Violencia en el Suroeste antioqueño rompe récords y revive el fantasma del control armado por el oro y la droga
Una de las regiones más prósperas y turísticas de Antioquia, enfrenta hoy uno de los periodos más violentos de la última década.
El nuevo Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño 2025 revela un drástico aumento de homicidios, desplazamientos y violencia sexual, impulsado por la disputa entre grupos armados por el control de la minería ilegal y las rentas del narcotráfico. Andes y Betulia concentran las cifras más alarmantes.
El Informe presentado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, la Corporación Vamos Mujer, la Corporación Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), el territorio se ha convertido nuevamente en escenario de guerra por el control del oro, la coca y las rentas ilegales.
El informe fue presentado por 5 organizaciones en Medellín. Instituto Popular de Capacitación
El documento alerta sobre un recrudecimiento de la confrontación armada que tiene a comunidades campesinas, indígenas, mujeres y niños en medio del fuego cruzado. La violencia no solo se refleja en los homicidios, sino también en la expansión paramilitar, la violencia sexual y el desplazamiento forzado.
Cifras que preocupan
De acuerdo con los datos de la Policía Nacional analizados hasta el 30 de agosto de 2025, los 253 homicidios registrados en la subregión ya superan el total del año anterior (245), y el cierre de octubre dejó aún más víctimas.
El epicentro del horror está en Andes, donde los asesinatos pasaron de 20 a 60 en menos de diez meses, y en Betulia, que casi triplicó sus casos (de 11 a 29).
“No se trata de disputas solamente de plazas de vicio, sino que van por una renta que es muy grande, que es la minería del oro. Esto ocurre porque es más rentable la minería ilegal que los cultivos de coca”.
Carlos Zapata, presidente del IPC
La minería ilegal presenta un crecimiento que preocupa a las organizaciones sociales. Colprensa
El oro, el nuevo botín de guerra
Las organizaciones sociales advierten que el Bloque Edwin Román Vásquez de las AGC (Clan del Golfo), con presencia histórica en la región, ha extendido su poder hacia los territorios de Cartama y San Juan, donde controla operaciones extractivas ilegales y corredores estratégicos para el tráfico de minerales.
En paralelo, estructuras de La Oficina del Valle de Aburrá, como La Terraza y San Pablo, buscan disputar esos mismos espacios, generando un escenario de enfrentamientos y amenazas que ha llevado a un incremento sostenido de los crímenes selectivos y el desplazamiento.
Violencia sexual, desplazamiento y miedo
Entre 2024 y septiembre de 2025 se registraron 419 casos de delitos sexuales, la mayoría contra mujeres, niñas y niños menores de 14 años, lo que representa casi el triple de los reportes de años anteriores.
Las cifras de desplazamiento forzado también se dispararon: solo en el municipio de Andes, las víctimas pasaron de 36 en 2024 a 195 en 2025, reflejando el impacto del conflicto sobre las comunidades rurales.
El informe denuncia además ataques y amenazas contra liderazgos sociales, especialmente mujeres defensoras, líderes ambientales que se oponen al proyecto minero Quebradona en Jericó, y comunidades indígenas como Karmata Rúa y La Mirla, hoy en riesgo de desaparición física y cultural.
Un territorio en disputa
Las organizaciones advierten que la población civil se ha convertido en el “primer territorio en disputa” de los grupos armados. Los recolectores de café, los niños y adolescentes instrumentalizados, y las mujeres víctimas de explotación sexual son quienes sufren con mayor crudeza las consecuencias de la guerra que vuelve a extenderse en las montañas del Suroeste.
“Las autoridades locales aún no dimensionan lo que está ocurriendo en estas zonas. Se están disparando las denuncias por abusos sexuales, hay un escenario que da cuenta de un deterioro social y de unas posibilidades de cambiar la vocación económica en la región”.
Carlos Zapata , presidente del IPC
Un llamado urgente al Estado
Las organizaciones convocantes hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales para que refuercen la presencia institucional, implementen medidas de protección colectiva y avancen en estrategias reales de prevención y justicia.
El informe concluye con una advertencia: si no se toman acciones inmediatas, el Suroeste antioqueño podría convertirse en un nuevo epicentro del conflicto armado en el país, donde la minería ilegal reemplaza a la coca como motor de violencia y despojo.
