Nace en Colombia una nueva herramienta para cumplir con las normas de protección de datos
Las sanciones impuestas por la Superindustria por incumplimiento a las normas de privacidad ya superan los $ 8 billones.
A medida que avanza la tecnología, también avanza la regulación de cada país para proteger la privacidad de los datos personales y la información sensible de las empresas.
En Colombia, la encargada de supervisar que las normas de protección de datos de los consumidores se cumplan es la Superintendencia de Industria y Comercio, que en 2025 alcanzó un total de $ 8,3 billones en sanciones impuestas a las empresas por diferentes casos de manejo inadecuado de datos.
A la par, el ecosistema financiero del país se prepara para la obligatoriedad de las finanzas abiertas, que impulsarán el paso de información entre entidades financieras y comercios para lograr una mejor identificación de clientes y sus necesidades, siempre y cuando cada colombiano o colombiana autorice que sus datos se compartan específicamente con esa otra entidad.
En ese contexto, el 2026 inicia en el país con la llegada de Certena, una empresa basada en inteligencia artificial que media entre los consumidores y las empresas.
“Certena parte de una convicción clara: la privacidad no debe ser un obstáculo, sino un puente de confianza entre las empresas y las personas. Desde esa mirada, como compañía proponemos un ecosistema que conecta dos necesidades fundamentales y que históricamente han sido abordadas por separado: el acompañamiento a las organizaciones y el empoderamiento de los usuarios”, detalla Nathalia Landeta, CEO de la compañía.
La aplicación funciona como una herramienta que por un lado habilita a las empresas a cumplir con las normas vigentes y por el otro simplifica el proceso para los consumidores y les permite acceder a información clara sobre las autorizaciones que pueden dar para el tratamiento de sus datos.
“En Colombia, las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el manejo inadecuado de datos personales y, en algunas ocasiones, por no contar con el consentimiento de los titulares han alcanzado cifras históricas, de hasta $8.3 millones en el 2025 y generando un daño reputacional difícil de revertir. Estos casos evidencian una falla estructural en la forma en que se concibe la gestión de datos, tanto desde la tecnología como desde los procesos”, explica Landeta.
