"Con la Declaración buscamos proteger los derechos de los ciudadanos": Jairo García
El experto en seguridad, Jairo García, señala que con el documento buscarán con el gobierno entrante, alternativas de seguridad para la ciudadanía.
Jairo García, reconocido experto en seguridad y orden público en Colombia y quien ha ocupado altos cargos en el sector público destacándose como secretario de Seguridad de Bogotá y Cali y viceministro de Defensa, lidera actualmente un grupo de destacadas personalidades y entidades que firmaron la ‘Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia’.
En diálogo con Minuto60, señaló que el pronunciamiento colectivo busca redefinir de manera estructural una nueva estrategia institucional del Estado frente a los complejos desafíos de la delincuencia y el control territorial con el próximo gobierno, el cual se definirá el próximo domingo, entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Según explicó, la iniciativa nace desde el consenso y la convergencia de múltiples sectores especializados del país.
Es una declaración que hacemos desde múltiples conocimientos y miradas de varias organizaciones de la sociedad civil. Hay centros de investigación, universidades, expertos en los temas de seguridad, de conflicto, y acceso a la justicia”.
Jairo García, experto en seguridad
¿En qué radica la propuesta de seguridad?
El pilar de la propuesta radica en la protección ciudadana bajo un estricto enfoque de derechos humanos. El líder del grupo manifestó con contundencia que “el primer mensaje es que sin duda es que una política de seguridad y de justicia debe estar bajo perspectiva democrática de protección de los derechos de los ciudadanos”.
El exfuncionario señaló que, si bien las instituciones gubernamentales tienen la obligación legal de confrontar a las bandas organizadas, el objetivo final debe traducirse siempre en un beneficio real para la población civil:
Se trata de que haya un efecto positivo y de garantía de los derechos humanos a esos ciudadanos y a esas comunidades más afectadas por esas organizaciones.
Jairo García, experto en seguridad
La declaración propone herramientas de política pública que van mucho más allá de la simple confrontación armada tradicional. El exsecretario de seguridad enfatizó en la necesidad de diversificar las tácticas de control del Estado:
Necesitamos diferentes instrumentos de política y que por eso es tan importante tener una visión para la negociación si llega a darse el caso con unos grupos, pero también va a tener la posibilidad del sometimiento y aplicar todas las capacidades de investigación judicial para afectar a esos grupos de delincuencia organizada que hoy están afectando la tranquilidad, la seguridad y el desarrollo del país.
Jairo García, experto en seguridad
Uno de los puntos más críticos expuestos en el documento es la pérdida de gobernanza territorial por parte de las instituciones legítimas frente a las economías ilegales. García alertó sobre la peligrosa sustitución de las funciones del Estado en los territorios periféricos.
No se trata solamente de una lucha en contra de unas organizaciones delincuenciales sino también de la presencia efectiva del Estado, en la cual la gobernanza institucional es fundamental, porque lo que está sucediendo en el país es que esas organizaciones también están regulando comportamientos, también están resolviendo conflictos”.
Jairo García, experto en seguridad
Frente a este complejo panorama, se propone coordinar esfuerzos con las autoridades locales y departamentales para pactar resultados y construir garantías de derechos humanos reales a corto, mediano y largo plazo. Del mismo modo, debido al carácter transnacional de las rentas criminales de estos grupos, se hace un llamado explícito a lograr el concurso de aliados globales en Norteamérica, Centroamérica, Europa y África. Para lograr esto, indicó que es imperativo robustecer las relaciones diplomáticas bilaterales con los vecinos geográficos y con el contexto internacional.
Un documento que debe ser prioridad para el próximo Gobierno
En cuanto a la evaluación de las políticas públicas de seguridad nacional, el documento sugiere cambiar drásticamente la forma tradicional en que se mide el éxito de las operaciones policiales y militares.
“Si bien es importante hacer seguimiento a los resultados en términos de captura o de incautaciones, o sobre erradicación, también es necesario tener una conversación más amplia sobre otro tipo de indicadores”, afirmó García, argumentando que se debe evaluar el impacto real y cotidiano de estas medidas sobre la reducción de los homicidios y el cese de los enfrentamientos violentos.
Finalmente, el colectivo instó al Congreso de la República, a las Altas Cortes y a la Fiscalía a abrir un debate prioritario para tramitar proyectos de ley y reformas estructurales urgentes.
Entre las prioridades legislativas señaladas se encuentran la obtención de nuevas fuentes de financiación para la justicia, el diseño de normas claras para el sometimiento penal y la actualización integral de la ley de inteligencia nacional, la cual no ha sido reformada en más de una década y requiere adecuarse con urgencia a las nuevas amenazas globales cotidianas. De este modo, se busca que el gobierno entrante cuente con herramientas óptimas que le permitan ejercer una gobernanza institucional real en todo el territorio colombiano.
