¿Pueden proteger a TransMilenio de bloqueos? Concejales discuten polémica propuesta
Mientras el Distrito evalúa modificaciones al protocolo para intervenir en protestas, dos concejales consultados por Minuto60 dan su punto de vista.
El debate sobre cómo regular las protestas que afectan la movilidad en Bogotá tomó relevancia este viernes, en medio de una discusión pública promovida por la Administración Distrital para poner límites a manifestaciones que generan disturbios y caos, especialmente en el sistema TransMilenio.
La discusión surgió luego de que se conociera un documento oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el cual estudia una modificación del Decreto 053 de 2023 que regula el protocolo para las protestas, y así tener más herramientas para impedir bloqueos al sistema de transporte público de la ciudad.
“La medida prioriza la protección del sistema TransMilenio, la movilidad urbana y los derechos de quienes no participan en las movilizaciones, en medio de un intenso debate político sobre el equilibrio entre la protesta social y el acceso a servicios públicos esenciales”, dice un aparte del documento.
En ese contexto, varios concejales han expuesto sus conceptos sobre la manera en que la ciudad debe equilibrar la posibilidad de manifestarse con los derechos fundamentales de quienes usan el transporte público para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud o cumplir compromisos cotidianos.
Minuto60 consultó a dos voces representativas del Concejo de Bogotá, Heidy Sánchez y Juan David Quintero, quienes expresaron puntos de vista complementarios, pero desde ópticas distintas.
Lo que plantea Juan David Quintero
El concejal Juan David Quintero sostuvo una posición más centrada en la protección de los derechos de los usuarios de TransMilenio. “No más bloqueos”, afirmó, al señalar que cerrar las troncales del sistema público de transporte representa una violación masiva de derechos fundamentales como el de trabajar, estudiar o acudir a una cita médica.
Quintero respaldó expresamente la modificación del Decreto 053 que estudia la Secretaría de Gobierno y recordó que, hace meses, presentó un proyecto de acuerdo para garantizar que no se puedan bloquear las troncales de TransMilenio durante las protestas.
En su opinión, la protesta debe ser una herramienta legítima, pero no puede implicar la suspensión de servicios públicos esenciales que afectan a miles de ciudadanos.
La visión de Heidy Sánchez
Por su parte, la concejal Heidy Sánchez coincidió en que la regulación del derecho a la protesta merece revisión, pero advirtió que las movilizaciones no se realizan “por deporte”, sino como una respuesta a necesidades concretas y no atendidas por las autoridades. Afirmó que, aunque nadie está de acuerdo con los bloqueos a TransMilenio, la protesta ciudadana forma parte de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y la Corte Constitucional.
Según indicó, muchos ciudadanos recurren a protestas como último recurso cuando no obtienen respuestas institucionales a problemas como la falta de servicios básicos. “Si una persona lleva una semana sin agua y ninguna entidad responde, los vecinos van a buscar formas de llamar la atención para que se solucione el problema”, explicó.
Para ella, más que “domesticar” las manifestaciones, lo importante es mejorar los canales de atención y respuesta del Gobierno Distrital y Nacional para evitar que las protestas se tornen en bloqueos que afecten otros derechos, como la locomoción.
Por su parte, la concejal Heidy Sánchez cuestionó la propuesta de modificar decretos para regular la intervención de la fuerza pública en manifestaciones.
— Minuto60 (@minuto60com) February 27, 2026
Asegura que, aunque nadie respalda bloqueos a TransMilenio, la protesta es un derecho protegido por la Corte Constitucional… pic.twitter.com/U7CHP8fbt5
Un debate con matices
El debate muestra la complejidad entre dos perspectivas legítimas: por un lado, la protección del derecho a manifestarse como una herramienta democrática de expresión ciudadana; por otro, la salvaguarda de derechos fundamentales individuales de quienes dependen del sistema de transporte para sus actividades diarias.
Ambos concejales coinciden en que la situación actual exige una reflexión seria sobre la normativa vigente, pero difieren en la forma de abordar el equilibrio de derechos. El reto para Bogotá será encontrar mecanismos que respeten la protesta y, al mismo tiempo, eviten que los bloqueos afecten de manera indiscriminada la movilidad y la vida cotidiana de la ciudadanía.
