Gobierno ajusta el rumbo del Metro de Bogotá hacia una visión urbana y ambiental

Históricamente, el debate sobre el Metro de Bogotá se ha centrado en si la obra debía ser elevada o subterránea, un tema que generó fuertes discusiones entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía y expertos en infraestructura. Sin embargo, recientemente la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que el foco debe estar en cómo mitigar los impactos urbanos negativos derivados de la construcción y operación del sistema.

“Ya no se trata de insistir en si el metro debe ser elevado o soterrado, sino de identificar desde el inicio los impactos, escuchar a las comunidades y ajustar los planes para maximizar beneficios y reducir afectaciones”, señaló Rojas durante el foro Estructuración de proyectos de transporte orientado al bienestar de las personas.

Así van los avances de la línea del metro de Bogotá - Crédito: Metro de Bogotá

Avances y retos ambientales del proyecto

La primera línea del Metro, que conecta Bosa con el centro financiero y posteriormente llegará hasta la calle 100, se contrató en 2019 y tiene un avance aproximado del 60 %, con operación prevista para marzo de 2028. Este trazado beneficiará principalmente a los estratos 1, 2 y 3, además de contar con 10 estaciones intermodales que promoverán la integración con otros sistemas de transporte.

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Rafael Herz, vicepresidente de Estructuración de la Financiera de Desarrollo Nacional, destacó aspectos ambientales como la reducción de emisiones contaminantes y la renovación del espacio público bajo el viaducto, que incluirá cicloparqueaderos y mejor conexión con las ciclorrutas. Sin embargo, advirtió que se debe prestar atención a las áreas entre estaciones, pues su desvalorización podría afectar el tejido social y ambiental de las comunidades cercanas.

La ministra de Trasporte reconoció que medir la rentabilidad social y ambiental de estas obras no es sencillo, especialmente en territorios sin antecedentes de infraestructura a gran escala. “Hay que cambiar procesos, metodologías y hasta la forma de contratar y supervisar para garantizar que la infraestructura realmente mejore la vida de la gente,” afirmó. Asimismo, recordó casos donde la falta de este enfoque ocasionó efectos contrarios a los esperados, como la depreciación de espacios públicos.

Soluciones para minimizar el impacto urbano y ambiental

Liliana Ospina Arias, viceministra de Infraestructura, puntualizó que ya se identifican impactos negativos en zonas como la avenida Caracas, un corredor fundamental para el metro.

Esto permite actuar de manera preventiva para que el proyecto no solo reduzca los tiempos de viaje, sino que también impulse el desarrollo económico, la seguridad y la valorización ambiental y urbana de los predios a su alrededor, explicó.

La ministra informó que hasta ahora se han identificado 18 puntos críticos en el metro elevado que fueron señalados por la ciudadanía, lo que refuerza la necesidad de una intervención cuidadosa y sostenible.

Vista general de los avances en la construcción del Metro con columnas y viaductos elevados en zona urbana - Crédito: Metro de Bogotá

Impactos en la movilidad y el entorno urbano

El proyecto también ha generado controversias por las estaciones temporales de TransMilenio, que durante la construcción de la avenida Caracas consistieron en estructuras metálicas que impactaron visual y ambientalmente el sector. Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, aseguró que las estaciones definitivas contarán con mejores diseños y mayor capacidad, además de conexión intermodal con la línea 1 del metro.

Asimismo, la construcción de las troncales de conexión, como las avenidas 68, Ciudad de Cali y carrera Séptima, ha afectado la movilidad y seguridad de las comunidades. Según una encuesta de Bogotá Cómo Vamos, habitantes del área reportaron preocupación por calles oscuras, acumulación de residuos y suspensión de rutas, lo que afecta la calidad ambiental y social del entorno.

Entre las inquietudes resaltan la pérdida del tejido social en barrios tradicionales, impactos negativos en el comercio local y problemas ambientales relacionados con inundaciones, aguas residuales y contaminación, además de la falta de claridad sobre la continuidad de servicios públicos.