El gobierno nos quiere sacar más plata, pero pierde la mitad de los impuestos en beneficios tributarios

Durante su discurso en el consejo de ministros del pasado martes, el presidente Gustavo Petro advirtió que el presupuesto de 2026 necesita de una ley de financiamiento para evitar la “muerte de Colombia” y cumplir el mandato constitucional de destinar más recursos al gasto social. 

Al respecto, su ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dicho en varios escenarios que la reforma tributaria o ley de financiamiento que presentarán traerá cambios en el impuesto sobre la renta para las empresas pues quieren bajarlo, y para las personas naturales pues quieren ponerle más tarifas. 

La línea roja es el impuesto sobre las ventas, conocido como IVA, que tiene varias tarifas con el argumento de defender a quienes menos ingresos tienen y que hasta ha causado manifestaciones como las de 2021 en medio del conocido “estallido social”. Pero esa estructura, junto con otros beneficios tributarios que tiene el país, podrían duplicar los ingresos de la Nación por impuestos si se eliminaran.

Beneficios desiguales

A simple vista, las diferentes tarifas del IVA y beneficios tributarios para sectores específicos están en el estatuto tributario colombiano para proteger los bolsillos de los más pobres e impulsar a ciertas industrias nacionales que empujan a la economía nacional. 

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Sin embargo, un estudio del Observatorio Fiscal de la Javeriana destaca que estos tratamientos especiales le quitan aproximadamente la mitad del recaudo potencial de impuestos al Estado. Es decir, por cada $ 100 recibidos en impuestos, la DIAN termina descontando, devolviendo o simplemente no recaudando $ 50. 

Y, según el observatorio, no todos van realmente al bolsillo de quienes tienen menos ingresos para mejorar su situación. “El 10 % de las empresas con mayor volumen de ingresos capta más del 90 % del total de los descuentos tributarios, mientras que las de menor escala acceden a una proporción considerablemente menor. Esta alta concentración sugiere que una parte significativa de los gastos tributarios no está llegando a quienes más podrían necesitarlos”, advierte el documento. 

Y agrega que “si bien no todos los beneficios generan efectos regresivos, algunos están diseñados para apoyar sectores vulnerables o regiones con menor desarrollo, la ausencia de criterios claros de focalización y evaluación periódica dificulta garantizar que el sistema sea equitativo”.

A eso se suma que, según los cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), hoy de cada $ 100 que recibe el gobierno en ingresos, tenemos que destinar $ 60 al pago de la deuda. Es decir, de esos $ 50 que efectivamente recauda la DIAN en impuestos, el Ministerio de Hacienda tiene que destinar $ 30, más de la mitad, a pagar la deuda pública. 

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Juan Sebastián Betancur, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), explica cómo entender las finanzas públicas como si se tratara de las finanzas de su… pic.twitter.com/xHepyOFs17

— minuto60.com (@minuto60com) July 4, 2025

¿Hay solución? 

Uno de los problemas de estos beneficios tributarios, dice el observatorio, es la falta de información detallada sobre estos beneficios tributarios y qué tan efectivos son realmente en su propósito de ayudar a hogares e industrias que lo necesitan. 

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“En un escenario de alta presión fiscal, con déficits crecientes y alto endeudamiento, mantener tratamientos preferenciales sin evaluación ni focalización adecuada no solo erosiona la base gravable, sino que debilita la progresividad del sistema, favorece a los contribuyentes de mayores ingresos y limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas esenciales. No se trata simplemente de aumentar impuestos, sino de corregir distorsiones que comprometen la equidad y sostenibilidad del sistema fiscal”, dice el observatorio.

Por esa razón, dice el grupo de expertos, “la crisis fiscal exige decisiones responsables: eliminar los beneficios que no están justificados técnicamente y garantizar mayor transparencia sobre su impacto. Países como Chile y México han avanzado en la publicación y evaluación periódica de sus gastos tributarios, mientras que Canadá y Reino Unido aplican criterios estrictos de costo-beneficio antes de renovar cualquier incentivo”.

Es decir, Colombia necesita un sistema de información más transparente sobre cómo se utilizan estos beneficios tributarios para que toda la ciudadanía sepa si le están ayudando o no, en cuyo caso el gobierno podría eliminarlos para aumentar sus ingresos sin tener que aumentar o crear otros impuestos.

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