Desfase en contratos de la alcaldía de Galán para esterilizaciones de animales de compañía en Bogotá, Contraloría prende alarmas

Las jornadas de esterilización gratuitas en Bogotá han venido en aumento en todas las localidades de la ciudad. Programas que son financiados tanto por las alcaldías locales como por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Esta última entidad estuvo sujeta, recientemente, a una auditoría de la Contraloría Distrital por los contratos para cumplir con este programa.

Minuto60 conoció el informe de auditoría financiera y de gestión publicado el 26 de septiembre de 2025 y en el cual el ente de control estableció un total de 4 hallazgos con responsabilidad fiscal por más de $ 487 millones.

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Firma de contratos en 2024

La auditoría del ente de control estuvo centrada en cuatro contratos firmados en octubre de 2024: 926, 927, 928 y 929, los cuales sumaron entre todos más de $ 3.800 millones para esterilizar en cuatro zonas de la ciudad. Los contratos fueron firmados durante la última semana de octubre, les adicionaron recursos y tuvieron un tiempo de ejecución de seis meses.

Estos programas de esterilización de animales de compañía están enfocados en atender a las familias de estratos 1, 2 y 3, así como a la población de perros y gatos en condición de habitabilidad de calle. Según el informe, con los recursos habrían practicado más de 18.000 procedimientos de esterilización en la ciudad con un valor promedio cercano a los $ 210.000 c/u, incluido el valor del microchip de identificación.

Sobrecosto en los procedimientos

En los estatutos de contratación pública en Colombia quedó establecido que cada entidad está obligada a llevar a cabo una licitación pública para contratos superiores a la mínima cuantía que son cerca de $ 200 millones. Para dicha licitación debe quedar definido un procedimiento denominado estudios del sector, por medio de ese mecanismo cada entidad debe demostrar cuánto costaría el servicio que pretenden contratar.

El informe de la Contraloría señala que Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) pidió dos cotizaciones y se basó en los contratos firmados por las alcaldías locales para establecer el monto que tendría cada una de las esterilizaciones según las zonas.

En este punto, el ente de control encendió las alertas: “la entidad omitió estudiar sus propias licitaciones de años anteriores para hacer un estimado en el valor de cada procedimiento”. Esto, para la Contraloría, habría afectado el valor definido en los contratos de 2024.

La Contraloría estableció que ante la eventual irregularidad en el procedimiento administrativo del Instituto, la ciudad pagó entre $ 25.000 y $ 27.600 pesos de más por cada una de las 18.000 esterilizaciones. Así serían las cuentas:

El informe concluye que las personas encargadas de elaborar dichos contratos habrían incurrido en deficiencias en la planeación de los contratos por lo que configuraron hallazgos administrativos y fiscales con posible incidencia disciplinaria.

Conclusiones informe Contraloría. Minuto60

Calculando las diferencias entre lo establecido por el Instituto y el valor que debieron definir, en concordancia con los cálculos de la Contraloría, el Distrito pagó $ 488 millones adicionales en el total del plan de esterilizaciones. Un valor que habría permitido llevar  a cabo 3.200 procedimientos adicionales.

¿Qué dice la entidad?

Consultado por Minuto60, el Instituto manifestó, a través de una respuesta escrita que, se presentó un Plan de Mejoramiento ante la Contraloría de Bogotá frente a los hallazgos de la vigencia 2024 y aseguró que se está trabajando para evitar que se repitan estas situaciones.

(...)las observaciones de la Contraloría se refieren exclusivamente a los contratos de esterilización auditados de la vigencia 2024 y en ningún caso a contratos suscritos o ejecutados durante el año 2025.

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

La entidad también aseguró que se están realizando acciones internas para mejorar los procesos de contratación y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos.

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