El martirio que enfrentan pacientes con urgencia de tratamientos oncológicos: ¿quién responde?
Una enfermedad que avanzó mientras la familia intentaba abrirse paso entre remisiones, tutelas y autorizaciones.
Néstor Solano habla de su padre y vuelve una y otra vez a una idea: él conoce la enfermedad, conoce el estado en el que se encuentra y sabe que nadie puede prometerle cómo terminará esta historia. Lo que no acepta es que el deterioro de un paciente pueda convertirse en una consecuencia de trámites que no avanzan.
“Nosotros no somos dueños de la vida”, dice Néstor durante la entrevista a Minuto60. Y enseguida completa: “Nadie es dueño de la vida y nadie puede decidir por tu vida ni por mi vida”.
Su padre había superado un cáncer de próstata 13 años atrás. Después pasó por diferentes entidades de salud hasta llegar a Coosalud. El nuevo capítulo comenzó cuando aparecieron dolores abdominales y otros síntomas que llevaron a nuevos estudios y posteriormente a la atención en la Clínica Cancerológica de Norte de Santander. Allí, según relata Néstor, la oncóloga solicitó los exámenes necesarios para clasificar un posible tumor, una inmunohistoquímica y la valoración de cirugía oncológica.
Ese diagnóstico volvió a poner a la familia frente a una enfermedad que ya conocían, pero esta vez con un escenario diferente. Néstor cuenta que las autorizaciones no se dieron de forma eficiente, según explica. “Las aprobaciones de Coosalud llegaron de forma, digamos, fraccionada”. Una consulta con cuidados paliativos fue autorizada; posteriormente llegó la de nutrición, pero la proteína formulada nunca habría sido entregada.
Para un paciente oncológico la rigurosidad del procedimiento es vital, si las órdenes no se gestionan a tiempo, los medicamentos no están disponibles, los dispositivos esenciales para la ejecución del tratamiento como un catéter, indispensable para la administración de medicamentos, no se suministran a tiempo para las terapias, se rompe una cadena de eslabones de la que depende la atención oportuna, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.
Ante las presuntas fallas en la gestión nombradas anteriormente, la familia empezó entonces a cubrir algunos gastos por su cuenta. Exámenes, productos nutricionales y otros elementos se fueron acumulando mientras esperaban que el tratamiento pudiera comenzar. La situación llegó a un punto en el que, según Néstor, la clínica donde debía recibir atención suspendió tratamientos relacionados con CooSalud por una situación de cartera.
“Ya no teníamos ni el catéter, ni teníamos la cita para las quimioterapias, ni teníamos la cita por cirugía oncológica”, cuenta.
Idas y venidas, a costa de la salud de un paciente
A la espera del suministro del catéter, que, se convirtió en una condición para avanzar con las terapias, y, la presión del tiempo por iniciar el tratamiento, Néstor y su familia contemplaron comprarlo.
“Un catéter vale entre $3.000.000 y $4.800.000. Entonces dijimos, listo. Busquemos soluciones como familia y compramos el catéter”, relata. La cuenta, para él, tenía una lógica: asumir el costo de un dispositivo era una carga enorme, pero podía ser una alternativa frente al valor que supondrían las terapias. “Porque una cosa es un catéter que pueda costar $4.000.000 y otra cosa es una quimioterapia que pueda costar no sé cuántos millones cada 15 días”.
Pero antes de conseguirlo apareció otro problema. Para el procedimiento le solicitaron un hemograma y el resultado mostró una hemoglobina de 6.
Néstor llamó a la oncóloga. Su padre, cuenta, todavía caminaba y había sido hasta entonces un paciente funcional, pero ya no estaba en las mismas condiciones. “Aunque tenía síntomas de salud, hace unas semanas él caminaba todavía, él seguía siendo un paciente totalmente activo, un paciente totalmente funcional, pero, a la espera de la atención, con el paso de las semanas el panorama cambió”. La oncóloga ordenó hospitalizarlo por urgencias.
La primera remisión fue a un puesto de salud. Según el relato de Néstor, allí no lo recibieron. Después fueron enviados a una IPS médico-quirúrgica en Cúcuta. La atención tampoco comenzó inmediatamente porque, de acuerdo con lo que explica, la remisión no especificaba que se tratara de una urgencia vital.
