Actualizado 16 de octubre de 2025 - 9:11 a. m.
Procurador Eljach y ministro Montealegre protagonizan reciente choque
La tensión entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el procurador general, Gregorio Eljach, aumentó en los últimos días.
Periodista Digital
El procurador Gregorio Eljach y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.Crédito: Colprensa
Una nueva controversia sacude el escenario político nacional. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el procurador general, Gregorio Eljach, protagonizan un reciente enfrentamiento institucional tras el anuncio del ministro de interponer una denuncia penal contra el procurador por presunto prevaricato por acción.
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El conflicto comenzó cuando la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Montealegre por supuesta participación indebida en política. Según el ente de control, el ministro expresó opiniones sobre temas y candidatos electorales en una entrevista con la revista Semana, lo que podría ir en contra del principio de neutralidad política exigido a los funcionarios públicos.
En respuesta, Montealegre presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Eljach, asegurando que el procurador estaría actuando en coordinación con el abogado y precandidato Abelardo De la Espriella para “silenciarlo” y limitar sus opiniones críticas.
“Eljach probablemente ha cometido prevaricato, porque hace varios años lo investigué por un acto de corrupción en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo De la Espriella. Ahora, los dos construyen una tenaza para amordazarme”, señaló Montealegre.
#ATENCIÓN | El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre (@MinJusticiaCo), denunciará al procurador Gregorio Eljach (@PGN_COL) por prevaricato, señalándolo de aliarse con Abelardo De La Espriella para amordazar al Gobierno y manipular la justicia a su favor. pic.twitter.com/Ce3Ub5nSLA
— ElTrino.Co (@EltrinoCo) October 14, 2025
Por su parte, el procurador ha mantenido una postura prudente, evitando referirse directamente al ministro. Sin embargo, advirtió que “Colombia sabrá lo que hay detrás de esta controversia institucional”.
Fuentes cercanas al Ministerio Público aseguran que la investigación contra Montealegre forma parte del ejercicio ordinario de control disciplinario, sin motivaciones políticas. Aun así, el enfrentamiento revive tensiones históricas entre la justicia y los entes de control sobre los límites del poder disciplinario y los derechos de libertad de expresión y opinión política de los altos funcionarios del Estado.
Mientras Montealegre insiste en que se trata de una represalia personal, Eljach defiende la independencia de la Procuraduría y su deber constitucional de investigar posibles faltas éticas o disciplinarias. La Procuraduría mantiene abierta la indagación preliminar contra el ministro.
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Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. - Crédito: Colprensa
Congresistas respaldan al procurador Eljach
El enfrentamiento también generó reacciones en el Congreso. Más de 30 legisladores expresaron su apoyo a Eljach tras las acusaciones de Montealegre sobre presunta financiación irregular y la denuncia penal presentada.
“Rechazamos categóricamente las afirmaciones calumniosas e injuriosas proferidas por el ministro de Justicia, doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, en contra del procurador general de la Nación, doctor Gregorio Eljach Pacheco”, señalaron los congresistas en una carta firmada por el presidente del Senado, Lidio García, y otros legisladores.
El documento advierte que los señalamientos no solo afectan la honra del procurador, sino que también constituyen un agravio a la institucionalidad democrática, al desconocer la autonomía constitucional de la Procuraduría como órgano de control.
El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach. - Crédito : Colprensa
Los congresistas recordaron que las diferencias de criterio no deben derivar en ataques personales ni socavar la confianza ciudadana en las instituciones. Además, destacaron la labor del procurador, calificándola como transparente, diligente y comprometida con la defensa de los derechos ciudadanos y la integridad institucional.