Petro defiende millonario pago de abogados en EE. UU. para salir de la 'lista Clinton'
La contratación, cuestionada por varios sectores, está siendo investigada por la Procuraduría para verificar su legalidad y transparencia.
El presidente Gustavo Petro aceptó utilizar recursos públicos para pagar abogados personales que lo defenderán ante la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la “lista Clinton”. La contratación incluye también a su esposa, Verónica Alcocer, y fue suscrita directamente con la firma internacional Amadeus Consultancy Limited, por un valor de 10.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de enero a abril de 2026.
La decisión del mandatario ha generado un intenso debate en Colombia. Políticos de oposición, medios de comunicación y ciudadanos han cuestionado la legalidad y la necesidad de destinar fondos estatales a la defensa personal del presidente.
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Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles . Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no se cuántas cosas más , apátridas. https://t.co/ejx8xVOvlh
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2026
Petro defiende el gasto y lo relaciona con la oposición
El presidente defendió públicamente la contratación este sábado 17 de enero. Según él, el gasto se originó por las visitas de líderes opositores a Estados Unidos, donde, según Petro, se buscaban acciones en su contra. “Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió en su cuenta de X.
Con estas declaraciones, Petro respondió a las críticas de la periodista Salud Hernández, quien cuestionó que el presidente pareciera considerar al Estado como su banco personal. Petro aseguró que los abogados buscan protegerlo a él y a su familia de acciones externas motivadas políticamente, derivadas de su inclusión en la lista Clinton.
El mandatario también defendió el costo del contrato, argumentando que los 10.000 millones de pesos equivalen a los gastos generados por las acciones de la oposición en Washington y Miami, que según él buscaban desestabilizar su gobierno.
Contrato millonario bajo investigación de la Procuraduría
El contrato con Amadeus Consultancy Limited se realizó mediante contratación directa y con cargo al Presupuesto General de la Nación. Ante los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para verificar si se cumplieron los principios y requisitos de la normativa de contratación estatal.
La denuncia inicial fue presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien señaló que el servicio jurídico, considerado gratuito por el abogado Daniel Kovalik, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario financiado con recursos públicos, sin que hasta el momento haya una explicación clara sobre su necesidad, cuantía o procedimiento de contratación.
La investigación busca determinar si la suscripción del contrato directo se ajustó a la ley y si la utilización de fondos públicos estaba justificada en este contexto, además de evaluar si hubo detrimento del patrimonio del Estado.
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Atención: la Presidencia de @petrogustavo acaba de contratar a una firma de abogados por 10 mil millones de pesos para que lo asesore y defienda por su inclusión en la Lista Clinton (OFAC).
— Germán Ricaurte (@german_ricaurte) January 11, 2026
¡10 mil millones de nuestros impuestos destinados a una defensa personal!
Esto es un… pic.twitter.com/fxLNlI9mmo
Críticas políticas y mediáticas al mandatario
La decisión de Petro ha generado fuertes reacciones de diferentes sectores. La periodista Salud Hernández calificó el contrato como un abuso:
“Creen que el Estado es su banco. Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil millones! para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton en solo cuatro meses. Este gobierno es abusivo y corrupto”.
El economista y candidato a la Cámara Germán Ricaurte también cuestionó el uso de recursos públicos y aseguró que Petro deberá responder fiscal y disciplinariamente por esta decisión. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal sostuvo que los colombianos no deberían asumir los costos de lo que calificó como “favorecer criminales” y criticó la gestión del mandatario frente al narcotráfico.
El Presidente @petrogustavo confirma la denuncia que hicimos desde la @UGastoHormiga: usó 10.000 millones de pesos de nuestros impuestos para contratar a los abogados por su inclusión en la lista Clinton. Es un completo abuso y los haremos responder fiscal y disciplinariamente. https://t.co/7lW54XK4Pu
— Germán Ricaurte (@german_ricaurte) January 17, 2026
La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, polarizando la opinión pública y generando debates sobre los límites del uso de recursos estatales en la defensa legal de altos funcionarios ante procesos internacionales.
Este caso se suma a la serie de polémicas que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro y plantea un cuestionamiento central: ¿hasta qué punto es justificable que el Estado asuma gastos legales de carácter personal? Mientras tanto, la Procuraduría continúa evaluando la legalidad y transparencia del proceso, y la discusión política y mediática en Colombia sigue en aumento.
