El insólito pronunciamiento del 'Clan del Golfo' tras hallazgo de mina ilegal cerca de base militar
El hallazgo de minería ilegal cerca de una base militar en Antioquia desató una inesperada reacción del ‘Clan del Golfo’ y abrió nueva polémica.
Un nuevo episodio de controversia sacude al país tras la revelación de una operación de minería ilegal a escasos metros de una base militar en Antioquia, un hecho que tomó un giro inesperado luego del pronunciamiento del Clan del Golfo, que reaccionó públicamente a las denuncias.
La información fue divulgada por el diario estadounidense The New York Times, que expuso la existencia de una explotación aurífera a cielo abierto cerca del Cantón Militar del Batallón de Infantería N.° 31 ‘Rifles’, ubicado en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.
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El New York Times reportó que Estados Unidos compra oro del grupo criminal más grande Colombia y lo vende como propio. Colprensa
Un hallazgo que encendió las alertas
La investigación se apoyó en el trabajo del fotoperiodista Federico Ríos Escobar, quien detectó la mina durante sobrevuelos en la zona. Según su documentación, la explotación ilegal se habría expandido progresivamente hasta ubicarse muy cerca de las instalaciones militares.
Ríos visitó en varias ocasiones el yacimiento conocido como La Mandinga para registrar la magnitud de la actividad. En ese proceso, obtuvo información que indicaba que el oro extraído ilegalmente en este lugar estaría ingresando a circuitos comerciales internacionales.
En una de sus visitas, un trabajador de la mina le advirtió que la operación había avanzado hasta terrenos del batallón. Posteriormente, el periodista comprobó que los rastros de degradación ambiental se encontraban a unos 130 metros de la base militar. Tras ser consultado, el comandante del batallón, identificado como el coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la presencia de la mina en esa zona, hasta que las evidencias presentadas por el reportero confirmaron lo contrario.
La reacción del ‘Clan del Golfo’
Horas después de la publicación del reportaje, el Clan del Golfo difundió un comunicado en el que se refirió directamente a las acusaciones.
“En su edición dominical del 26 de abril, el diario estadounidense The New York Times publica un tendencioso informe escrito por Federico Ríos, en donde se sindica al Ejército Gaitanista de Colombia de ser propietario de una mina de oro”, señaló la organización en el documento.
En el mismo pronunciamiento, el grupo negó tener control directo sobre la explotación minera: “Lo decimos de manera enérgica, no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos”.
La organización también cuestionó el titular del medio internacional y rechazó la denominación con la que es conocida: “No somos el Clan del Golfo, pero como intentan relacionarnos con esta denominación, salimos al paso de las falsedades que se publican con frecuencia”.
Sin embargo, uno de los apartes que más llamó la atención fue el reconocimiento indirecto de cobros asociados a estas actividades: “No somos los dueños de la minería ilegal ni de otras economías ilícitas. Situación diferente es que se cobre un impuesto a estas actividades”.
El comunicado concluye con un llamado a debatir sobre las economías ilegales en el país, en un mensaje firmado “desde las montañas de Colombia”.
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Pronunciamiento de la Séptima División del Ejército frente a la minería ilegal en La Mandinga. Archivo particular
Reacciones del Gobierno y las Fuerzas Militares
Tras la publicación del reportaje, el Ministerio de Defensa y la Séptima División del Ejército emitieron comunicados en los que anunciaron la adopción de medidas frente a la actividad ilegal detectada.
Las autoridades señalaron que se adelantarán investigaciones para establecer responsabilidades y determinar cómo una operación de esta magnitud pudo desarrollarse tan cerca de una instalación militar. El caso ha generado cuestionamientos sobre el control territorial y la capacidad de respuesta del Estado en regiones donde operan estructuras armadas y economías ilícitas.
Operativos contra la minería ilegal
En medio de este contexto, el Ejército Nacional reportó avances en la lucha contra la minería ilegal en otras zonas del país. En la vereda El Llano, en el municipio de Victoria, fueron capturadas seis personas en flagrancia por explotación ilícita de yacimientos mineros.
Durante el operativo se incautaron y destruyeron equipos utilizados en estas actividades, incluyendo retroexcavadoras, motobombas y estructuras de clasificación.
La operación fue liderada por unidades militares con apoyo de inteligencia y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un esfuerzo conjunto para combatir este tipo de delitos. Según las autoridades, estas acciones representaron una afectación económica cercana a los 667 millones de pesos, además de la interrupción de una producción ilegal estimada en 200 gramos diarios de oro.
De acuerdo con los reportes, esta actividad generaba ingresos millonarios para estructuras criminales, lo que evidencia el impacto económico de la minería ilegal en el país.
Pronunciamiento del ‘Clan del Golfo’ sobre la actividad en La Mandinga. Archivo particular
Impacto ambiental y desafíos
Más allá del componente económico, la explotación ilegal de oro ha dejado una huella significativa en el medio ambiente. En las zonas intervenidas se evidencian procesos de deforestación, alteración del paisaje y afectaciones en fuentes hídricas.
Expertos advierten que la recuperación de estos ecosistemas podría tardar más de 30 años, lo que representa un reto adicional para las autoridades y comunidades.
El caso de Cáceres vuelve a poner en evidencia la complejidad de enfrentar la minería ilegal en Colombia, especialmente en territorios donde convergen factores como la presencia de grupos armados, la debilidad institucional y la falta de oportunidades económicas.
Mientras tanto, el pronunciamiento del Clan del Golfo añade un nuevo elemento de debate, al dejar abiertas preguntas sobre su papel en estas economías y el nivel de control que ejercen en regiones estratégicas.
El episodio no solo ha generado controversia, sino que también ha reavivado la discusión sobre la necesidad de fortalecer las estrategias contra las economías ilícitas y mejorar la presencia estatal en zonas críticas del país.
