La vía que prometía descongestionar el norte de Bogotá hoy está bajo la lupa: destapan presuntas irregularidades

El proyecto Accesos Norte a Bogotá, pieza estratégica para mejorar la movilidad de miles de vehículos que entran y salen de la capital, quedó en el centro de una tormenta política y judicial. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia denunció presuntas irregularidades en la Unidad Funcional 3 (Variante de Chía–Carretera de Los Andes), que podrían derivar en un millonario detrimento patrimonial para el municipio de Chía.

El volteo de tierras, el primer campanazo

Uno de los hallazgos más delicados tiene que ver con el Acuerdo 100 de 2016 (RE-POT de Chía), aprobado de manera presuntamente irregular. Según el secretario de transparencia Andrés Idárraga, de allí se desprendería un fenómeno de volteo de tierras con más de 200 casos detectados, en el que estarían comprometidos concejales, exalcaldes, notarios y altos funcionarios de la administración municipal.

Este anuncio está asociado a un presunto volteo de tierras pero que termina en beneficio al parecer, de los empresarios de la concesión vial, del acceso norte. Es preciso recordar qué, la Secretaría de Transparencia hacia el mes de febrero recibió una serie de denuncias, asociadas a posibles irregularidades en torno del acceso norte, inicialmente de carácter ambiental, pero decidimos empezar a buscar como principalmente nos corresponde en materia contractual que estaba sucediendo.

Accesos Norte, en la mira de la Secretaría de Transparencia. Crédito - Instagram: @accenorte

Nuestro proyecto avanza: La unidad Funcional 3 – Troncal de los Andes descongestionará la Av. Pradilla del municipio de Chía y mejorará la movilidad para todos los habitantes. pic.twitter.com/JYCQ9j4ECl

— Concesión AcceNorte S.A.S. (@Accenorte) January 19, 2021

El convenio en la lupa

Otro punto crítico es el Convenio Interadministrativo 019 de 2017 entre el municipio de Chía y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Según la Secretaría, dicho acuerdo podría ser nulo porque se habría permitido la entrega gratuita de terrenos públicos locales para el desarrollo de una vía nacional dentro de una Alianza Público-Privada (APP) sin aportes de recursos públicos. En otras palabras: bienes de los ciudadanos habrían pasado a manos del proyecto sin contraprestación clara. Idárraga aclaró:

Estamos hablando de una APP de iniciativa privada sin recursos públicos.

La vía que prometía descongestionar el norte de #Bogotá hoy está bajo la lupa: El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, denunció un entramado de volteo de tierras, anomalías contractuales y entrega indebida de bienes públicos en Chía.

El caso ya está en la Fiscalía. pic.twitter.com/ETYWZJQjVo

— Minuto60 (@minuto60com) August 27, 2025

El eco en los entes de control

El secretario de Transparencia fue enfático al señalar que la información ya fue trasladada a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

Este análisis busca revelar, con rigor y objetividad, las posibles irregularidades que rodean el proyecto Accesos Norte. El país puede tener la certeza de que avanzaremos en la búsqueda de solución que cumpla con la ley, en aspectos ambientales, económicos y sociales, en beneficio de la ciudadanía, especialmente de los habitantes de Chía y sus alrededores, mientras la justicia establece si existen responsabilidades disciplinarias y penales.

Y agregó que lo expuesto podría configurar delitos como prevaricato por acción y omisión, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, cohecho impropio e incluso peculado por aplicación oficial diferente.

Accesos Norte: vía Chía–Carretera de Los Andes. Crédito - X: @Accenorte

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Lo que está en juego

La vía Chía–Carretera de Los Andes es un corredor vital para conectar el norte de Bogotá con la Sabana. Sin embargo, lo que nació como una solución para descongestionar la movilidad podría convertirse en uno de los escándalos contractuales más sonados de los últimos años.

Lo que sigue ahora es la respuesta de los entes de control y el pronunciamiento de los implicados. La lupa está puesta en Chía y en los protagonistas de un entramado que, de confirmarse, no solo afectaría la confianza en la administración local, sino también los bolsillos de sus habitantes.