Contraloría cuestiona gestión de Ecopetrol en contratos clave: $ 86.000 millones en la mira
Los hallazgos están relacionados con la inoperancia del Ecoparque Solar Providencia y la falta de aplicación de multas en un contrato con Morelco S.A.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $86.054 millones tras auditar dos contratos de Ecopetrol, en los que identificó graves irregularidades asociadas a fallas de planeación, supervisión y control contractual. Las observaciones comprometen recursos públicos destinados tanto a la transición energética en la isla de Providencia como a la ejecución de un contrato operativo con la empresa Morelco S.A.S., frente al cual la estatal petrolera no actuó oportunamente ante reiterados incumplimientos.
El informe, revelado este 19 de enero, pone en evidencia riesgos fiscales, pérdida de recursos y falta de beneficios para las comunidades, además de una gestión considerada extemporánea por parte de Ecopetrol y otras entidades involucradas.
🚨Determinamos hallazgos fiscales por $86.054 millones en dos contratos de @ECOPETROL_SA: $49.592 millones en el convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia y $36.462 millones por la falta de imposición de multas en un contrato con Morelco S.A.S.
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 19, 2026
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Ecoparque Solar Providencia: un proyecto que no opera
El principal hallazgo corresponde a un riesgo fiscal por $49.592 millones, relacionado con el convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, cuyo objetivo era fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia.
Este proyecto fue concebido como una respuesta prioritaria a la emergencia causada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética, mediante la puesta en funcionamiento del Ecoparque Solar Providencia.
Sin embargo, la auditoría realizada por la Contraloría durante la vigencia 2024 concluyó que el parque no opera de manera integral, lo que configura un daño fiscal. Según el órgano de control, los activos del proyecto se encuentran expuestos al deterioro ambiental, con una pérdida progresiva de su vida útil y el riesgo de que, en el futuro, se deban asumir sobrecostos para lograr su integración.
Ecopetrol es la principal empresa de petróleos de Colombia. Colprensa
Uno de los principales incumplimientos detectados fue la no entrega del sistema BESS, el componente encargado del almacenamiento de energía en baterías, esencial para el funcionamiento del parque solar. La Contraloría estableció que este sistema dependía de una donación internacional gestionada por el Ministerio de Minas, pero sin garantías contractuales claras. Pese a ello, Ecopetrol decidió continuar con la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de este elemento crítico.
Para el ente de control, la operación parcial del Ecoparque incumple el objeto contractual, que exigía la puesta en marcha conjunta de la planta fotovoltaica, el sistema BESS y el sistema de control. En este contexto, se determinó una gestión fiscal irregular, atribuida tanto al ministerio como a Ecopetrol, además de deficiencias en la planeación, gestión y supervisión.
La Contraloría fue enfática en señalar que los recursos invertidos no cumplen el fin para el cual fueron destinados, no prestan servicio alguno y no han representado beneficios para la comunidad raizal, principal destinataria del proyecto. A esto se suma el riesgo de obsolescencia de los bienes, debido a la falta de uso y a las condiciones climáticas de la isla.
Contrato con Morelco: multas que nunca se aplicaron
El segundo hallazgo fiscal asciende a $36.462 millones y está relacionado con el contrato No. 3050857, suscrito entre Ecopetrol S.A. y la empresa Morelco S.A.S.. De acuerdo con la Contraloría, este monto corresponde a recursos asegurados que no fueron recuperados, luego de que la aseguradora negara el pago.
Durante la auditoría, el órgano de control evidenció que Ecopetrol no aplicó oportunamente las medidas contractuales previstas frente a los incumplimientos del contratista, en especial aquellas relacionadas con la imposición de multas y la terminación anticipada del contrato.
El contrato le otorgaba a Ecopetrol herramientas claras para actuar, como deducir multas de facturas, hacer efectiva la garantía de cumplimiento o terminar anticipadamente el contrato si persistían los incumplimientos. No obstante, aunque la empresa documentó reiterados atrasos entre 2023 y 2024 y envió varias comunicaciones de advertencia al contratista, permitió que el contrato continuara sin aplicar dichas medidas.
La Contraloría estableció que Ecopetrol solo inició el trámite de imposición de multas y el reclamo ante la aseguradora el 15 de abril de 2025, cuando el contrato ya había vencido el 30 de diciembre de 2024 y la póliza se encontraba expirada. Esta actuación fue calificada como extemporánea, lo que impidió ejercer acciones efectivas de mitigación dentro de la vigencia contractual.
Para el ente de control, esta omisión refleja una deficiente gestión del control contractual, que derivó en la pérdida de la oportunidad de proteger los recursos públicos y recuperar el monto asegurado.
Advertencia sobre la gestión fiscal
Con estos hallazgos, la Contraloría General reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control en la contratación estatal, especialmente en proyectos estratégicos como los de transición energética y en contratos de alto valor económico.
El organismo subrayó que los recursos comprometidos en ambos casos no generaron el impacto esperado, lo que compromete la eficiencia del gasto público y plantea serios cuestionamientos sobre la gestión de Ecopetrol en estos procesos.
