Carlos Ramón González: residencia en Nicaragua y respuestas del Gobierno colombiano

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), enfrenta graves cargos por corrupción relacionados con el escándalo de los carrotanques de la UNGRD.

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Un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su prisión preventiva al determinar indicios de cohecho, peculado por apropiación y posible lavado de activos. Las investigaciones apuntan a que dirigía un esquema para desviar fondos millonarios y sobornar a congresistas a cambio de apoyo político para la administración Petro. Desde mediados de 2024 se encuentra fuera del país, presuntamente residiendo en Nicaragua, lo que representa una crisis institucional para el oficialismo y la justicia colombiana.

La controversia: residencia legal tramitada el día de la imputación

El 21 de mayo de 2025, el mismo día que fue imputado por la Fiscalía, la Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó la renovación de su residencia legal en ese país. Según documentos revelados, la Cancillería solicitó que se renovara su estatus migratorio con la mención de que González llevaba en Nicaragua desde noviembre de 2024. El trámite se produjo en un periodo de transición diplomática, ya que el embajador anterior había renunciado y el nuevo aún no había asumido, lo que genera dudas sobre la legitimidad del proceso.

El presidente Gustavo Petro, a través de X, aseguró que “el Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”. Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores, también declaró que no participó ni fue informada sobre la solicitud de residencia. Por su parte, la Cancillería, bajo la dirección de Rosa Villavicencio, ratificó que no dio instrucción alguna a la embajada y anunció que el caso será remitido a control disciplinario.

Gustavo Petro y Carlos Ramón González Colprensa

Documentos y versiones oficiales

La contradicción entre la carta diplomática y las declaraciones oficiales ha generado desconfianza pública. Los documentos evidencian una intervención activa por parte de la Embajada para regularizar la residencia de un prófugo de la justicia, justo el día de su imputación. Este desfase entre los hechos y la narrativa del Gobierno ha alimentado la percepción de un posible encubrimiento institucional.

En la cancillería de Colombia no hay ninguna solicitud de otorgamiento de residencia del señor Carlos Ramón Gonzalez,
al gobierno de Nicaragua.

Le ruego a los medios aclarar su noticia, pues no compromete al gobierno de Colombiahttps://t.co/HKUQ8ccSMT

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

Repercusiones políticas: críticas y denuncias

La controversia por la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González ha generado un fuerte terremoto político en Colombia, intensificando la confrontación entre el Gobierno y la oposición. Sectores del Centro Democrático y otros partidos de línea crítica con el presidente Gustavo Petro han acusado al Ejecutivo de utilizar canales diplomáticos para favorecer a un prófugo de la justicia.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, denunció que este episodio constituye una clara “obstrucción de la justicia”, advirtiendo que, de confirmarse la intervención del Estado, podría configurarse un precedente grave de manipulación institucional para garantizar la impunidad de aliados políticos.

Por su parte, el representante Daniel Briceño anunció que radicará denuncias formales por prevaricato y fraude procesal ante la Procuraduría General y la Fiscalía, señalando directamente a los funcionarios de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua que participaron en el trámite. Briceño insistió en que “no es casualidad” que la renovación de la residencia ocurriera el mismo día de la imputación judicial.

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La senadora María Fernanda Cabal fue aún más lejos, calificando la actuación del Gobierno como una “acción criminal” orientada a proteger a un prófugo de alto perfil político. Según Cabal, este caso no solo erosiona la credibilidad institucional en el plano interno, sino que también debilita la imagen de Colombia en el ámbito internacional, al proyectar la idea de un país que respalda a sus exfuncionarios investigados por corrupción.

Desde la oposición, la situación ha sido definida como una “burla a la justicia”, una muestra de doble rasero en el combate a la corrupción y una señal preocupante para la independencia de los poderes públicos. Analistas políticos señalan que el episodio podría convertirse en un nuevo foco de presión para el Gobierno Petro en el Congreso, donde ya se estudian posibles debates de control político y mociones de censura para exigir responsabilidades.