.

Comunicado a la opinión pública ⬇️ pic.twitter.com/BLBGoMj1Sy

— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 11, 2026

A esto le suma, que debería darse a conocer qué empresas recolectoras de firmas cumplieron con sus tareas.

“Es que es importante poder saber cuáles empresas cumplieron y cuáles no cumplieron con esas promesas que les hicieron a sus candidatos a la hora de ofrecer un servicio y creo que ese sentido da transparencia”, dijo.

La obligación de la Registraduría es, sin embargo, certificar que se haya cumplido con el mínimo requerido, que según el último censo electoral sería de 635.216 firmas. Aunque a las voces que señalan que debería publicarse la información sobre las firmas válidas se suma la del exregistrador Alfonso Portela, quien también tiene una empresa que ayuda con estos procesos.

“La filosofía de los grupos significativos de ciudadanos es que muchos ciudadanos en un número mínimo de más de 630 mil respaldan un nombre y un proyecto político y esos ciudadanos que firman deben ser personas ciertas. Por esa razón, cuando se arriman un número importante de firmas al organismo electoral, lo primero que la ciudadanía imagina es que el apoyo a ese candidato es significativo, y conocer si ese apoyo es real o no es importante que la ciudadanía lo conozca”, señaló.

¿Un gran número de firmas inválidas implica algún fraude?

El presidente de la Veeduría Nacional Recursos Sagrados, Juan Carlos Calderón España, afirmó que pedirá a la Registraduría que se revisen nuevamente las firmas avaladas, porque considera que si hay más del 60 % de firmas que no corresponden puede que existan irregularidades en las firmas revisadas.

“Voy a solicitar de nuevo la revisión. Ya no de los 5 millones otra vez, sino del, 1’900.000 que quedaron avalados”, dijo refiriéndose a la campaña de Abelardo de la Espriella y señalando que le compulsó copias a la Fiscalía para determinar si puede existir un fraude al elector.

Sin embargo, para el exregistrador Portela, muchas veces se encuentran con personas que no incluyen los datos como debe ser o mienten, sin que el recolector lo pueda identificar.

“En un proceso de recolección de firmas el grupo significativo de ciudadanos se ve expuesto a que personas no consignen la información como corresponde, también a que muchos supuestos simpatizantes se quieran congraciar con el proyecto político y consignen información que no es cierta. Existen muchas variables que son difíciles de controlar por parte del grupo que recolecta los apoyos, por eso es muy normal que gran porcentaje de las firmas resulten rechazadas”, explica.

Teniendo en cuenta esto, considera que “difícilmente se le puede endilgar una responsabilidad penal al candidato cuando en el proceso de recolección intervienen muchísimas personas. Para poner un ejemplo: en un formulario de recolección yo puedo poner un número de cédula de ciudadanía falso y el recolector ni siquiera se da cuenta porque en ese proceso no se pide el documento de identidad. Preguntó: ¿qué responsabilidad se le puede endilgar al candidato, si ni siquiera el que recogió el apoyo tuvo responsabilidad?”.

Por lo pronto, los medios de comunicación tienen que acudir a derechos de petición para conocer estos datos y al mismo tiempo, los candidatos poco se han referido al tema, aunque medirse por firmas les ayudó a mostrar de manera discursiva su fuerza política a la ciudadanía.