El rifirrafe entre Banco de la República y Gobierno por dinero de pensiones
Este nuevo entre el Banco de la República y el Gobierno de Gustavo Petro abre un debate económico y legal sobre qué pasará con dineros de pensiones.
El debate sobre el futuro de los ahorros pensionales en Colombia escaló a un nuevo nivel tras la advertencia del Banco de la República sobre la legalidad de un proyecto del Gobierno que busca trasladar recursos de fondos privados hacia Colpensiones.
Lo que parecía un trámite técnico se convirtió en un choque institucional con implicaciones económicas y jurídicas.
¿Por qué el Banco de la República cuestionó el traslado de pensiones?
El punto de quiebre está en un proyecto de decreto impulsado desde el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, que plantea que los fondos privados deben girar, en un plazo de 15 días, los ahorros de afiliados que decidan trasladarse al régimen público.
Según cifras oficiales dadas por el Ministerio de Hacienda, ya se han movido más de 122 mil afiliados, con recursos que superan los 25 billones de pesos. Sin embargo, el banco central encendió las alarmas: considera que ese traslado inmediato del dinero no tiene sustento legal.
El argumento clave es que, aunque la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) habilitó una “ventana de traslado” para personas cercanas a pensionarse, también establece que los recursos deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta que la pensión sea reconocida. Es decir, y en pocas palabras, el cambio de régimen no implica automáticamente mover el dinero.
Para el Emisor, el decreto iría más allá de lo que permite la ley, lo que se traduce en un posible exceso de facultades reglamentarias por parte del Gobierno.
El trasfondo: una reforma en pausa y decisiones en marcha
La reforma pensional aún está bajo revisión de la Corte Constitucional, lo que genera un escenario de incertidumbre jurídica. Mientras tanto, algunos artículos siguen vigentes, como el que permite el traslado de afiliados entre regímenes.
Aun así, el Gobierno ha decidido avanzar con la reglamentación de esos movimientos, lo que ha generado tensiones con el banco central, que actúa como guardián de la estabilidad económica.
@MinHacienda , @MintrabajoCol y @Colpensiones a la opinión pública y al @BancoRepublica pic.twitter.com/RuTqjxSjRA
— MinHacienda (@MinHacienda) March 19, 2026
El debate no es solo jurídico, pues el Banco de la República también advirtió sobre posibles efectos en los mercados financieros.
Los fondos privados tienen gran parte de esos recursos invertidos en activos como los Títulos de Deuda Pública (TES). Un traslado masivo y rápido obligaría a liquidar inversiones, lo que podría generar volatilidad en el mercado y afectar tasas de interés, financiamiento del Estado e incluso el ahorro de los colombianos.
Desde la visión del banco central, no se trata solo de quién administra el dinero, sino de cómo se mueve y qué impacto puede tener en la economía en general.
La postura del Gobierno: presión fiscal y sostenibilidad
Del lado del Gobierno, la defensa del decreto tiene que ver con la sostenibilidad del sistema público. Colpensiones ya está asumiendo el pago de miles de nuevos pensionados que llegaron desde el régimen privado, pero sin contar con los recursos correspondientes.
Teniendo en cuenta los posibles impactos en los mercados locales y en particular las inversiones de los fondos privados en Títulos de Deuda Pública TES, el gobierno ha propuesto la negociación de dichas inversiones con Colpensiones con el fin de reducir el posible impacto señalado.
Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y Colpensiones
Esto genera, según el Ejecutivo, una presión creciente sobre las finanzas públicas. Por eso, insiste en que el traslado de los ahorros debe hacerse de manera inmediata para equilibrar las cuentas.
El choque de ideas entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda refleja una lejanía en las visiones: legalidad y estabilidad financiera frente a urgencia fiscal y ejecución de la reforma. La última palabra podría estar en la Corte Constitucional, que no solo definirá el futuro de la reforma pensional, sino también el alcance de las decisiones del Gobierno.
