Actualizado 15 de octubre de 2025 - 8:13 a. m.
Defensoría del Pueblo lanza alerta por fuerte recorte presupuestal en 2026
La defensora del pueblo, Iris Marín, lanzó una alerta urgente al Congreso tras conocerse la ponencia presupuestal para 2026.
Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital
La Defensora del Pueblo está encabezada por Iris Marín.Crédito: Colprensa
La defensora del pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas tras conocerse la ponencia de presupuesto para el año 2026, que propone un recorte del 47,3 % en el presupuesto de inversión de la entidad respecto a 2024. La decisión, que deberá ser votada en el Congreso, podría tener efectos críticos en la capacidad de respuesta de la Defensoría en el territorio.
“¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”, cuestionó Marín en un comunicado público.
Se radicó la ponencia de presupuesto para el año 2026. La ponencia recorta aún más el presupuesto de @DefensoriaCol para el próximo año. La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante:
— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) October 15, 2025
¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso…
La funcionaria calificó la ponencia como “desconcertante”, e hizo un llamado urgente al Legislativo para reconsiderar la decisión a la luz de sus consecuencias en el contexto actual del país.
La Defensoría del Pueblo requiere del respaldo de las otras instituciones para cumplir su misionalidad. Lo seguiremos haciendo aunque las condiciones se tornen adversas, con la esperanza de que las poblaciones que más lo requieren cuenten con nuestro acompañamiento.
Defensora del Pueblo, Iris Marín.
Un recorte que golpea el corazón de la defensa de derechos
Según la funcionaria, de aprobarse la ponencia, la reducción de recursos impactaría de manera directa las funciones esenciales de la Defensoría en todo el territorio nacional. Entre las principales afectaciones señaladas por la entidad están:
Sistema de Alertas Tempranas: menor capacidad de monitoreo frente a riesgos de violencia y violaciones de derechos humanos.
Cierre de Casas de los Derechos y reducción de jornadas de atención a víctimas del conflicto armado.
Disminución de defensores comunitarios y de seguimiento a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Reducción del acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género.
Menor capacidad de respuesta frente a la crisis en salud, incluida la atención de quejas y vulneraciones.
Limitación de estrategias de prevención del reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.
Afectación a la implementación del Acuerdo de Escazú y acompañamiento a comunidades en conflictos socioambientales.
Debilitamiento de la atención a población migrante y refugiada.
Reducción del apoyo frente a la crisis penitenciaria.
Afectación al servicio nacional de Defensa Pública.
Imposibilidad de mejorar la infraestructura de sedes, muchas de ellas en condiciones precarias o de hacinamiento.
La defensora, Iris Marín, pidió al Congreso revisar el presupuesto presentado por el Gobierno. Colprensa
Un contexto crítico para los derechos humanos
La alerta de Iris Marín se da en un momento en que el país enfrenta un recrudecimiento de la violencia en regiones afectadas por el conflicto armado y la criminalidad organizada, así como múltiples crisis sociales y ambientales que requieren presencia institucional.
La Defensoría del Pueblo ha sido clave en el monitoreo de riesgos, la activación de rutas de atención a víctimas y la defensa jurídica de poblaciones vulnerables. Con este recorte, advierte Marín, esa presencia territorial quedaría seriamente limitada.
Llamado al Congreso
La defensora insistió en que la decisión del Congreso tendrá efectos profundos y duraderos sobre las capacidades de protección del Estado. “Hago un llamado urgente al Congreso para que evalúe seriamente la decisión que adoptará a luz de sus consecuencias en el contexto actual del país”, señaló Marín.
La discusión presupuestal se dará en las próximas semanas en las comisiones económicas, y varios sectores ya anticipan una fuerte presión política para revertir el recorte. Mientras tanto, la Defensoría reitera que continuará su labor, aunque “las condiciones se tornen adversas”.