Riesgos en la reforma del Sistema General de Participaciones, según Asocapitales

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se pronunció respecto al proyecto de Ley Orgánica de Competencias presentado por el Gobierno Nacional, que busca modificar el Sistema General de Participaciones, mecanismo mediante el cual se transfieren recursos del gobierno central a las regiones. Según la organización, una descentralización efectiva requiere una delimitación clara de competencias y la garantía de recursos suficientes para su implementación.

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Asocapitales advirtió que avanzar con una reforma que no considere estos aspectos esenciales podría ampliar las brechas sociales, afectar la gestión de los entes locales y generar nuevas obligaciones sin respaldo financiero. “Lo contrario significaría profundizar las desigualdades, debilitar aún más la capacidad de gestión local, y condenar a las capitales (…) a asumir nuevas obligaciones sin respaldo financiero suficiente”, indicó la entidad.

En diciembre se dio luz verde al Proyecto de Acto Legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones - Crédito: Ministerio del Interior

Aunque el gremio reconoce la importancia de una reforma en este ámbito, señaló que el momento actual del país no sería el más adecuado para tramitar un proyecto de esta magnitud. Además, destacaron que el articulado de la ley fue puesto a conocimiento de las capitales recién el 5 de septiembre, sin exposición de motivos y con una extensión de 201 artículos.

Por otro lado, Asocapitales resaltó la falta de precisión en la asignación de competencias entre la Nación y los entes territoriales, advirtiendo que esta ambigüedad puede generar vacíos legales y administrativos. Como ejemplo, señalaron la indefinición de funciones para los distritos, pese a que el proyecto contempla la derogación de normas clave como las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.

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El documento también advierte que no se detalla cómo se repartirán los recursos necesarios para cubrir tanto las responsabilidades actuales como las nuevas obligaciones establecidas por el acto legislativo 003 de 2024 y el proyecto de ley. Entre los aspectos más críticos se encuentra la ampliación de la cobertura educativa, lo que representa mayores costos para los gobiernos locales.

Asimismo, se cuestionan los mecanismos de coordinación incluidos en la propuesta, que, según Asocapitales, restringen la autonomía de las autoridades territoriales. “Se crean mecanismos de coordinación que limitan la autonomía local”, señala el comunicado, en referencia a la conformación del Consejo Superior de Autonomía y Descentralización sin la participación de los entes territoriales.

📢 #Comunicado | Para @Asocapitales, el anteproyecto de Ley de Competencias representa un retroceso en la autonomía territorial.
Reiteramos que una verdadera apuesta por la descentralización debe garantizar:
✅ Recursos suficientes
✅ Competencias claras y delimitadas

De lo… pic.twitter.com/lC66EAkdj4

— Asocapitales (@Asocapitales) September 21, 2025

Otra inquietud se centra en la falta de precisión del articulado, dado que numerosas decisiones se postergan a futuras reglamentaciones sin supervisión parlamentaria ni garantías claras. La organización advirtió que esto equivale a otorgar un “cheque en blanco”, considerado inapropiado para una reforma estructural.

A pesar de estas reservas, Asocapitales mantiene su disposición al diálogo técnico, aunque advierte que, si los puntos señalados no se solucionan antes del inicio de los debates, recurrirán a los mecanismos institucionales disponibles.

Encuentro de representantes de Asocapitales en Bogotá - Crédito: Asocapitales

Finalmente, Asocapitales hizo un llamado al Gobierno Petro para la creación de una mesa de trabajo que permita debatir las modificaciones al proyecto antes de su radicación en el Congreso.

“Advertimos que, si los espacios de discusión técnica con el Gobierno Nacional resultan insuficientes, y los elementos aquí señalados son trasladados al Congreso de la República sin ser resueltos, recurriremos a todos los mecanismos disponibles para incidir positivamente en una redacción que responda a las verdaderas necesidades de los territorios, las ciudades y su población”, señalaron desde la organización.

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El plazo para la aprobación definitiva de la ley de competencias es de 24 meses desde la sanción de la reforma al SGP, fijando como fecha límite enero de 2027. Sin embargo, este tiempo efectivo se reduce, ya que queda menos de un año de la actual legislatura y en 2026 se instalará un nuevo Congreso, lo que podría dificultar el avance del proyecto.