“Lo rechazaron porque él tenía la tensión normal y la saturación normal y esa hemoglobina no era una urgencia”, cuenta. La familia regresó entonces donde la oncóloga para que modificara la remisión y señalara expresamente la urgencia, algo que califica como idas y venidas en consistencia de la información que s etraducen en tiempo crucial del paciente.
El tiempo crucial para el paciente entre trámites y órdenes
Finalmente, el padre de Néstor fue hospitalizado el 13 de agosto para recibir una transfusión. La familia, sin embargo, tuvo que buscar las unidades de sangre.
“Nos fuimos para la clínica San José a buscar las unidades de sangre. No, no hay sangre”, recuerda. Después comenzó a buscar donantes y regresó desde Bogotá. “Conseguimos los donantes”. La Clínica San José, según su relato, facilitó dos unidades para realizar la transfusión.
La transfusión se hizo, pero Néstor describe que su padre no permaneció hospitalizado como él esperaba. “La hospitalización fue una silla de urgencias porque mi papá no tenía una urgencia vital”, relata.
El problema era que el paciente seguía vomitando y, según Néstor, podría presentar 'melenas', un síntoma que indica sangrado en el tracto gastrointestinal. “¿Cómo lo van a sacar en esas condiciones?”, recuerda haber cuestionado.
A la discusión por la hospitalización se sumó el manejo de los síntomas. Néstor explica que la fórmula médica contemplaba tramadol y ondansetrón, pero que en la clínica comenzaron a administrarle metoclopramida, presuntamente, por falta de disponibilidad de medicamentos.
“Y mi papá vomite, y mi papá vomite, y mi papá vomite”, dice al recordar aquellos momentos. La familia insistió en que el medicamento prescrito era ondansetrón.
Ante la situación, Néstor decidió comprar por su cuenta el medicamento. “Yo compré 30 ampollas de Ondansetrol para ver si se las podían administrar para poderlo estabilizar”, afirma.
Cuatro días sin alimentarse
Después apareció otro problema: la alimentación. Néstor cuenta que comenzaron las discusiones sobre qué tipo de soporte nutricional podía recibir su padre mientras existía preocupación por un posible sangrado gástrico. Una alternativa requería valoración y formulación de nutrición. Mientras tanto, los días pasaban. “El domingo cumplía 4 días sin alimentarse”, aseguró durante la entrevista.
Para ese momento, la Superintendencia de Salud ya estaba al tanto del caso. Néstor relata que recibió una llamada en la que le preguntaron cómo seguía su padre. Él respondió que estaba empeorando. Entonces, según su relato, le entidad de seguimiento recibió información de la EPS que no coincidía con lo que estaba viendo la familia.
“¿Sabe que no es mi palabra contra la de la EPS?”, respondió. Y solicitó que se verificara directamente con el banco de sangre de la Clínica San José cuántas unidades habían sido transfundidas a su padre para constrastar la infromación.
La contradicción que describe Néstor no se limitaba a la sangre. También cuestionó información sobre la tolerancia de su padre a la vía oral y otros procedimientos que, según asegura, figuraban como realizados, aunque él sostenía que no habían ocurrido.
Las inconsistencias en la historia clínica que impiden un seguimiento de veeduría
La familia finalmente recibió la historia clínica. Néstor asegura que encontraron episodios que, desde su perspectiva, no estaban registrados. “En la historia clínica no está el episodio del sábado a medianoche donde mi papá hizo un proceso de orientación y no sé cuál es el término científico de ese colapso por desnutrición. Eso no aparece”, afirma.
La situación había cambiado radicalmente respecto de meses atrás. “Mi papá era un paciente funcional hace 90 días”, afirma. Y al hablar de la evolución de la enfermedad, repite una palabra: “Absurda”.
La endoscopia realizada durante esos días encontró, según el relato de Néstor, una obstrucción gástrica total. “El paciente tiene la vía gástrica totalmente obstruida. Totalmente obstruida”. Por lo tanto, se debió atender de forma oportuna el diagnostico.
El traslado a Sanitas no resolvía el problema inmediato
La familia consiguió que Sanitas aceptara el traslado a su EPS, pero la cobertura comenzaría el primero de septiembre. Hasta entonces, Néstor sostiene que la responsabilidad continuaba en manos de Coosalud.
“Hoy por hoy, Coosalud es la absoluta responsable”, afirmó durante la entrevista, al explicar que esa responsabilidad, desde su perspectiva, estaba respaldada por tutelas y por la evolución de la enfermedad.
