Periodista Digital
Nuevo ataque a activistas venezolanos: Ana Karina García denuncia persecución y pide ayuda a Petro


La defensora de derechos humanos venezolana Ana Karina García, directora de la fundación Juntos se Puede, denunció un nuevo hecho de intimidación y hostigamiento contra su equipo de trabajo en Bogotá.
Según relató la activista en su cuenta de la red social X, su asistente fue interceptada por dos hombres presuntamente venezolanos a pocas cuadras de su vivienda. Los agresores le preguntaron si trabajaba con García y con la fundación, y al confirmar su vínculo, le quitaron violentamente el teléfono celular antes de huir del lugar.
Mi asistente fue interceptada por dos hombres venezolanos. Le preguntaron si trabajaba conmigo y en la Fundación Juntos se Puede. Al responder que sí, le quitaron el celular. Ella se encuentra bien.
Ana Karina García, activista venezolana
García aseguró que este hecho no es aislado. Desde agosto, una camioneta con placas venezolanas ha sido vista merodeando tanto la sede de la organización como su residencia. Según lo que ha informado, esto forma parte de un patrón de seguimiento y hostigamiento contra activistas venezolanos exiliados en Colombia.
Ante la gravedad de la situación, pidió la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y del presidente Gustavo Petro, solicitando medidas de protección para su equipo de trabajo, su familia y su persona.
“Solicito formalmente protección para mi equipo, mi familia y para mí. Esta realidad, luego del atentado del lunes en Bogotá contra dos activistas venezolanos, nos genera enorme preocupación por la vida e integridad de quienes somos perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, advirtió.
Protestas para pedir seguridad para refugiados venezolanos en Colombia. Crédito: Colprensa
Creciente hostigamiento
El ataque denunciado por García ocurre solo tres días después del atentado a tiros del lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá, en el que resultaron heridos los activistas venezolanos Yendri Velásquez, defensor LGBTIQ+, y Luis Peche, asesor político. Ambos sobrevivieron y permanecen bajo custodia policial.
Según testigos, los agresores efectuaron más de 14 disparos desde un vehículo que fue abandonado unas cuadras más adelante. El hecho generó preocupación en la comunidad venezolana y fue calificado por la opositora María Corina Machado como una “escalada inédita de violencia política”.
#URGENTE‼️
Denuncio y condeno el atentado perpetrado este lunes 13 de octubre en Bogotá, Colombia, contra los activistas venezolanos de derechos humanos Yendri Velásquez (@yendrive) y Luis Peche (@LuisPecheVE), perseguidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro.… https://t.co/NPnA8F38e6
Tanto Velásquez como Peche habían denunciado amenazas previas de grupos identificados como miembros del Tren de Aragua, quienes les advirtieron que “si seguían actuando en Colombia por la libertad de Venezuela”, atentarían contra ellos.
El atentado que destapó el drama
El atentado contra Yendri Velásquez no solo expuso los riesgos de seguridad que enfrentan los activistas venezolanos en Colombia, sino también el limbo migratorio en el que viven miles de exiliados que buscan protección. Velásquez, baleado el lunes en Bogotá, llegó al país en septiembre de 2024 y esperaba desde hace un año una respuesta a su solicitud de refugio. Su caso no es aislado: de acuerdo con cifras presentadas por organizaciones civiles en junio, más de 28.000 venezolanos esperan una decisión de la Cancillería.
Mientras tanto, enfrentan trabas para acceder a un contrato laboral, abrir una cuenta bancaria o afiliarse al sistema de salud. A Velásquez, detenido por el régimen de Nicolás Maduro en agosto de 2024 y con el pasaporte anulado, le ha sido imposible regularizar su situación. Diversas ONG venezolanas han denunciado que los mecanismos de protección en Colombia son deficientes y que el país no cuenta con una política migratoria integral.
El drama de los refugiados venezolanos en Colombia. Foto: Redes sociales
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que, pese a algunos avances, la política del Gobierno Petro hacia los migrantes venezolanos “se encuentra estancada”. En un reciente informe, señaló que no se han implementado estrategias duraderas que garanticen estabilidad ni derechos plenos a quienes huyen de la persecución.
La Cancillería, por su parte, ha respondido que el sistema de refugio enfrenta un “colapso injustificado” y ha acusado a parte de los solicitantes de ser migrantes económicos. Sin embargo, organizaciones como Alerta Venezuela y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierten que el problema radica en la falta de claridad política del Estado colombiano frente a la represión del régimen de Maduro. “Es complejo para Petro mantener un diálogo con Maduro y a la vez reconocer que hay gente migrando de manera forzosa”, explicó Laura Dib, de WOLA.
Crecen los ataques y la desprotección de exiliados venezolanos en Colombia. Crédito - X: @fjuntossepuede
La socióloga Ligia Bolívar recordó que Colombia, por su historia y su frontera común de 2.200 kilómetros, “debería ser el principal refugio para los venezolanos perseguidos”, pero hoy enfrenta una crisis de protección.
Ni Yendri, ni Peche, ni yo, ni miles de perseguidos estamos en Colombia por las sanciones de EEUU, sino por el apartheid politico que nos impuso Maduro. Acéptenos por lo que somos, presidente @petrogustavo: personas con necesidad de protección internacional https://t.co/b8TzOuMVm0
El propio presidente Gustavo Petro reiteró esta semana que “Colombia garantiza el derecho de asilo”, aunque activistas y académicos aseguran que las demoras y los rechazos de visado desmienten ese discurso.
Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela
El peesidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndóle daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con… https://t.co/COxTKzchgC
Falta de protección para los exiliados
La organización Provea alertó el 14 de octubre sobre la desprotección y el limbo institucional que viven los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, especialmente aquellos con antecedentes de persecución política.
De la desprotección al ataque:
El atentado contra el defensor venezolano Yendri Velásquez en Bogotá, refleja la indefensión de quienes huyen de Venezuela ante la brutal represión de Nicolás Maduro.
Advierte nuestra investigadora @ligiabolivar a @lasillavacia.
Los migrantes… pic.twitter.com/8naGCSracY
Provea señaló que, bajo la actual administración, se eliminaron la Gerencia de Fronteras y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), herramientas esenciales para acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT).
“Esta falla impide brindar protección internacional efectiva y reproduce situaciones de riesgo en el país receptor”, denunció la organización.
Más de 450.000 venezolanos están en un limbo migratorio en Colombia.
Las promesas de integración del presidente Gustavo Petro se quedaron en discurso.
La migración venezolana es una realidad regional que exige respuestas urgentes, humanas y duraderas.
El cierre del Registro… pic.twitter.com/vMa1qgBlFH
Exigencias de acción inmediata
Ana Karina García reiteró que su organización Juntos se Puede, que ofrece acompañamiento a migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad, requiere garantías efectivas de protección ante un contexto cada vez más hostil. También aseguró que la organización seguirá prestando todos los servicios con normalidad, después del hostigamiento recibido.
Anunciamos que a pesar de los hechos acontecidos el día de ayer, la @fjuntossepuede prestará servicios con normalidad, para seguir atendiendo a los migrantes, refugiados y retornados que así lo necesiten. (16/10/2025) https://t.co/oBnL63ViKd
Hasta el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado oficialmente sobre este nuevo episodio de intimidación. La activista insistió en que los ataques recientes evidencian un patrón de persecución política transnacional que pone en riesgo a líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos venezolanos refugiados en Colombia.
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