Las razones de Fenalco para demandar el decreto que crea ‘megasindicatos’ sectoriales
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia también había demandado el decreto expedido por el Gobierno de Gustavo Petro.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026, al considerar que el Gobierno nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevas reglas sobre negociación colectiva sin la aprobación del Congreso de la República.
Según el gremio, la norma no se limita a reglamentar la ley, sino que establece un régimen jurídico autónomo que, a su juicio, vulnera principios constitucionales como la legalidad y la separación de poderes. Por esta razón, solicitó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no solo su nulidad, sino también la suspensión provisional del decreto.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, fue enfático al señalar que el Ejecutivo estaría “legislando por decreto” en un tema sensible. “El Gobierno está legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva, desconociendo abiertamente al Congreso y alterando las reglas del juego para empresas y trabajadores”, afirmó.
FENALCO DEMANDA EL DECRETO 234 QUE CREA LOS MEGASINDICATOS Y DESCONOCE MANDATO DEL CONGRESO
— Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) March 25, 2026
🔴Según el Gremio, el decreto desborda la potestad reglamentaria, crea nuevas reglas de juego para la negociación colectiva, afecta derechos fundamentales y desconoce la competencia del… pic.twitter.com/zmH5EgFwnu
El dirigente advirtió que uno de los puntos más críticos del decreto es que retoma contenidos que habrían sido excluidos expresamente durante el trámite legislativo de la reforma laboral. Además, cuestionó la imposición de un modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, con unidad de pliego, mesa y convención, que, según Fenalco, no existe actualmente en la legislación colombiana y modificaría de fondo las relaciones laborales en el país.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la creación de nuevas obligaciones para los empleadores, especialmente en lo relacionado con la entrega de información económica y estratégica. Según el gremio, esta exigencia podría afectar la libertad de empresa y el derecho a la protección del secreto empresarial, al obligar a revelar datos sensibles sin respaldo legal.
La relación entre el presidente Petro y los gremios económicos se ha caracterizado por choques y tensiones. Crédito: Colprensa.
Fenalco también alertó sobre posibles limitaciones al derecho de negociación colectiva, particularmente para los sindicatos más pequeños, debido a nuevas reglas de representatividad que reducirían su capacidad de incidencia. “Se están restringiendo derechos fundamentales por decreto. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho”, insistió Cabal.
Finalmente, el gremio cuestionó la posibilidad de imponer cargas económicas a trabajadores no sindicalizados derivadas de convenciones colectivas sectoriales, lo que, según señaló, podría interpretarse como un cobro obligatorio sin representación. Para Fenalco, esta medida rompe principios básicos del sistema democrático y del derecho laboral.
En ese contexto, la organización reiteró que el Decreto 234 desborda la potestad reglamentaria del Gobierno, introduce cambios estructurales sin aval legislativo y genera inseguridad jurídica, por lo que pidió a la justicia administrativa que suspenda sus efectos mientras se decide de fondo su legalidad.
¿Qué dice el decreto?
El decreto que ahora entra a un proceso judicial, y que ya había sido demandado por la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, es el 0234 emitido este año, el cual habla de una negociación colectiva sectorial.
Esto implica que las agremiaciones sindicales podrán negociar condiciones laborales para todo un sector económico y no solo por empresa.
Desde la perspectiva del Gobierno de Gustavo Petro, lo que busca esta medida es fortalecer la negociación colectiva según las políticas de la Ocde, organización de países con buenas prácticas, al que pertenece Colombia.
La polémica que ha desatado dicho decreto en Colombia obedece principalmente a los impactos que podría generar, y que impactarían principalmente a las Mipymes: micro, pequeñas y medianas empresas.
