Análisis | ¿Error o acierto del Gobierno al no subir precios de los combustibles en septiembre?
La decisión de mantener sin cambios los precios de la gasolina y el diésel busca evitar nuevas presiones sobre las familias afectadas.
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El Gobierno decidió no aumentar los precios de los combustibles durante septiembre, una medida que llega en medio de la emergencia provocada por el terremoto y que busca evitar que las familias afectadas enfrenten una nueva presión sobre su bolsillo. La decisión puede entenderse desde el punto de vista social y humanitario.
El congelamiento representa un alivio inmediato para los consumidores, especialmente en un momento en el que las regiones afectadas necesitan avanzar en procesos de recuperación y reconstrucción. Un aumento en los combustibles tendría efectos que van mucho más allá de las estaciones de servicio, pues termina trasladándose a los costos del transporte, los alimentos y buena parte de los productos que consumen los hogares.
La discusión, entonces, no está únicamente en si subir o no unos pesos el galón. La verdadera pregunta es quién termina asumiendo el costo de esa decisión. Cuando el consumidor no paga el incremento, la presión puede trasladarse al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, y, finalmente, a las cuentas fiscales del país.
¿Es acertado congelar el precio de los combustibles en medio de una emergencia?
Para Christian Quiñones, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN y CEO de Clevertax Assessment, la decisión tiene un efecto directo sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, especialmente por el lado del diésel, donde todavía existe una brecha importante frente al precio que debería reflejar las condiciones del mercado.
“El efecto económico definitivamente está ahí”, explica Quiñones. Según el experto, mantener congelados los precios aumenta la presión sobre el FEPC, debido a que el subsidio asociado al diésel continúa siendo significativo.
El analista advierte que esta situación también podría incrementar los pasivos que debe asumir el Fondo. En el proyecto de presupuesto ya se contemplaban recursos cercanos a los $ 9,6 billones para atender estas obligaciones, aunque la prolongación de medidas que contengan los precios podría hacer que esa cifra termine siendo mayor.
Precio de la gasolina en Colombia.
Mientras exista una diferencia entre el precio que pagan los consumidores y el costo real del combustible, alguien debe asumir esa brecha. Si no la paga directamente el conductor cuando tanquea su vehículo, termina convirtiéndose en una obligación para el Estado.
El alivio para los hogares también tiene una factura fiscal
A pesar de las presiones que puede generar la decisión, Quiñones considera que el contexto extraordinario obliga a mirar el anuncio más allá de una simple discusión fiscal. Para el experto, la emergencia en los territorios afectados por el terremoto justifica la necesidad de adoptar medidas que ayuden a contener el impacto económico sobre las comunidades.
Estamos ante una situación extraordinaria de emergencia y cualquier forma que exista para ayudar a que estos territorios puedan salir a flote, reconstruirse, estabilizarse y recuperarse es bienvenida.
Christian Junot Quiñonez
Su análisis plantea un punto intermedio y es congelar los precios puede ser económicamente costoso, pero también puede ser necesario en una coyuntura excepcional. El problema aparecería si una medida concebida como temporal termina extendiéndose durante varios meses sin una estrategia clara para financiar el costo adicional.
“Hay que esperar hasta cuánto tiempo se prolongaría el congelamiento”, advierte Quiñones, al considerar que la presión sobre las cuentas públicas dependerá directamente de la duración de esta decisión.
El Gobierno debe balancear la emergencia con unas finanzas públicas bajo presión
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, coincide en que la decisión debe analizarse desde dos frentes que hoy parecen competir entre sí: la atención a los damnificados y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para Pabón, resulta difícil pensar en un aumento de los combustibles en medio de una emergencia, especialmente para personas que han sufrido pérdidas directas o indirectas por el terremoto.
Lo que menos quiere oír cualquier persona afectada directamente o indirectamente por este terremoto es un incremento de precios como los precios de los combustibles.
César Pabón
Pero esa decisión tiene una contraparte, ya que Colombia llega a esta discusión en un momento especialmente sensible para las cuentas del Estado. Las necesidades de gasto son altas y la situación fiscal ha sido uno de los principales focos de preocupación de analistas y mercados.
Pabón considera que el reto está en encontrar un equilibrio entre ambos objetivos. Por un lado, el Estado debe responder ante la emergencia y evitar que los damnificados enfrenten mayores costos en un momento de vulnerabilidad. Por el otro, cualquier decisión que implique mayores obligaciones fiscales debe analizarse con cuidado.
“Hay que manejar muy bien estos dos objetivos, ver cómo esa atención a los damnificados se balancea con esas finanzas públicas”, sostiene.
¿Entonces fue un error o un acierto?
La respuesta de los expertos no parece estar en ninguno de los extremos, pues no se trata de una decisión completamente equivocada ni de una medida sin costos. Ahora bien, sí queda claro que es una decisión complicada.
Gobierno congela los precios de la gasolina y el ACPM en septiembre
— Sergio Cabrales (@SergioCabrales) August 31, 2026
Los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM se mantendrán sin aumentos durante septiembre en todo el país.
La gasolina corriente se mantiene en un promedio de $15.886 por galón en las 13… pic.twitter.com/RcNXtCGEPF
Desde el punto de vista social, congelar los precios puede considerarse un acierto pues evita sumar una nueva presión económica sobre las regiones afectadas y reduce el riesgo de que un incremento en los combustibles termine trasladándose rápidamente al transporte y al costo de vida.
Desde el punto de vista fiscal, la medida genera alertas. Mantener contenida la brecha de precios implica una mayor presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y puede incrementar las obligaciones que tendrá que asumir el Estado en un momento de fragilidad para las finanzas públicas.
