Estas son las peticiones del comité del referendo a los candidatos de derecha
En plena carrera presidencial, crece la presión para que los candidatos fijen límites claros sobre poder, derechos y democracia.
La discusión sobre la estabilidad institucional en Colombia volvió a meterse de lleno en la campaña presidencial de 2026. Después de que distintos sectores políticos encendieran el debate por una eventual Asamblea Constituyente, ahora el foco cambió de dirección: un grupo de juristas y ciudadanos decidió enviar nuevas cartas públicas a dos figuras de la derecha colombiana, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, para pedirles compromisos concretos frente al respeto de la Constitución de 1991 y las reglas democráticas.
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Las comunicaciones fueron firmadas por Mauricio Pava Lugo y Sergio Bueno Aguirre, integrantes del llamado Comité promotor del referendo por la Estabilidad Constitucional, y fueron enviadas el pasado 24 de mayo. Aunque el tono de las cartas es respetuoso, el mensaje es directo: el país necesita certezas institucionales en medio de una campaña cada vez más polarizada.
La iniciativa aparece en un momento particularmente sensible. Colombia atraviesa una fuerte discusión sobre el alcance del poder presidencial, el uso de mecanismos extraordinarios y el futuro del Acuerdo de Paz. Por eso, el comité decidió dirigirse a candidatos que representan sectores ideológicos distintos, pero que hoy concentran atención dentro de la carrera presidencial.
¿Por qué el comité decidió enviar estas cartas ahora?
Según el documento enviado a Abelardo de la Espriella, el comité considera que existe “incertidumbre sobre la estabilidad de las instituciones” y que los principales liderazgos políticos deben ayudar a preservar un consenso básico alrededor de la democracia y el Estado de derecho.
En el caso del abogado y candidato presidencial, la carta pone el acento en tres puntos sensibles. El primero tiene que ver con el uso de los estados de excepción. El comité le pide gobernar utilizando las facultades ordinarias de la Presidencia y evitar acudir de forma recurrente a medidas extraordinarias.
El segundo compromiso solicitado gira alrededor de la protesta social en Colombia. El documento insiste en que las movilizaciones ciudadanas y la oposición política hacen parte de una democracia pluralista y, por tanto, no deben ser equiparadas automáticamente con terrorismo o criminalidad.
El tercer punto toca un tema especialmente delicado en el contexto internacional: el respeto de los compromisos adquiridos por Colombia en organismos multilaterales como la ONU y la OEA. Allí, el comité recuerda que la Constitución de 1991 también obliga al Estado colombiano a cumplir estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La carta enviada a Paloma Valencia tiene un enfoque distinto, aunque mantiene la misma idea de fondo: pedir garantías de respeto al marco constitucional.
En este caso, el comité le solicita tres compromisos específicos relacionados con seguridad, derechos fundamentales y el acuerdo de paz firmado con las FARC.
¿Qué temas le plantearon a Paloma Valencia?
Uno de los puntos centrales tiene que ver con la política de seguridad. El comité le pide a la senadora que cualquier estrategia contra el crimen respete principios como el debido proceso, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y los controles judiciales.
La carta también aborda debates sociales que han dividido al país en los últimos años. Allí se menciona que derechos ya reconocidos constitucionalmente, como las garantías para parejas del mismo sexo, el libre desarrollo de la personalidad y la interrupción voluntaria del embarazo, deben ser respetados por cualquier futuro gobierno, incluso si existen diferencias ideológicas o personales.
Otro de los apartados se refiere directamente al Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC-EP. El comité recuerda que dicho acuerdo generó compromisos constitucionales para el Estado colombiano y menciona expresamente la obligación de respetar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y lo pactado en La Habana.
Más allá de las diferencias entre ambos candidatos, el mensaje del comité parece apuntar a una misma preocupación: evitar que la campaña presidencial se convierta en una disputa donde las reglas institucionales queden en segundo plano.
En las dos cartas se repite una frase que resume el espíritu de la iniciativa: “Defender hoy el marco constitucional de 1991 significa preservar la idea de que toda autoridad política debe ejercerse dentro de límites jurídicos”.
