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ABC de la seguridad energética: no es solo para expertos, también impacta su bolsillo

La seguridad energética dejó de ser un debate técnico del sector petrolero y gasífero. Su impacto puede sentirse en tarifas, combustibles y más.

- Crédito: Foto: tomada de redes sociales
Andrés Martín Piñeros
Andrés Martín PiñerosPeriodista
14 MAY 2026 - 19:51Actualizado: 14 MAY 2026 - 20:09

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La seguridad energética se convirtió en uno de los temas más sensibles para Colombia para los próximos años, pero este 2026 también resulta relevante por lo que significa para Colombia el mundo de los hidrocarburos.

Aunque suele parecer un asunto reservado para expertos, su impacto toca la vida diaria de millones de personas, desde el precio del gas en los hogares hasta el costo de la electricidad, el transporte, la producción de alimentos y el funcionamiento de la industria.

Esta semana, varios gremios del sector hidrocarburos presentaron una hoja de ruta con propuestas para el próximo gobierno, advirtiendo que Colombia enfrenta riesgos crecientes en abastecimiento y que la discusión ya no puede limitarse a expertos o empresarios.

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La razón se traduce en que si un país pierde capacidad para producir energía suficiente, eso termina reflejándose en precios más altos, importaciones costosas y presión sobre la economía nacional.

¿Qué es la seguridad energética y por qué importa en Colombia?

La seguridad energética es la capacidad de un país para garantizar que hogares, empresas, hospitales, transporte e industria tengan acceso continuo a energía suficiente, confiable y a precios sostenibles. Aunque suena como un concepto lejano, está directamente conectado con actividades cotidianas como cocinar con gas, cargar combustible, usar electricidad o recibir bienes producidos por fábricas que dependen de estos recursos.

En el caso colombiano, el tema es mucho más relevante porque los hidrocarburos siguen siendo esenciales. El petróleo y el gas todavía sostienen buena parte del consumo energético y además son un motor importante de ingresos fiscales, exportaciones y regalías para las regiones.

Por eso, cuando se habla de seguridad energética, no se trata únicamente de reservas subterráneas o contratos petroleros. También se habla de cuánto puede costar la energía en el futuro y qué tan preparado está el país para evitar crisis de abastecimiento.

El ABC del problema: por qué se encienden las alertas

El documento presentado por Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Naturgas, Campetrol, ACGGP y otros gremios parte de un dato que ha generado preocupación en los últimos años: Colombia tiene reservas probadas de petróleo para 7,2 años y de gas para 5,9 años, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

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La cifra no significa que en ese tiempo se apagará la producción, pero sí que, si el país no encuentra nuevas reservas o no incrementa su producción, dependerá cada vez más de comprar recursos en el exterior.

En 2025, la producción nacional de gas cayó 17,1 %, mientras la de petróleo disminuyó 3,4 %. A la vez, el 25 % del gas que hoy se comercializa en Colombia ya proviene de importaciones. Esa combinación prende alarmas porque implica menor autosuficiencia y mayores costos.

Para entenderlo de manera sencilla, es como una familia que cada año gasta más de sus ahorros, pero deja de generar nuevos ingresos. En algún momento deberá endeudarse o depender de terceros. En el caso del país, esa dependencia se traduce en importar energía más cara.

¿En qué está fallando Colombia?

Uno de los factores señalados por el sector es la caída de la inversión exploratoria pues entre 2022 y 2025, la inversión en búsqueda de nuevos yacimientos se redujo 42 %. Eso contrasta con lo que ocurre en países como Brasil, Argentina, Ecuador y Perú, donde se han promovido nuevos contratos y apertura a capital internacional.

A esto se suman problemas de orden público y conflictividad social porque los gremios reportaron que durante 2025 se registraron 1.363 bloqueos a operaciones, más de 580 atentados a oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas. Estos hechos afectan la continuidad operativa y encarecen el negocio.

También pesa la incertidumbre regulatoria ya que la discusión sobre transición energética ha generado dudas entre inversionistas sobre la continuidad de proyectos y las condiciones para desarrollar nuevos contratos en el país.

¿Por qué esto puede afectar su bolsillo?

La seguridad energética no es solo un asunto de empresas petroleras. Cuando un país produce menos energía y debe importar más, los costos suelen aumentar. Esos incrementos pueden terminar impactando el precio del gas domiciliario, los combustibles y, en algunos casos, incluso productos básicos que dependen del transporte o de procesos industriales.

Si el gas importado resulta más costoso, ese mayor valor puede trasladarse a usuarios residenciales, comercios y sectores productivos. Lo mismo ocurre con combustibles que son esenciales para movilizar alimentos, carga y transporte público.

Por eso, aunque el término suene lejano, una menor seguridad energética puede terminar sintiéndose en la factura del hogar o en el costo de vida.

Las propuestas del sector hidrocarburos

Ante este panorama, los gremios propusieron una serie de medidas para fortalecer el sistema energético del país. Una de las principales es reactivar la exploración y producción mediante la asignación de nuevas áreas y contratos con reglas claras para inversionistas.

También plantean una política tributaria más estable, que reduzca la carga fiscal del sector y mejore la competitividad frente a otros mercados regionales. Otra recomendación es agilizar licencias ambientales y consultas previas, argumentando que muchos proyectos enfrentan retrasos que afectan su viabilidad.

El documento también pone sobre la mesa el desarrollo de yacimientos no convencionales, especialmente en el Valle Medio del Magdalena. Según los gremios, estos recursos podrían convertirse en una alternativa para ampliar reservas y garantizar abastecimiento futuro.

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Uno de los puntos más controversiales es precisamente el impulso a recursos no convencionales como shale gas y shale oil. El sector sostiene que el desarrollo de estas reservas podría duplicar las actuales de petróleo y aumentar de forma importante las de gas.

El argumento es que Colombia podría reducir la dependencia de importaciones y mantener estabilidad energética durante las próximas décadas. Sin embargo, este sigue siendo uno de los temas más sensibles del debate nacional. Sectores ambientales y comunidades han cuestionado proyectos de fracking por sus posibles impactos sobre agua, suelo y ecosistemas.

La transición energética y el papel del gas

Los gremios insisten en que la transición energética debe ser gradual y no puede desconocer el rol actual de los hidrocarburos. Su planteamiento es que las energías renovables y los combustibles fósiles deben coexistir mientras el país fortalece su capacidad de generación limpia.

En esa discusión, el gas natural aparece como una pieza clave pues más de 36 millones de colombianos dependen de este servicio en sus hogares y actividades productivas. El documento también resalta proyectos como Sirius, que según el sector podrían cubrir hasta el 40 % de la demanda nacional en la próxima década y aliviar el riesgo de escasez.

El sector hidrocarburos sigue siendo uno de los pilares de la economía colombiana. Entre 2021 y 2025 aportó en promedio 4,2 % del PIB nacional, representó 16,6 % de la inversión extranjera directa y más del 30 % de las exportaciones del país.

Eso significa que la discusión no solo tiene impacto en energía, sino también en empleo, regalías y recursos públicos para salud, educación e infraestructura.

Por eso, la seguridad energética empieza a perfilarse como uno de los temas que más peso tendrá en el debate económico y político del próximo gobierno. La pregunta ya no es solo cómo avanzar hacia energías limpias, sino cómo hacerlo sin que el país termine pagando más por depender de recursos que antes producía dentro de su propio territorio.

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