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5 de diciembre de 2025
Actualizado 9 de octubre de 2025 - 6:07 p. m.

Nueva ley pone en cintura a empresas de telecomunicaciones por cobros de reconexión

Nueva normativa en Colombia fija el cobro de reconexión de Internet para proteger a los usuarios de tarifas abusivas.

Nathalia Villamil

Periodista Digital

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Cobros por reconexión de internet hogarCrédito: Canva

En Colombia entró en vigencia una nueva ley que busca proteger a los usuarios de servicios de internet frente a cobros excesivos por reconexión. Hasta ahora, algunas empresas llegaban a cobrar hasta 30.000 pesos o más por restablecer el servicio tras una suspensión por mora. Con la nueva norma, ese valor deberá ubicarse entre 1.000 y 3.000 pesos, salvo que exista una intervención técnica justificada.

¿Por qué era necesaria esta regulación?

Durante años, los usuarios denunciaron cobros arbitrarios por reconexión del servicio, incluso cuando se trataba de una simple habilitación remota. Esta situación afectaba especialmente a hogares de bajos recursos y zonas rurales, donde el acceso a internet es fundamental para estudiar, trabajar o acceder a servicios públicos.

La nueva ley pone freno a estos abusos y establece que ningún operador podrá fijar montos desproporcionados sin sustento técnico.

La nueva regulación modifica el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 e introduce obligaciones para los operadores de telecomunicaciones. Ahora, las empresas deberán transparentar en los contratos el costo de reconexión y los criterios para calcularlo.

Mientras la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) define el tope oficial —proceso que deberá completarse en un plazo de 12 meses—, ninguna empresa podrá superar el rango de 1.000 a 3.000 pesos cuando la reconexión se efectúe de manera remota.

Rol de la CRC y próximos pasos

La CRC será la entidad encargada de establecer el valor definitivo del cobro, que deberá ser justo y proporcional. Una vez fijado, se revisará periódicamente para evitar que vuelva a convertirse en una tarifa abusiva.

Durante esta transición, los usuarios ya están protegidos por el rango temporal definido por la ley, lo que significa que las empresas no podrán aplicar montos elevados sin una justificación clara.

El senador Julio Elías Vidal, impulsor de la iniciativa, afirmó que el acceso a internet debe ser considerado un servicio esencial y no un privilegio. Asociaciones de consumidores celebraron la decisión, asegurando que representa un avance en equidad digital y respeto por los derechos del usuario.

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