Gobierno propone ajustes en la nueva reforma tributaria para aprobación del congreso

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha comenzado a mover fichas para asegurar que su nueva reforma tributaria logre pasar por el Congreso sin mayores tropiezos. En las últimas horas, tanto el jefe de Estado como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han revelado que trabajan en una versión más moderada del proyecto, buscando disminuir el impacto de algunos impuestos y reduciendo el monto total de recaudo inicialmente planteado. Esta estrategia surge en un contexto de tensiones políticas y críticas de distintos sectores que consideran excesivas algunas de las cargas fiscales propuestas.

La decisión se interpreta como una señal de apertura hacia el Legislativo. Con el debate de la reforma tributaria en marcha, el Ejecutivo entiende que para sacar adelante un proyecto tan ambicioso debe ceder en puntos clave. De esta forma, se busca un texto que responda a las necesidades fiscales del país, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta las preocupaciones ciudadanas y los reparos de congresistas que han expresado su inconformidad con algunos de los tributos propuestos.

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Un giro para lograr consenso

Entre las medidas anunciadas destaca la reducción del monto del recaudo. El proyecto inicial contemplaba ingresos cercanos a los 26,3 billones de pesos, pero ahora el Gobierno plantea rebajarlo a alrededor de 16,3 billones. Esta disminución, según explicó el Ministerio de Hacienda, se complementaría con un recorte de 10 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para 2026, con el fin de equilibrar las cuentas públicas y evitar un déficit mayor.

Otro cambio importante es la eliminación de algunos impuestos polémicos incluidos en la primera versión. Fuentes cercanas al Ejecutivo han señalado que podrían salir del texto medidas como el IVA a la gasolina y al ACPM, así como ajustes en el impuesto al patrimonio, la renta y el tributo al carbono. Estos puntos han sido señalados por analistas como las mayores fuentes de resistencia política y social, pues su aplicación afectaría directamente al bolsillo de los colombianos.

Además, las modificaciones responden al rechazo de diversos sectores productivos y ciudadanos que temían un incremento en el costo de vida derivado de nuevos impuestos. Al suprimir o reducir tributos sobre combustibles y otros bienes esenciales, el Ejecutivo espera disminuir la presión inflacionaria y evitar que la reforma sea percibida como una carga excesiva para los hogares.

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Implicaciones económicas y políticas

La nueva versión de la reforma tributaria implicaría, en términos prácticos, menores ingresos para el Estado, lo que obliga al Gobierno a replantear prioridades de gasto o buscar fuentes alternativas de financiación. Sin embargo, al mismo tiempo, puede significar mayor viabilidad política, ya que un proyecto más moderado tiene más posibilidades de avanzar en el Legislativo sin bloqueos contundentes.

En cualquier caso, los ajustes también generan un riesgo político: la oposición podría considerar que los cambios no son suficientes para aliviar la carga tributaria o, por el contrario, que debilitan las metas de inversión social del Gobierno. Por ello, la administración Petro deberá explicar con claridad qué impuestos quedarán finalmente fuera del proyecto y cómo compensará los ingresos que dejará de percibir.