Escándalo: millonarios sobornos salpican al Ministerio de Justicia
Cobros de hasta $20 millones por certificados de sustancias químicas destapan una presunta red de corrupción denunciada por el propio ministro.
Una presunta red de corrupción que operaría al interior del Ministerio de Justicia y del Derecho quedó al descubierto tras una denuncia presentada por el propio jefe de la cartera, Andrés Idárraga, quien puso los hechos en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias luego de detectar graves irregularidades en la expedición de certificados oficiales.
Según la información revelada, funcionarios del ministerio estarían cobrando millonarias sumas de dinero a empresas y particulares a cambio de agilizar la expedición o renovación de permisos indispensables para el manejo de sustancias químicas controladas. De acuerdo con los datos que hacen parte de la denuncia, los cobros ilegales alcanzarían hasta los 20 millones de pesos por cada certificado.
Los documentos en cuestión corresponden a los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, un requisito obligatorio establecido en la Ley 30 de 1986 para las personas naturales y jurídicas que producen, almacenan o comercializan precursores químicos. Estos insumos están bajo estricta vigilancia del Estado debido a su posible desvío hacia la fabricación de drogas ilícitas.
La alerta se encendió durante un proceso de empalme adelantado al interior del Ministerio de Justicia. En una carta oficial fechada el 17 de diciembre de 2025, el ministro Idárraga explicó que fue la Oficina de Control Disciplinario Interno la que informó sobre los presuntos hechos de corrupción, tras identificar comportamientos irregulares en el área encargada del control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes.
Ante la gravedad de los hallazgos, el ministro decidió trasladar la información a la Fiscalía General de la Nación, mediante una comunicación enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. En ella solicitó la designación de un fiscal especializado y la conformación de un equipo técnico de investigadores que pueda recibir, analizar y contrastar las pruebas recolectadas por la cartera de Justicia.
El ministro Andrés Idárraga presentó las denuncias ante los organismos de control competentes. Colprensa
El objetivo, señaló el Ministerio, es identificar con claridad a los responsables de estos cobros ilegales y establecer si se trata de una estructura organizada que habría aprovechado la importancia de estos trámites para extorsionar a empresas y ciudadanos, poniendo en riesgo la transparencia institucional y la seguridad del control estatal sobre sustancias sensibles.
De manera paralela, el ministro Idárraga también solicitó la intervención del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que el Ministerio Público ejerza una vigilancia preventiva sobre las actuaciones administrativas relacionadas con estos procesos. La petición busca garantizar que no se repitan prácticas irregulares y que se refuercen los mecanismos de control interno.
Mientras avanzan las investigaciones penales y disciplinarias, el Ministerio de Justicia aseguró que continuará con sus propias indagaciones internas y adoptará medidas correctivas inmediatas para reducir los riesgos de corrupción. Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los ciudadanos y empresas que realizan estos trámites de buena fe, en un sector clave para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
