Crónica de una avalancha anunciada: condenan al Estado por tragedia de Mocoa
La tragedia de 2017 dejó más de 700 muertos y destruyó puentes, vías y barrios completos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo de primera instancia que marca un hito en la historia judicial del país: declaró responsable al Estado colombiano por la tragedia de Mocoa, ocurrida por una avalancha la noche del 31 de marzo de 2017, cuando el desbordamiento simultáneo de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco dejó una devastación sin precedentes.
La avalancha arrasó 17 barrios, dejó más de 700 personas muertas, destruyó infraestructura esencial, colapsó vías, puentes, redes de acueducto y alcantarillado, y dejó miles de damnificados que aún hoy padecen las consecuencias.
Entre las entidades demandadas figuran la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), CORPOAMAZONÍA, el Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo.
De acuerdo con el Tribunal, las entidades incurrieron en omisiones graves al no actuar frente a múltiples advertencias científicas y técnicas que señalaban el alto riesgo de avalancha. El Tribunal concluyó que la tragedia era previsible y evitable si las autoridades hubieran actuado conforme a sus obligaciones legales en gestión del riesgo.
Para el Tribunal no se hizo nada para prevenir la tragedia de Mocoa en 2017. Colprensa
Una de las tragedias más graves del país
La avalancha ocurrió tras una torrencial lluvia que incrementó dramáticamente el caudal de los ríos. En menos de tres horas, varios sectores de Mocoa quedaron completamente destruidos. Las imágenes de la época mostraron casas tapiadas por el lodo, vehículos arrastrados cientos de metros y familias que lo perdieron todo.
Un informe posterior de la Procuraduría y organismos internacionales reveló que:
La ciudad ya había sido incluida en estudios de amenaza por avenida torrencial.
Existían solicitudes desde 2012 para implementar sistemas de monitoreo y alarma, que nunca se instalaron.
Las zonas afectadas habían sido clasificadas como de alto riesgo no mitigable.
89.000 millones para reparar a las víctimas
El monto que deberán cancelar las entidades por esta acción de grupo deberá cubrir indemnizaciones por daño moral y material, reparación a familiares de víctimas mortales , compensación a sobrevivientes con lesiones permanentes y restauración de bienes afectados.
El Tribunal también exhortó al Gobierno a acelerar las obras inconclusas del plan de reconstrucción, que avanza con retrasos desde hace más de siete años.
El fallo puede ser apelado
Aunque se trata de una decisión de primera instancia, se espera que las entidades involucradas apelen ante el Consejo de Estado, lo que podría extender el proceso judicial por varios meses más.
Para las familias, sin embargo, este fallo representa un reconocimiento a años de lucha para que el Estado aceptara su responsabilidad.
Ocho años después de la tragedia no todas las viviendas han sido terminadas. Colprensa
A siete años, Mocoa sigue esperando
Aunque el Gobierno ha invertido recursos en viviendas y obras de mitigación, la reconstrucción avanza lentamente. Barrios enteros continúan inhabitables y muchas familias siguen en albergues o viviendas provisionales.
Organizaciones sociales del Putumayo señalaron que este fallo debe servir para evitar que tragedias anunciadas vuelvan a repetirse en un país donde muchos de los municipios tienen riesgos similares.
