Llevaron a Ramón Jesurún ante la Fiscalía: la razón de la querella contra el presidente de la FCF
El episodio llevó al sindicato a presentar una querella penal contra Ramón Jesurún, presidente de la entidad, y Ana María Laspriella Steevens, secreta

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) buscaba reunirse con los integrantes de la Selección Colombia de mayores durante la concentración que el equipo realizó en Estados Unidos en septiembre del 2026. La organización pretendía hablar con los jugadores sobre sus condiciones laborales y los avances de la negociación colectiva, pero la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) negó la solicitud. Ese episodio llevó al sindicato a presentar una querella penal contra Ramón Jesurún, presidente de la entidad, y Ana María Laspriella Steevens, secretaria general.
La acción fue anunciada por Acolfutpro el 27 de octubre y quedó dirigida a la Fiscalía General de la Nación. La organización considera que la negativa de la Federación pudo vulnerar los derechos de reunión y asociación sindical, conducta contemplada en el artículo 200 del Código Penal colombiano. En su comunicado, el gremio aseguró que la decisión afectó “de forma directa nuestro derecho constitucional de asociación”.
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La petición que originó el desacuerdo había sido enviada el 14 de septiembre del 2026 a Jesurún y al presidente de la Dimayor. Según la información publicada por el sindicato, el encuentro estaba previsto para realizarse presencialmente con los futbolistas convocados al combinado nacional durante la fecha FIFA en territorio estadounidense.
¿Por qué Acolfutpro denunció a Ramón Jesurún ante la Fiscalía?
El propósito de la reunión no se limitaba a un acercamiento entre representantes sindicales y deportistas. Acolfutpro quería informar a los jugadores sobre los asuntos pendientes de la negociación colectiva con las entidades que dirigen el fútbol colombiano, explicar los alcances de un acuerdo entre la FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), entregar material de la asociación y recoger inquietudes sobre las condiciones de trabajo de los futbolistas.
La organización sustentó su solicitud en un acuerdo laboral firmado el 24 de marzo del 2025 en Barranquilla, con participación del Ministerio del Trabajo. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, ese documento contemplaba espacios de diálogo entre el gremio y los jugadores.
🚨 @FCF_Oficial y @Dimayor dejan plantado al @MintrabajoCol del presidente @ABDELAESPRIELLA Los directivos del fútbol colombiano le hicieron un nuevo desplante a ese ministerio al excusarse para no asistir a la mesa de negociación convocada para este 11 de noviembre por la viceministra de Relaciones Laborales, @MoradJuliana con la que esa cartera busca soluciones a la conflictividad sociolaboral y garantizar el derecho a la negociación colectiva. Con esta actitud, la FCF y la Dimayor reinciden en pisotear la negociación colectiva. Por si fuera poco, persisten en sus sistemáticas violaciones a nuestra libertad sindical. ¿Tolerará el gobierno de Abelardo De la Espriella que la FCF y la Dimayor pasen por encima del Ministerio del Trabajo y sigan vulnerando los derechos laborales de los futbolistas? ¡Exigimos respeto y garantías reales para la negociación colectiva! ⚽🇨🇴 @nlopezfuentes @FIFPRO @FIFProAmerica @cutcolombia @MinDeporteCol @juligu0204 @jrestrp
— ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 11, 2026
La Federación rechazó la petición. Según la respuesta que conoció la prensa, la FCF argumentó que la organización sindical que solicitaba el encuentro no era la misma que había suscrito el acuerdo del 2025, debido a la existencia de un nuevo registro sindical. También sostuvo que el compromiso de facilitar espacios de diálogo se había cumplido con una reunión realizada en octubre de ese año.
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Acolfutpro no comparte esa interpretación. Para el sindicato, el derecho de los futbolistas a mantener contacto con sus representantes no puede limitarse a un único encuentro. Por eso, en su comunicado afirmó que el bloqueo “no constituye un hecho aislado”, sino una “conducta sistemática” que, según su versión, se ha presentado durante distintas concentraciones de la Selección Colombia.
¿Qué otros antecedentes menciona el sindicato contra la Federación?
Acolfutpro señaló tres episodios anteriores en los que, según su denuncia, también encontró dificultades para reunirse con los integrantes del equipo nacional. Los casos corresponden a las concentraciones realizadas en Río de Janeiro, Brasil, en el 2021; Nueva Jersey, Estados Unidos, en el 2022; y Valencia, España, en el 2023. Sobre esos antecedentes, la asociación sostuvo que se habría configurado un patrón “demostrando un patrón orientado a obstaculizar nuestra labor”.
El sindicato también incluyó en sus reclamos las diferencias que mantiene con la Federación por la negociación colectiva y las acciones judiciales relacionadas con su registro sindical. En el comunicado, expresó: “Esto se suma a otras conductas antisindicales por parte de la FCF, entidad que, a lo largo de los años, ha vulnerado reiteradamente nuestro derecho a la negociación colectiva y ha emprendido acciones judiciales orientadas a atacar a nuestra organización, incluso demandando nuestro registro sindical.
“Acolfutpro exige que las autoridades competentes investiguen a fondo estos hechos. Nuestro objetivo es que se establezca la responsabilidad penal e individual de los directivos implicados y se garanticen, de una vez por todas, los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales en Colombia”.
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¿Qué sanciones contempla el artículo 200 del Código Penal?
La norma establece penas de uno a dos años de prisión y multas de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien impida o perturbe una reunión lícita, obstaculice el ejercicio de derechos laborales o tome represalias por una huelga, reunión o asociación legítimas. El artículo contempla sanciones más altas, de tres a cinco años de prisión y multas de 300 a 500 salarios mínimos, cuando se presentan determinadas circunstancias agravantes previstas en la ley.
La presentación de la querella no significa que los directivos hayan sido declarados responsables de un delito. La Fiscalía deberá examinar los hechos denunciados y establecer si existe fundamento para avanzar en una investigación penal. Acolfutpro pidió que se determine la eventual responsabilidad individual de Ramón Jesurún y Ana María Laspriella Steevens.

