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Se le acabó el privilegio: hermano de Daniel Quintero tendrá que ir a la cárcel

Está vinculado a una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Miguel Quintero y su hermano Daniel. - Crédito: Foto: Redes sociales
Felipe Villamizar M.
Felipe Villamizar M.Periodista
30 OCT 2026 - 17:25Actualizado: 30 OCT 2026 - 17:26

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La situación judicial de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cambió después de que un juez penal del circuito de Medellín revisara la decisión que le permitía permanecer privado de la libertad en su domicilio. Al resolver una apelación de la Fiscalía General de la Nación, el despacho revocó esa medida y ordenó su traslado a un establecimiento carcelario.

Quintero está vinculado a una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El expediente comprende negocios jurídicos por más de 17.657 millones de pesos y un posible detrimento patrimonial calculado por la Fiscalía en más de 2.481 millones.

¿Por qué la Fiscalía pidió que Miguel Quintero fuera trasladado a una cárcel?

La decisión inicial se conoció el 2 de octubre, cuando el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín le impuso detención domiciliaria. La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana habían solicitado que permaneciera en un centro carcelario, pero el juez consideró que podía continuar privado de la libertad en su residencia mientras avanzaba la investigación.

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La Fiscalía apeló esa determinación. Durante la sustentación del recurso, la fiscal María Teresa Gómez argumentó que la detención en casa no impedía que Quintero mantuviera comunicaciones con otras personas y que, según la hipótesis del ente acusador, los contactos y los intermediarios habrían sido fundamentales para ejecutar las conductas investigadas.

La representante del ente investigador también expuso posibles riesgos de interferencia en el proceso. Entre los elementos mencionados estuvieron las comunicaciones entre los investigados, los registros de visitas a personas vinculadas con el expediente y presuntos ofrecimientos dirigidos a testigos. Esos señalamientos hacen parte de los argumentos presentados por la Fiscalía y no constituyen hechos establecidos mediante una condena.

El Área Metropolitana, reconocida como víctima dentro del proceso, también apeló la decisión. La entidad respaldó la solicitud de una medida intramural y pidió que se revisara la situación de Sebastián de Dios Ortega Urán, quien no recibió una medida privativa de la libertad en la primera instancia.

¿Qué investiga la Fiscalía en los contratos de Bomberos de Itagüí?

El expediente comprende seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, relacionados con el fortalecimiento de la institución, la atención de emergencias, la formación bomberil y la adquisición de elementos para atender la pandemia de covid-19.

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Los negocios jurídicos sumaron más de 17.600 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, durante su ejecución se habría producido un detrimento superior a 2.481 millones de pesos mediante presuntos pagos irregulares y favorecimientos en la contratación.

La investigación también contempla conversaciones de WhatsApp y testimonios sobre la manera en que se habrían coordinado las adjudicaciones. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, Quintero habría intervenido en las decisiones pese a no ocupar un cargo dentro del Área Metropolitana. En las conversaciones incorporadas al expediente, los investigadores identificaron referencias a él como "Mr. M" y "nuestro jefe".

¿Qué delitos le imputaron a Miguel Andrés Quintero Calle?

El 15 de septiembre, la Fiscalía le formuló imputación por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. En esa misma actuación fueron vinculados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanesa Álvarez Restrepo, contratista de la entidad, y Sebastián de Dios Ortega Urán. Quintero no aceptó los cargos.

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La investigación corresponde a una nueva etapa de un expediente que ya había llevado a la judicialización de otros funcionarios y particulares. Entre ellos figura Misael Alberto Cadavid, antiguo representante de los Bomberos de Itagüí y uno de los testigos mencionados por la Fiscalía.

Con la decisión de segunda instancia, Miguel Andrés Quintero Calle deberá cumplir la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal. La investigación se mantiene bajo la presunción de inocencia y los cargos formulados todavía deben ser resueltos por la justicia.

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