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24 de septiembre de 2025 - 11:31 a. m.
|Actualizado - 24 de septiembre de 2025 - 1:46 p. m.
La JEP advierte que no hay recursos suficientes para cumplir con las sanciones restaurativas
El tribunal alertó la falta de recursos para la implementación de las primeras dos sentencias sancionatorias emitidas en días pasados.
La JEP pide al Gobierno garantizar presupuesto. - Crédito: X - @JEP_Colombia
El tiempo corre y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un desafío mayúsculo: convertir en hechos concretos las primeras sanciones restaurativas dictadas contra exmiembros de las FARC-EP y militares involucrados en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la advertencia que lanzó la entidad es contundente: no hay dinero suficiente para cumplir lo que ya ordenaron sus jueces.
En una carta fechada el 23 de septiembre y dirigida al presidente Gustavo Petro y a altos funcionarios del Gobierno Nacional, el tribunal de paz reveló que, aunque el Ministerio de Hacienda destinó $20 mil millones a través del Fondo Colombia en Paz, el monto total requerido asciende a $121.858 millones. Dichos recursos son indispensables para poner en marcha los proyectos reparativos derivados de las primeras sentencias emitidas en los macrocasos 01 (toma de rehenes y privaciones de la libertad por parte de las FARC-EP) y 03 (ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el Batallón La Popa, en la Costa Caribe).
Las cifras no mienten. La primera sentencia restaurativa, relacionada con los crímenes cometidos por el antiguo secretariado de las FARC-EP, demanda $35.762 millones. La segunda, que busca reparar a comunidades afectadas por asesinatos y desapariciones atribuidos a militares del Batallón La Popa, requiere $86.096 millones. En total, $121.858 millones que hoy no tienen asegurada su financiación.
La preocupación de la JEP no es menor. En su comunicación, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente del tribunal, y Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo, recordaron que la justicia transicional restaurativa es uno de los pilares de la paz en Colombia, y que sin respaldo presupuestal las medidas corren el riesgo de quedarse en el papel.
Proyectos de memoria y reparación
Los recursos solicitados no son abstractos. Están destinados a iniciativas concretas: un mausoleo con 700 osarios en Valledupar, un plan integral de memorialización en la Costa Caribe, la creación de un Centro de Armonización para el pueblo indígena Kankuamo, además de proyectos de desminado, búsqueda de desaparecidos, infraestructura comunitaria y programas productivos que permitan a las víctimas recuperar dignidad y oportunidades.
Alejandro Ramelli presidente de la JEP. Crédito - X: @JEP_Colombia
Un presupuesto que no alcanza
Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda dispuso $20 mil millones mediante la Resolución 2030 del 20 de agosto, dirigidos a la subcuenta “Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas - ARN” del Fondo Colombia en Paz. Un avance que la JEP valora, pero que apenas cubre una fracción de lo necesario.
El tribunal subraya que el cumplimiento de las sentencias depende directamente de la voluntad política y de la asignación presupuestal en el Presupuesto General de la Nación para 2026, en trámite en el Congreso (Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara y 083 de 2025 Senado).
Falta de decretos y voluntad política
La carta también alerta sobre otra demora: el Ministerio de Justicia aún no expide el decreto de condiciones transversales para la implementación de las sanciones en materia de seguridad, habitabilidad y dignidad, pese a que el texto ya fue consensuado entre las entidades competentes.
“Hoy más que nunca la justicia transicional restaurativa se configura como uno de los principales caminos para consolidar la paz en Colombia”, reiteró la JEP, insistiendo en que sin estos recursos las primeras sentencias restaurativas se verán frustradas, afectando no solo a las víctimas, sino también a la credibilidad del sistema de justicia transicional.
La @JEP_Colombia solicitó al Gobierno y al Congreso $121.858 millones para ejecutar las primeras sentencias restaurativas contra comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública. La asignación inicial de $20 mil millones es insuficiente para poner en marcha proyectos que…
El reto inmediato
La advertencia es clara: si el Estado no asegura el dinero, los proyectos de memoria, reparación y no repetición se detendrán antes de empezar. La JEP confía en que el Gobierno y el Congreso asuman la responsabilidad de garantizar los fondos, no solo por un compromiso legal, sino por la deuda histórica con quienes más sufrieron los estragos del conflicto armado.
En la encrucijada actual, la paz no depende solo de sentencias y acuerdos, sino de recursos reales que permitan transformar las órdenes judiciales en hechos tangibles. La pregunta que queda en el aire es si el país está dispuesto a invertir lo que se requiere para que la justicia transicional cumpla su promesa.
JEP advierte que no hay dinero suficiente para sanciones restaurativas. Crédito - X: @JEP_Colombia
A este panorama se suma la postura del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien se refirió a la solicitud de recursos por parte de la JEP para ejecutar sus sentencias; el jefe del Ministerio Público anotó que la Procuraduría delegada ya había advertido con anterioridad que no existían ni los proyectos ni los dineros y que hubiera sido preferible que se hubieran preparado desde antes.
#Colombia | El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la carta de la JEP dirigida al presidente Gustavo Petro y a altos funcionarios del Gobierno Nacional.
El tribunal de paz reveló que, aunque el Ministerio de Hacienda destinó $ 20.000 millones a través del Fondo… pic.twitter.com/0FwgCdjm7s
La JEP reitera que sin el dinero requerido, las medidas que buscan resarcir a miles de víctimas del secuestro, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra podrían quedar en el limbo, perpetuando la impunidad y debilitando la confianza en el proceso de paz.
La justicia transicional no se agota en las sentencias; necesita recursos para convertirse en hechos. Y hoy, más que nunca, Colombia enfrenta la disyuntiva de respaldar con presupuesto la promesa de verdad, justicia, reparación y no repetición que hizo a sus víctimas.
Porque sin recursos suficientes, la paz también puede quedarse sin cumplir.
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