Salud Total alerta por incapacidades médicas fraudulentas: a esto se exponen los 'pacientes'
Salud Total reveló más de 4.000 denuncias por presunto fraude con incapacidades médicas. Alterarlas puede tener consecuencias penales.
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Salud Total EPS-S reveló que ha interpuesto más de 4.000 denuncias por presuntos delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud, principalmente por alteración de incapacidades médicas y falsificación documental. La entidad aseguró que mantendrá su política de denunciar estos casos ante las autoridades judiciales.
En su pronunciamiento explicaron que continuarán denunciando este tipo de casos ante las autoridades y recordó que recientemente tomó como ejemplo un proceso judicial en el que una afiliada fue condenada por modificar una incapacidad médica para ampliar los días autorizados por el profesional de la salud.
Aunque la sentencia fue emitida durante 2025, la EPS la presentó para advertir sobre las consecuencias que pueden enfrentar quienes manipulan estos documentos.
El caso es un gran ejemplo porque, según expertos en derecho penal, ocurren con mayor frecuencia de la que muchas personas imaginan y que pueden derivar en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, además de penas privativas de la libertad cuando se comprueba la falsificación de documentos.
¿Qué pasa si altera una incapacidad médica?
Para el abogado penalista Francisco Bernate, consultado por Minuto60, modificar una incapacidad médica puede configurar el delito de falsedad en documento privado, una conducta que en Colombia puede ser castigada con penas de hasta nueve años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.
El abogado explicó que estos procesos son frecuentes porque muchas personas utilizan incapacidades médicas para justificar ausencias en el trabajo, faltar a clases o evitar la presentación de exámenes.
"Son muy recurrentes porque las personas usan las excusas médicas para faltar al trabajo, para faltar a exámenes o a clases. Lo que nos dice esta cifra es que hay una EPS juiciosa que se toma el trabajo de denunciar como corresponde", explicó Bernate.
Además, hizo un llamado a los empleadores para verificar la autenticidad de las incapacidades médicas cuando existan dudas sobre su origen. "Las empresas siempre deben validar las excusas médicas", señaló, al considerar que este control ayuda a prevenir fraudes y evita que documentos alterados produzcan efectos laborales o económicos.
El Decreto 1427 también obliga a reportar estos casos
La advertencia de Salud Total también tiene respaldo en la normativa vigente. El Decreto 1427 de 2022, que reglamenta el reconocimiento y pago de incapacidades de origen común, dedica un capítulo completo a las denominadas situaciones de abuso del derecho.
Allí establece que cuando se detecte una presunta alteración o un posible fraude durante cualquiera de las etapas relacionadas con una incapacidad médica, el caso debe ponerse en conocimiento de las autoridades competentes.
La norma va un paso más allá. En su parágrafo primero dispone que las conductas relacionadas con la presunta alteración de incapacidades, el fraude en la certificación de estos documentos o los cobros realizados con información falsa deberán ser puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con las pruebas disponibles, para determinar si existe un hecho punible que deba ser investigado penalmente.
Más de 4.000 denuncias acumuladas
Según Salud Total, las más de 4.000 denuncias presentadas hasta la fecha incluyen presuntas alteraciones de incapacidades médicas, falsificación documental y otras conductas que afectan la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La entidad aseguró que seguirá fortaleciendo sus mecanismos de auditoría e investigación para identificar posibles fraudes y trasladarlos a las autoridades judiciales.
La EPS también recomendó a los afiliados y empleadores utilizar únicamente incapacidades expedidas por canales oficiales, verificar su autenticidad cuando existan dudas y abstenerse de modificar cualquier documento relacionado con la prestación de servicios de salud. Para la entidad, proteger los recursos del sistema es una responsabilidad compartida entre usuarios, empresas, prestadores y autoridades.