La nueva atención, sin embargo, no llegó a tiempo para evitar que la familia continuara recurriendo a mecanismos legales. Néstor cuenta que tanto el catéter como la valoración por cirugía oncológica estaban incluidos en la tutela.
Cuando la clínica anunció que comenzaría a ofrecer nuevamente el servicio y citó a su padre para iniciar las quimioterapias, el problema del catéter seguía sin resolverse. “Sin ese catéter no se pueden empezar como tal las terapias. Pues no se pueden llevar a cabo”, explicó. La cita terminó cancelándose.
Néstor insiste en que su cuestionamiento no está dirigido contra los profesionales de la salud como individuos. Durante la entrevista incluso lo dice expresamente: “Yo admiro a los profesionales de la salud. Yo quiero decirte que yo no sé qué pasa”.
Su discusión está puesta en el sistema y en la manera como, según su experiencia, las decisiones administrativas terminan afectando la atención de una persona con una enfermedad grave.
También menciona el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud, aunque asegura que no ha recibido respuestas formales. “Yo tengo los correos, solamente tengo los chats”, dice. “Nadie da una respuesta formal”.
Y es allí donde su relato deja de concentrarse únicamente en autorizaciones, medicamentos o remisiones. Néstor sabe que su padre está enfermo y que el diagnóstico es grave. No está hablando de una promesa de curación.
Está hablando de cómo debe ser tratado un paciente mientras pelea contra una enfermedad. “Yo soy consciente del estado de mi papá. Yo soy consciente de la enfermedad de mi papá”, dice. Después vuelve a la frase que atraviesa toda la entrevista: “Nosotros no somos dueños de la vida”.
Hace una pausa y continúa: “Nadie es dueño de la vida y nadie puede decidir por tu vida ni por mi vida. Un gerente de una IPS no puede decidir por nuestras vidas. Un médico no puede decidir por nuestras vidas”, reflexiona en medio de la situación que atraviesa su familia.
Y termina llevando el reclamo al punto que considera esencial: “La obligación de un médico es ir hasta donde más pueda ser por el paciente. Y, ¿sabes una cosa? Por la dignidad”.
Néstor se plantea un escenario más difícil: un paciente al que le quedan pocos días de vida. Su pregunta no es cuánto tiempo puede ganar la medicina, sino cómo debe vivirse ese tiempo. “Así supieras que le quedaron 5 días de vida, entonces, ¿tú lo vas a dejar sufrir los 5 días o le vas a dar vida digna y que no sufra durante los 5 días?”.
Esa es, al final, la dimensión que Néstor quiere darle a su denuncia. No habla solamente de un catéter que no apareció, de una autorización que llegó tarde, de una transfusión o de cuatro días sin alimentación. Habla de lo que ocurre cuando una familia tiene que convertirse en gestora, abogada, intermediaria y, en ocasiones, los que ejecuten aquello que necesita un paciente mientras la enfermedad continúa avanzando.
Y mientras espera respuestas, mantiene una certeza: la vida de su padre no puede quedar reducida a una casilla pendiente en una lista de trámites.
Intervención de Coosalud por la Superintendencia Nacional
Actualmente, Coosalud enfrenta un conflicto institucional y judicial que afecta su administración y la continuidad de servicios, con intervención estatal y disputas legales sobre el control de la entidad.
La prestadora de servicio fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre del 2024 debido a presuntas irregularidades financieras y deficiencias en múltiples áreas que afectaron la prestación del servicio de salud a los más de 3 millones de afiliados. Además, por un presunto desvío de recursos y fallas administrativas graves.
Durante la intervención, se designaron distintos agentes interventores, pero los indicadores de la EPS se tornaron en perores condiciones: las quejas incrementaron un 32% y las tutelas un 21% entre 2024 y 2025. Además, las cuentas por cobrar pasaron de 66,18 mil millones a 274,7 mil millones de pesos.
La situación ha llevado a la suspensión de servicios programados para los afiliados de Coosalud, lo que ha generado preocupación y quejas de los usuarios. Mientras tanto, familias como la de Néstor continúan a la espera de una respuesta concreta de parte de la prestadora de salud y un seguimiento de los entes regulatorios que identifiquen los hechos que denuncian y podrían poner en riesgo la integridad de su padre.
