Proponen vender bienes de la SAE para reconstruir casas rurales afectadas por el terremoto
La propuesta busca acelerar la venta de bienes de la SAE y destinar los recursos a reparar y reconstruir viviendas rurales afectadas por el terremoto.
El terremoto del pasado 10 de agosto dejó miles de viviendas afectadas en varios departamentos del país y abrió un nuevo debate sobre las fuentes de recursos que podrían utilizarse para atender la emergencia. En medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación, el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo propuso utilizar parte de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para financiar la reparación y reconstrucción de viviendas rurales.
La propuesta busca crear un mecanismo temporal que permita acelerar la identificación, valoración y venta de inmuebles de la SAE ubicados en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, departamentos afectados por el sismo.
La iniciativa parte de una pregunta sobre el uso del patrimonio público durante una emergencia: si existen bienes estatales que pueden ser vendidos, ¿pueden esos recursos convertirse en soluciones para las familias que perdieron o tuvieron daños en sus viviendas?
“No puede haber activos improductivos del Estado, mientras hay familias campesinas sin techo”, señaló Salcedo al presentar la proposición.
¿Cómo funcionaría la propuesta para vender los bienes de la SAE?
Uno de los principales puntos planteados por el congresista está relacionado con los tiempos que actualmente puede tomar la comercialización de un inmueble administrado por la SAE. De acuerdo con la información divulgada sobre la propuesta, un proceso de estas características puede tardar entre 14 y 18 meses, sin contar eventuales términos judiciales cuando existen controversias sobre el predio.
Por eso, la proposición plantea que, una vez entre en vigencia la ley, la SAE tenga un plazo de hasta 30 días para adoptar un procedimiento administrativo especial de priorización. El objetivo sería reducir los tiempos relacionados con la identificación, valoración, publicación y comercialización de los inmuebles que puedan entrar en este mecanismo.
La propuesta no plantea eliminar los controles legales ni desconocer decisiones judiciales. Por el contrario, establece que los bienes que puedan tener restricciones jurídicas, destinaciones específicas determinadas por la Constitución o la ley, o que estén vinculados a procesos de restitución de tierras, quedarían por fuera del procedimiento.
El Valle del Cauca aparece como uno de los casos centrales dentro de la propuesta. Según las cifras citadas por Salcedo, la SAE ya tendría 108 inmuebles en venta en cinco municipios del departamento, con un valor base conjunto de alrededor de $85.445 millones. Al sumar otros activos que todavía no estarían valorados o comercializados, el inventario disponible podría acercarse a los $100.000 millones.
La discusión, por tanto, no se limita a vender propiedades, sino a definir qué bienes pueden convertirse en recursos para una emergencia sin afectar aquellos que tienen una destinación legal diferente.
¿Cuántas viviendas podrían beneficiarse de los recursos?
La propuesta plantea que los recursos obtenidos de las ventas sean destinados prioritariamente a la reparación, reconstrucción, mejoramiento y rehabilitación de viviendas rurales afectadas por el terremoto. La prioridad estaría en aquellos hogares que puedan ser recuperados sin que las familias tengan que ser trasladadas de manera permanente.
El contexto de la emergencia da dimensión a la propuesta. Según las cifras incluidas en el planteamiento, fueron reportadas 30.664 viviendas destruidas y 136.946 viviendas afectadas en los cinco departamentos impactados por el terremoto.
Salcedo plantea que una intervención sobre las viviendas que todavía pueden ser reparadas o rehabilitadas podría representar una alternativa frente a la construcción completa de nuevos hogares. La estimación presentada ubica entre $15 millones y $40 millones el costo aproximado de reparar o rehabilitar una vivienda rural.
Bajo ese cálculo, una eventual venta de activos por $500.000 millones permitiría intervenir, de manera estimada, alrededor de 15.000 viviendas, dependiendo del costo de cada obra y de las condiciones particulares de los hogares.
La propuesta busca que esos recursos provengan de la monetización de activos que ya pertenecen al Estado, en lugar de crear un nuevo impuesto o recurrir a mayor endeudamiento para financiar la atención de la emergencia.
“Los activos del Estado deben servir para responderle al país”, sostuvo Salcedo al defender la iniciativa.
Ahora la propuesta deberá avanzar dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación, donde se definirá si el mecanismo planteado puede incorporarse al texto que discute el Congreso. La eventual aplicación también dependería de la identificación de los bienes que cumplan las condiciones jurídicas y administrativas para ser vendidos.
El debate deja sobre la mesa una alternativa para conectar dos realidades: por un lado, el patrimonio inmobiliario que administra la SAE y, por otro, las necesidades de las familias rurales que todavía requieren recursos para recuperar sus viviendas después del terremoto.
