Aumento del salario mínimo empieza a presionar el precio del transporte público en las ciudades
Asocapitales advierte que el aumento del salario mínimo ya presiona los costos del transporte urbano y podría reflejarse en alzas del pasaje en 2026.
El anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en Colombia en aproximadamente un 23 % para 2026 ha generado reacciones encontradas.
La medida, que ubica el llamado salario vital en $2 millones mensuales, incluido el auxilio de transporte, fue celebrada por sectores sociales que la ven como un avance en la calidad de vida de los trabajadores.
Sin embargo, gremios empresariales y autoridades locales alertan sobre desafíos económicos significativos derivados de este incremento.
En medio de las conclusiones de analistas y voceros del sector público, uno de los más vocales ha sido la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que desde el inicio ha advertido que el efecto del ajuste salarial no se quedará solo en los bolsillos de los trabajadores, sino que tendrá un impacto directo en servicios esenciales como el transporte público urbano.
🇨🇴 ¿Subir el salario mínimo 23% es un acto de justicia… o un experimento de populismo económico en Colombia?
— José Manuel García Suárez (@JoseMaGarciaSua) December 30, 2025
Petro llevó el mínimo a $2 millones (con auxilio), por encima de la inflación, de los empresarios y hasta de lo pedido por los sindicatos.
¿Qué hay detrás de la cifra?… pic.twitter.com/8rzOhvHMwn
Transporte urbano bajo presión financiera
Según Asocapitales, el transporte público de las principales ciudades del país se enfrenta a una nueva carga económica tras conocerse el aumento del salario mínimo. El gremio sostiene que entre el 40 % y el 55 % de los costos operativos de estos sistemas corresponden a salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social, todos directamente indexados al salario mínimo.
Esto significa que, con la nueva base salarial, los costos de operación se incrementan automáticamente, incluso sin cambios en la flota, las rutas o la frecuencia del servicio.
Ese impacto no es menor. Asocapitales estima que el ajuste salarial podría traducirse en alrededor de $200 adicionales en el pasaje urbano, un monto que se sumaría a los ajustes tarifarios ya previstos para 2026.
Cali: más déficit y recursos locales
En Cali, el efecto del incremento salarial se suma a un panorama ya complejo para el sistema MIO. Las autoridades locales han señalado que este aumento profundiza un déficit estructural histórico, obligando al municipio a destinar mayores recursos públicos para sostener la operación, evitar presiones tarifarias o prevenir una reducción en la calidad del servicio.
Medellín: equilibrio financiero en jaque
En Medellín, aunque el Sistema Integrado del Valle de Aburrá presenta un mejor equilibrio financiero, las autoridades advierten que el aumento de los costos laborales impactará la operación de buses alimentadores, tranvía y personal de estaciones. Esto podría traducirse en mayores transferencias públicas o en la reprogramación de inversiones futuras.
Bogotá: presión sobre el Fondo Tarifario
En la capital del país, donde opera el sistema de transporte masivo más grande de Colombia, la subida del salario mínimo ejerce una presión significativa sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria. El Distrito tendrá que ampliar su esfuerzo fiscal anual para garantizar la continuidad del servicio sin afectar a los millones de usuarios que lo utilizan diariamente.
Cartagena y ciudades intermedias: riesgo fiscal
Ciudades más pequeñas como Cartagena enfrentan un panorama aún más delicado. Al tratarse de sistemas de transporte de menor escala y con limitada capacidad fiscal, el aumento del salario mínimo eleva rápidamente los costos operativos y genera riesgos de desbalance financiero, advierten desde Asocapitales.
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Más factores que agravan la situación
La alerta de Asocapitales no se limita al impacto del salario mínimo. El gremio advierte que este fenómeno se suma a otras presiones económicas estructurales, entre ellas:
El aumento de los precios de los combustibles, que encarece el gasto operativo.
Los costos de mantenimiento de la flota, en constante alza.
Las tasas de interés más altas, que encarecen la financiación de inversiones.
Las variaciones en la demanda del servicio, asociadas a cambios en los patrones de movilidad urbana.
Este conjunto de factores configura un escenario de presión acumulada sobre las finanzas locales, obligando a los gobiernos municipales a priorizar recursos públicos para sostener servicios esenciales sin trasladar todo el impacto económico al usuario final.
Mirada general: ¿beneficio neto o costo adicional?
Mientras el presidente Gustavo Petro en la alocución trasmitida el 29 de diciembre anunciaba el incremento del salario mínimo vital como una herramienta para reducir la pobreza, dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sectores como el transporte urbano advierten que las decisiones de política laboral deben ir acompañadas de estrategias fiscales que mitiguen efectos colaterales en los servicios públicos.
Los próximos meses serán clave para observar cómo estas tensiones entre política social y sostenibilidad financiera se traducen en decisiones concretas por parte de las autoridades locales y del Gobierno nacional, en un contexto marcado por debates económicos y un calendario electoral en desarrollo.
