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28 de septiembre de 2025
Actualizado 28 de septiembre de 2025 - 6:43 p. m.

Procuraduría investiga millonario contrato en Putumayo: ¿de qué se trata?

La Procuraduría investiga a funcionarios de Putumayo por posibles fallas en contrato de $25 mil millones para proyecto agroforestal con Asaí.

Oscar Repiso

Periodista Digital

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Procuraduría investiga millonario contrato en Putumayo por posibles irregularidades.Crédito: Procuraduría General

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios aún por identificar de la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Orito, tras detectar posibles irregularidades en un proceso licitatorio de alto valor económico. El proceso está vinculado con la implementación de sistemas agroforestales sostenibles enfocados en la producción del Asaí, un cultivo estratégico para la región amazónica.

El contrato, cuyo valor asciende a 25.572.930.269, habría sido adjudicado sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la normativa de contratación estatal. Esta situación motivó la intervención del organismo de control disciplinario, que busca esclarecer si se presentó algún riesgo o afectación al patrimonio público.

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Indagación a funcionarios de Putumayo, por presuntas irregularidades en la licitación por más de 25.000 millones. Crédito: Freepik

De acuerdo con el Ministerio Público, los funcionarios involucrados podrían no haber garantizado la correcta formalización del contrato ni el seguimiento adecuado de los recursos asignados al proyecto.

Además, se examina la posible vulneración de principios esenciales de la contratación pública, como la planeación, la selección objetiva, la libre concurrencia y la moralidad administrativa. Estos principios buscan garantizar que los procesos licitatorios se desarrollen con transparencia, igualdad de condiciones entre los oferentes y evaluación adecuada de las propuestas.

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La Procuraduría señaló que, en caso de confirmarse las irregularidades, los servidores públicos involucrados podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Para ello, la entidad ha iniciado la recolección de pruebas con el fin de identificar a los presuntos responsables y determinar si existieron omisiones o decisiones que favorecieron intereses particulares por encima del bien común.

Hasta ahora, ni la Gobernación de Putumayo ni la Alcaldía de Orito se han pronunciado oficialmente sobre la investigación. Sin embargo, la apertura de este proceso genera expectativas sobre posibles medidas disciplinarias y pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre los contratos estatales de gran valor económico.

La Procuraduría continuará evaluando el proceso para proteger los recursos del Estado y asegurar que los proyectos se ejecuten cumpliendo la ley y los principios de la contratación pública.

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