“La Grosería” que tiene en líos a la Agencia Nacional de Tierras con la Contraloría

La Contraloría General de la República reveló un hallazgo fiscal por $4.161 millones tras identificar graves irregularidades en la adquisición del predio “La Grosería”, ubicado en el municipio de Chimichagua (Cesar), por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 

El terreno fue comprado para incorporarlo al Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral, pese a que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la ley y presentaba múltiples alertas advertidas desde antes de la negociación.

Según el organismo de control, el predio estaba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble. Esta ocupación era de conocimiento previo de autoridades nacionales y locales, así como de la propia ANT, pues había quedado consignada en un Acta de Compromisos firmada entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Unidad de Restitución de Tierras y comunidades campesinas del Cesar. Aun así, y sin verificar la disponibilidad material del terreno, la agencia procedió con la compra.

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La Contraloría señaló que la negociación se dio incluso después de que las autoridades suspendieran desalojos, bajo el argumento de que el predio sería adquirido por la ANT, decisión que se tomó sin haber comprobado la situación jurídica ni el estado real de ocupación. Esta omisión, vulneró los protocolos técnicos y legales exigidos para garantizar que los bienes del Fondo de Tierras estén libres de conflictos de tenencia.

Los terrenos no eran aptos

Además, un análisis técnico determinó que la mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados por el IGAC como improductivos e inadecuados para usos agrícolas, pecuarios o forestales. Dicho terreno no cumple con los criterios de aptitud y vocación productiva establecidos para la Reforma Rural, lo que lo hace inviable para proyectos agropecuarios.

La Contraloría concluyó que la ANT incumplió los artículos 31 y 32 de la Ley 160 de 1994, así como el Decreto 1071 de 2015, al aprobar y ejecutar la compra de un predio sin capacidad productiva, con ocupantes indeterminados y sin condiciones técnicas para su incorporación al Fondo de Tierras.

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Este caso —advirtió el organismo— representa un uso inadecuado de los recursos públicos destinados a cumplir el Acuerdo Final de Paz, afecta la eficiencia económica del Fondo y pone en riesgo la implementación de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del proceso de transformación agraria en el país.

La investigación continúa con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal, y podría derivar en responsabilidades para funcionarios de la ANT encargados de viabilizar y ejecutar la operación.