Gobierno obliga a incluir personas con discapacidad en contratos públicos: ¿cómo funcionará?
El decreto establece reglas para integrar a esta población en compras públicas y garantizar acceso real a contratos estatales en Colombia.
El Gobierno nacional reglamentó la obligación de las entidades públicas de incluir a personas con discapacidad en los procesos de contratación estatal, una medida que busca ampliar las oportunidades laborales y promover su participación en el sistema de compras públicas.
La decisión quedó consignada en el decreto 0287 de marzo de 2026, que establece lineamientos claros para garantizar este derecho. La normativa fue liderada por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de estructurar las políticas en materia de contratación pública.
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La inclusión laboral de personas con discapacidad toma impulso con cambios en la contratación pública. Redes sociales
Inclusión en contratos estatales
De acuerdo con la reglamentación, los proveedores del Estado que participen en procesos como licitaciones públicas o concursos de méritos deberán vincular a personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus capacidades productivas.
El objetivo es que esta población no solo sea beneficiaria indirecta, sino que tenga un rol activo dentro de la dinámica contractual del Estado. Además, se impulsa la participación directa de empresas y emprendimientos liderados por personas con discapacidad.
Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, explicó que esta medida responde a una obligación legal del Estado.
“Las medidas contenidas en la norma apuntan a cumplir con el mandato de ley que le impone al Estado el deber de fomentar las fuentes de trabajo para las personas en situación de discapacidad”, señaló.
Accesibilidad como requisito obligatorio
El decreto también establece que todas las entidades estatales deberán incorporar criterios de accesibilidad en los contratos que celebren, sin importar su régimen de contratación.
Esto incluye a los patrimonios autónomos y a particulares que administren recursos públicos, quienes deberán garantizar que los bienes, obras y servicios contratados sean accesibles para las personas con discapacidad.
Estos criterios deberán quedar consignados desde las etapas iniciales del proceso, es decir, en los estudios y documentos previos, siguiendo las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes.
El decreto promueve la participación de personas con discapacidad en procesos del Estado. Freepik
Lineamientos técnicos y vacíos normativos
En los casos donde no existan normas específicas aplicables, la entidad estatal tendrá la responsabilidad de diseñar una ficha técnica con criterios de accesibilidad, ajustados a cada proceso contractual.
El propósito es evitar vacíos que limiten la inclusión y asegurar que todas las contrataciones contemplen condiciones adecuadas para esta población.
Las categorías de discapacidad a tener en cuenta serán las definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, buscando la mayor cobertura posible.
Seguimiento y cifras en Colombia
La Colombia Compra Eficiente será la encargada de hacer seguimiento a la implementación del decreto, con el fin de evaluar su impacto y nivel de adopción en las entidades públicas.
Para ello, consolidará la información reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y elaborará informes anuales que permitan medir los avances de la medida.
Según cifras del DANE, en el país hay más de 1.300.000 personas con discapacidad, y cerca de la mitad se encuentra en edad productiva, entre los 15 y 59 años.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca cerrar brechas de acceso al empleo y garantizar que la contratación pública se convierta en una herramienta efectiva de inclusión social.
*Con información de Colprensa.
